Del 9 al 20 de febrero, comienzan las vistas del juicio (Audiencia Provincial de Madrid, C/Santiago de Compostela nº 96/98 ; Sección 3ª ; 5ª Planta ; 10 Horas) a cinco policías, dos de ellos mandos, que en noviembre del año 2000, bajo las órdenes del entonces delegado del Gobierno Francisco Javier Ansuátegui, reprimieron brutalmente a un grupo de manifestantes que realizaba una sentada pacífica en las escaleras del Congreso de los Diputados ; desplegando una pancarta para pedir la abolición de la Deuda Externa de los países empobrecidos. La policía reprimió duramente a las personas sentadas frente a la Cámara Baja, con resultado de 59 personas lesionadas, 14 de ellos graves y 45 leves además de 7 detenidos.

Del 9 al 20 de febrero, comienzan las vistas del juicio
(Audiencia Provincial de Madrid, C/Santiago de Compostela nº 96/98 ;
Sección 3ª ; 5ª Planta ; 10 Horas) a cinco policías, dos de ellos mandos,
que en noviembre del año 2000, bajo las órdenes del entonces delegado del
Gobierno Francisco Javier Ansuátegui, reprimieron brutalmente a un grupo
de manifestantes que realizaba una sentada pacífica en las escaleras del
Congreso de los Diputados ; desplegando una pancarta para pedir la
abolición de la Deuda Externa de los países empobrecidos. La policía
reprimió duramente a las personas sentadas frente a la Cámara Baja, con
resultado de 59 personas lesionadas, 14 de ellos graves y 45 leves además
de 7 detenidos.

La inexplicable actuación policial contra los manifestantes a base de
porrazos, patadas, insultos y pelotas de goma a corta distancia, fue
ampliamente difundida por los medios de comunicación, y cuestionada por el
entonces ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, quien, en una
comparecencia en el Congreso y ante varias preguntas parlamentarias,
reconoció que hubo un comportamiento “excesivo” por parte de la policía.

Ocho años después, cinco policías se sentarán en el banquillo para
responder a las acusaciones de lesiones y detención ilegal que les
presentan más de 40 personas de todo el Estado.

Los denunciantes manifestamos el deseo de :

  •  Recordar de nuevo el motivo de aquel acto, e instar al Gobierno español
    a abolir la Deuda Externa que tienen con nosotros contraída los países
    empobrecidos (http://www.quiendebeaquien.org/).

  •  Hacer pública la tardanza en el proceso judicial de la denuncia
    planteada por los manifestantes agredidos.

  •  Evitar la impunidad de la policía nacional que se extralimitó y ensañó
    contra manifestantes pacíficos.

  •  Exigir la responsabilidad política de quienes ordenaron dicha represión
    contra los ciudadanos.

  •  Denunciar la criminalización sistemática de los movimientos sociales.

    Podéis recordar algunos instantes de la acción policial en el siguiente
    enlace :
    http://www.youtube.com/watch?v=cVIe…

    Iremos informando de los resultados de las vistas a medida que se vayan
    sucediendo.

    ANTECEDENTES : Una crónica de represión policial, ninguneo del ejecutivo, y dificultades judiciales

    12 de marzo de 2000. Jornada de participación ciudadana

    La Consulta Social por la Abolición de la Deuda Externa, que se llevó en
    numerosas provincias de todo el Estado español, recogió (pese a la
    represión) más de un millón de votos ciudadanos a favor de la abolición de
    la Deuda Externa de los países más empobrecidos. Organizó esta Consulta la
    Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE), un movimiento
    social comprometido con la abolición de la deuda externa y el fomento de
    la democracia participativa.
    http://rcade.org/secciones/consulta…

    Los poderes políticos ningunean los resultados de esta consulta durante
    varios meses, por lo que :

    26 de noviembre de 2000. Jornada de participación ciudadana, represión policial

    La RCADE, convoca una manifestación el 26 de noviembre de 2000, fecha en
    que se producen los hechos que ahora se juzgan. La marcha, que transcurrió
    entre Cibeles y Atocha, y a la que asistieron miles de personas
    procedentes de todo el Estado español reclamaba el reconocimiento
    parlamentario de los más de un millón de votos recogidos durante la
    Consulta ; e incluía una acción consistente en desplegar una pancarta
    frente a la Cámara Baja, como institución que representa la voz del
    pueblo.
    La policía reprimió duramente a las personas sentadas pacíficamente frente
    a la Cámara Baja, con resultado de cientos de apaleados, 59 personas con
    lesiones de diversa consideración (fracturas, esguinces, traumatismos
    craneoencefálicos, contusiones, hematomas…) y 7 detenidos.
    La injustificada actuación policial contra los manifestantes, a base de
    porrazos, patadas, insultos y lanzamiento de pelotas de goma a corta
    distancia fue ampliamente difundida por los medios de comunicación y
    cuestionada por el entonces ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, quien
    reconoció que hubo comportamiento “excesivo” por parte de la Policía
    Nacional (publicado en el Diario de Sesiones del Congreso de los
    Diputados, nº 46, del 29 de noviembre de 2000), y cuya consecuencia más
    inmediata fue el cese del mando policial responsable de aquella operación.

    Dificultades judiciales y asimetrías

    Resulta llamativo que la única persona acusada de agredir a un policía, y
    que finalmente fue absuelta, fuese llamada a juicio apenas dos años
    después de la sentada frente al Congreso, mientras que la policía se
    sienta en el banquillo ocho años después. Este caso pone de manifiesto el
    agravio comparativo que sufren a la hora de recibir justicia los
    ciudadanos pacíficos que ejercen su derecho a manifestarse, frente a las
    “fuerzas del orden” que se extralimitaron en sus funciones, incluso en
    presencia de cientos de testigos y medios de comunicación.

    OCHO AÑOS DESPUÉS. Las demandas de la RCADE respaldadas por más de un millón de votos siguen sin ser escuchadas

    Años después, en el 2006, en ese mismo Congreso, se aprobó una ley para la
    gestión de la Deuda Externa (BOE, Ley 38/2006, del 7 de diciembre de 2006,
    reguladora de la Gestión de la Deuda Externa) que recoge una parte de las
    demandas de la sociedad civil, pero que sigue siendo insuficiente para
    responder a la voluntad manifestada en la Consulta Social y a los reclamos
    que han seguido haciendo organizaciones sociales del norte y del sur.
    (http://www.quiendebeaquien.org/spip…).
    En este momento se gestan dos nuevas leyes que regularán los Fondos de
    Ayuda al Desarrollo (FAD) y la Compañía Española de Seguros de Créditos a
    la Exportación (CESCE), mecanismos generadores de la Deuda Externa
    (http://www.quiendebeaquien.org/spip…).


    Fuente: Centro de Medios Rompamos el Silencio