En 2017, una trabajadora de una pastelería de Xixón se dirigió a la CNT para pedir ayuda en un caso de posible acoso sexual y explotación laboral.
La CNT arropó a la trabajadora y comenzó una acción sindical como tantas otras, buscando una solución negociada que respetara los derechos de la compañera.
La brigada de información de la Policía en vez de investigar la denuncia de acoso sexual, decidió investigar a las sindicalistas de CNT por extorsión. Después de meses de identificaciones, seguimientos, análisis de las cuentas bancarias y otras actuaciones, la Policía tuvo que reconocer en su informe que de extorsión nada de nada, pero insinuó que podría tratarse de un delito de coacciones.
Es decir, que una acción sindical normal y corriente, incluso más pacífica que muchas otras que realizamos desde CGT y desde el resto de sindicatos, puede ser considerada como un delito de coacción a un empresario. Para la brigada de información de la Policía, el hecho de reclamar a un empresario que deje de acosar y que pague lo que establece la ley, puede constituir un delito de coacción.
El fiscal del caso coincidió con la interpretación policial y el juez encargado del caso, Lino Rubio Mayo (famoso por meter en la cárcel a los sindicalistas de Naval Gijón Cándido y Morala tras un montaje policial) condenó a la extrabajadora que había denunciado explotación laboral y acoso sexual y a seis sindicalistas de CNT a un total de 25 años de prisión y a pagar una indemnización al empresario de 150.428 euros.
Posteriormente, la Audiencia Provincial de Asturias confirmó la pena de tres años de cárcel a seis de las sindicalistas de CNT condenadas y ahora nos encontramos a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso.
LA MAYOR AMENAZA A LA LIBERTAD SINDICAL DESDE EL FINAL DE LA DICTADURA FASCISTA
La represión policial, judicial y mediática contra el anarcosindicalismo y en general contra el sindicalismo de clase no es algo nuevo sino todo lo contrario, un proceso constante desde los años 80.
En las últimas décadas varios cientos de sindicalistas han sido procesadas por participar en manifestaciones, concentraciones o piquetes de huelga, con peticiones de muchos años de prisión, encarcelamientos preventivos e incluso condenas a penas de prisión.
Esta represión nos ha afectado especialmente a la CGT, por ser uno de los sindicatos con mayor nivel de movilización.
Las compañeras Laura y Eva, de CGT de Barcelona, fueron acusadas en 2012 de cometer actos violentos en el piquete de CGT de la huelga general del 29M de 2012 y fueron juzgadas con una petición fiscal de 30 años de cárcel. Además, Laura fue detenida por la policía y encarcelada durante un mes en prisión provisional. Finalmente Laura y Eva fueron condenadas a un año y dos meses de cárcel, por participar en un piquete en una huelga general.
El compañero Ermengol, de CGT de Catalunya, tiene pendiente un juicio con una petición fiscal de 11 años de cárcel junto a otro trabajador y otros 25 estudiantes por ocupar el rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona en 2013 para protestar por los recortes y la subida de las tasas universitarias y defender la universidad pública.
Esta represión también ha afectado a sindicalistas del resto de organizaciones como CCOO, UGT, ELA, CIG, LAB, CNT.
La secretaria general de CCOO en Baleares, Katiana Vicens, fue sometida a un juicio por participar en un piquete en la huelga general del 29 M de 2012, con una petición fiscal de cuatro años y medio de cárcel. Finalmente fue condenada por coacciones a una multa, porque según la sentencia rompió un cristal de un autobús.
En todos estos casos, la Policía y la Fiscalía acusaban a las sindicalistas de algún acto violento, muchas veces inventado y otras veces realizado por otras personas. Las peticiones fiscales eran desproporcionadas, pero en ningún caso se cuestionaba el derecho a realizar actividad sindical ni se consideraba que reclamar salarios a un empresario era un delito de extorsión o de coacciones.
POR QUÉ ESTE CASO ES UNA AMENAZA GRAVE PARA TODO EL SINDICALISMO
Las condenas de 3 años de prisión a seis compañeras de CNT de Xixón son un caso más en una larga cadena de montajes policiales y de actuaciones de fiscales y jueces de ultraderecha contra la libertad sindical, y al mismo tiempo, suponen un salto cualitativo.
En este caso no se ha condenado a las seis compañeras por realizar ni un solo acto “violento” sino por realizar concentraciones pacíficas para reclamar el fin de los abusos del empresario de la pastelería La Suiza.
Tenemos que parar esta agresión sin precedentes a todo el sindicalismo y conseguir la absolución de las seis compañeras, porque de lo contrario, cualquier empresa podrá aprovechar esta sentencia para intentar encarcelar a cualquier sindicalista en cualquier conflicto laboral.
Nos jugamos mucho.
Esta agresión también nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de proteger la acción sindical. Mientras haya células de ultraderecha en la Policía, en la Fiscalía y entre los jueces, el derecho a la libertad sindical estará amenazado. A medio plazo, deberíamos buscar estrategias y apoyos para democratizar estas instituciones, depurando a la ultraderecha o al menos reduciendo su influencia. De lo contrario, por muy garantistas que sean las leyes, siempre habrá una brigada de información de la policía, un fiscal o un juez que considere que hacer sindicalismo de clase debe castigarse con investigaciones, multas y cárcel.
SEIS COMPAÑERAS ESTÁN EN RIESGO INMINENTE DE ENTRAR EN PRISIÓN
Luara, Jara, Cristina, Olga, Beatriz y Héctor han sido condenadas a penas que suman más de tres años de prisión. Se espera que en octubre o noviembre el Tribunal Supremo decida si admite a trámite el recurso.
Si el Tribunal Supremo no admite el recurso, las compañeras recurrirán ante el Tribunal Constitucional (TC), pero a partir de ese momento, el juez de primera instancia, Lino Mayo, el que encarceló a los sindicalistas Cándido y Morala, decidirá si las compañeras entran en prisión mientras el TC resuelve el recurso.
Conociendo los antecedentes del juez, el riesgo de que las compañeras sean encarceladas es elevado.
Son compañeras cuyo único delito ha sido hacer lo que hacemos en CGT todos los días: apoyar a las trabajadoras con problemas y movilizarse para detener los abusos empresariales y mejorar nuestras condiciones laborales.
Luara, Jara, Cristina, Olga, Beatriz y Héctor son sindicalistas solidarias y ejemplares, pero también compañeras precarias, algunas con hijos de corta edad, que no deberían pagar un precio tan alto por defender los derechos de toda la clase trabajadora.
MANTENER LA SOLIDARIDAD Y LA MOVILIZACIÓN HASTA QUE SEA NECESARIO
Desde el Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT os pedimos a toda la organización que seamos conscientes de la importancia y de la gravedad de este caso y que hagamos todas un esfuerzo por sacar tiempo y dedicarlo a la solidaridad con estas seis compañeras en los próximos meses:
– Acudiendo a la manifestación del 24 de septiembre en Madrid.
Sábado 24 de septiembre, 12:30h Ministerio de Justicia. Calle San Bernardo 19. Metro San Bernardo.
Fuente: Secrerariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
