Acabo de leer en la web rojoynegro.info que en menos de una semana, y tras la publicación en dicha web de la "Carta a la ciudadanía europea por la anulación de las sentencias franquistas", se han recogido más de un centenar de firmas apoyando dicha iniciativa.

Acabo de leer en la web rojoynegro.info que en menos de una semana, y tras la publicación en dicha web de la «Carta a la ciudadanía europea por la anulación de las sentencias franquistas», se han recogido más de un centenar de firmas apoyando dicha iniciativa.

Aunque es una buena noticia, sería de desear que no nos conformemos con este primer buen resultado… Me permito insistir en ello porque la eficacia de esta iniciativa no sólo radica en que sea respalda por un número significativamente importante de firmas sino también en que, detrás de éstas, haya una verdadera movilización de individualidades y asociaciones memorialistas para que su presentación pública tenga el peso suficiente y obligue al gobierno español a tomarla en consideración. No olvidemos que esa presentación pública debería realizarse antes de que España deje la presidencia de la CEE.

Es por ello que esta iniciativa, asumida por la Comisión de memoria libertaria de CGT, debería movilizar todas nuestras energías para conseguir que sea asumida por el conjunto de individualidades y de asociaciones memorialistas (varias de ellas ya han aportado sus firmas), de manera a que su próxima presentación pública sea el reflejo de una exigencia colectiva de cuantos vienen luchando desde hace años por la rehabilitación de las víctimas de la represión franquista.

No olvidemos que no se conseguirá esta rehabilitación mientras sigan vigentes las sentencias franquistas, y que, en este sentido, son completamente hipócritas todas las medidas de apoyo institucional que el gobierno socialista ha venido tomando en favor de reivindicaciones específicas de las asociaciones de víctimas o memorialistas. Y son hipócritas porque lo que pretende el gobierno socialista con ellas es, precisamente, que las asociaciones de víctimas o memorialistas se conformen con las medidas «rehabilitadoras» propuestas por la Ley de Memoria Histórica y que se abandone la exigencia de anulación de las sentencias franquistas- la única con verdadero calado político, porque es la única que pone en causa la continuidad institucional de la Dictadura en la Democracia que nos impusieron con la Transición.

No permitamos pues que el gobierno socialista logre enterrar esta exigencia ; pues los responsables de esta indignidad (la continuidad judicial de las sentencias franquistas) no son y serán sólo los que nos impusieron o defienden esta Democracia sino que también lo seremos nosotros si nos conformamos con que ella siga.

¡No nos resignemos… continuemos la movilización !

Octavio Alberola