Sección Sindical Estatal C.G.T. en BBVA. - Hoja nº 4 – Febrero de 2011
El sistema de Pensiones Público no es un juego cuya suma es cero. Es decir, si el objetivo de la reforma es ahorrar, su resultado es que algunas personas perderán. El propio Secretario General de CCOO, hace bien poco cifró la pro- puesta del Gobierno como un recorte del 25% de la Pensión.
Son cálculos que ya han ofrecido los catedráticos
Díaz-Giménez y
Díaz-Saavedra. La ampliación a 25 años para el cálculo de la Base Reguladora
representará a la entrada en vigor de la Ley una reducción en la Pensión de un
16%. Los dos años de retraso en la edad legal de jubilación representan otra
reducción del 10%.
Son cálculos que ya han ofrecido los catedráticos
Díaz-Giménez y
Díaz-Saavedra. La ampliación a 25 años para el cálculo de la Base Reguladora
representará a la entrada en vigor de la Ley una reducción en la Pensión de un
16%. Los dos años de retraso en la edad legal de jubilación representan otra
reducción del 10%.
El papel de los “agentes
sociales” ha sido minorar el impacto de la Reforma. Para mucho tertuliano, el
papel de los Sindicatos “responsables” era ese. Sin embargo, reformas menos
agresivas sobre los derechos de los ciudadanos no han contado en ningún caso
con la aquiescencia de sus Sindicatos Institucionales en ningún otro país de la
UE. No sólo en Grecia, Irlanda o Portugal, sino en Gran Bretaña o Francia es de
público conocimiento las campañas sociales de movilización. Y alguien dirá
¡pero no han conseguido nada! De entrada, para compararnos con el país vecino,
su propia Reforma es mucho menos lesiva. Para alcanzar el 100% de la Pensión,
en Francia harán falta 5 años menos de cotización y, además, podrán jubilarse
5 años antes que en España. Ni qué decir tiene que la Pensión española es un
20% inferior a la media de las existentes en la UE-15.
En CGT somos de la
opinión de que la posición “entregada” del Sindicalismo institucional español
no sólo no aporta al Acuerdo en sí, sino que debilita el conjunto de las
Negociaciones tanto Sectoriales, como empresa a empresa, como modo de
redistribución de la riqueza gene- rada. Es más, recuperada en su momento la “bonanza”;
la que se produzca en España vendrá marcada (como lo fue en su día) por una
mayor precariedad, temporalidad y costes sala- riales bajos, que se propugnarán
en aras de una “productividad” que al parecer sólo deben aportar los puestos
bajos y no los directivos y altos estamentos.
Pero analicemos un poco el Acuerdo concreto suscrito
porque ni en su letra, ni en su objetivo se sostiene:
El Director General de
INSS publicó un informe en Julio/10 para una agencia gubernamental en el que
ofreció los siguientes datos para analizar el estado de la Jubilación en
España:
En 2005, la media de años
cotizados en las Jubilaciones con- cedidas era de 34,7 años y en 2006 fue de
34,4 años. En el conjunto de Jubilaciones vigentes en la Seguridad Social
española en 2006, la media de años de cotización era de 35,7 años.
El Acuerdo suscrito
supone, entre otras cosas, que habrá que cotizar dos años más a la Seguridad
Social para alcanzar el 100% de la Pensión correspondiente y todo el mundo
cobrará dos años menos como pensionista. Resulta curioso que nos quieran
“vender” como concesión necesitar “sólo” 38,5 a- ños de cotización para
jubilarse a los 65 de edad (el Gobierno hablaba de 41 años), cuando la mayoría
de los ciudadanos no llega ni de lejos a esa cifra (35,7 años de media). El
mismo informe del INSS indica: Hoy día, cada año, se producen de media 250.000
nuevas jubilaciones con una pensión media de 17.000 euros. La edad media real
de éstas es de 63 años y 10 meses. Esto quiere decir que por adelantamiento de
la jubilación, al estado le está suponiendo un mayor coste de algo más de 4.000
MM euros/año, sin contar las cotizaciones que no ingresa por tales jubilaciones
anticipadas. Algo más del 30% de las personas que se jubian cada año acceden a
la pensión desde una situación de desempleo y de entre éstas, un 10%
directamente desde el subsidio de mayores de 52 años. Es irrefutable, que todas
estas personas van a tener una merma directa muy alta en el nuevo cálculo de su
pensión.
La Confederación Europea
de Sindicatos (CES) a la que pertenecen aún CCOO y UGT, decía hace bien poco:
“querer retrasar la edad de jubilación en el contexto actual es equivalente a
aplazar el problema sin resolverlo, es decir, transferirlo del problema de la
financiación de las pensiones al del desempleo”.
¿A quién afecta menos esta reforma?:
Desde luego a todos los
salarios por encima de los 38.800 euros que son el tope de cotización actual.
Tanto menos cuanto más alto sea su salario. Ni la prolongación de los años para
el cálculo, ni el número de años cotizados les va a representar merma alguna,
puesto que superan el tope de Pensión Máxima a percibir y podrán además
continuar ac- cediendo antes de los 67 de edad aunque les penalicen con un
porcentaje de pensión inferior a su 100% porque alcan- zarán la Pensión Máxima
igualmente.
¿Qué aporta el Acuerdo?
Básicamente asentar el
“orden” institucional y, para simplifi- car, recordar quién está arriba y quien
abajo,. Lo mismo, mismo, que estos Sindicatos criticaban del Sr. Zapatero
cuando volvía del “G-20” o “Davos”., con el discurso completamente cambiado, lo
mismo, mismo hay que decir ahora de ellos…que cuando han vuelto de “La Moncloa”
salen diciendo y lo que es peor, haciendo, precisamente lo contrario que decían
cuando entraron.
Y alguien dirá que el
Gobierno hubiera hecho lo mismo o aún peor….y puede que así fuera, pero
pregunté- monos entonces para qué sirve tener como “mayoritarios” este tipo de
Sindicatos, si no es para avalar las políticas que les imponen. Una no firma
por su parte, tendría inmediata- mente una cascada de consecuencias, o al menos
debiera tener, en todas y cada una de las Negociaciones Colectivas y, más aún,
en los acostumbrados Pactos Sociales que han venido suscribiendo sobre la
“moderación salarial y/o productividad”.
Un ejemplo: ¿Por qué
nadie recuerda que del Pacto de Toledo sólo se han cumplido íntegramente las
medidas de reducción del gasto y ni una (al menos completamente) de las que
representaban incremento de la recaudación? Dijo el Pacto de Toledo, firmado
por unanimidad, que las cotizaciones se debían acercar al Salario Real. En esta
línea, en algunos años, los Topes máximos de Cotización de cada Grupo se
igualaron al mayor, hasta tener hoy todos los Grupos de Cotización el mismo
tope máximo (38.800 euros) ¿Qué pasa con todas aquellas personas asalariadas
que cobran por encima de esta cifra? Sencillamente que no cotizan su 6,4% sobre
el resto y su empresa no lo hace en su 24,9% de cuota patronal. Ante la
hipotética situación de déficit en la Seguridad Social, ¿no hubiera sido lo
apropiado reclamar el cumplimiento de lo firmado en el Pacto de Toledo y quitar
los topes de cotización, para que cada ciudadano y empresario coticemos por lo
que realmente ganamos?
¿Los Sindicatos firmantes
van a poder reclamar del estado el superávit de nuestras cotizaciones que
anualmente se embolsan?
En 2008, primero de la crisis, la Seguridad Social
tuvo un SUPERÁVIT de 14.000 MM de euros. En 2009, de 8.500 MM y en 2010 de
2.700 MM.
El Fondo de Garantía de
las Pensiones (creado para recoger los ahorros por superávit de la S. Social),
tardó casi 8 años en crearse desde ser acordado por el Pacto de Toledo. Desde
entonces, en ningún ejercicio (falta por ver el de 2010) se ha ingresado
íntegro el Superávit habido. Por ejemplo, en 2009 sólo se ingresaron 2.000 MM.
de euros, y los restantes 6.500 MM pasaron a enjugar el déficit del Estado. Es
decir, mientras que en la UE lo cotizado va a cubrir íntegramente las
prestaciones, en España aún hoy y a pesar del Pacto de Toledo y el Fondo de Garantía,
continuamos financiando al Estado para que éste no “suba” impuestos. Si los
“agentes sociales” son incapaces de hacer va- ler ni siquiera lo firmado por
unanimidad en el Pacto de Toledo y su gran aportación es negociar hasta dónde
entra la “esto- cada” de turno, no hacen, hacemos, otra cosa que evidenciar y
asumir una profunda debilidad social. La alternativa no es otra que cambiar la
actitud de los “agentes sociales” o cambiar de representación.
Pero, indudablemente, lo
que está en juego es un modelo de sociedad: Si los ciudadanos nos conformamos
con ser representados y dedicar improperios o alabanzas con grandes dosis de
resignación, o, por el contrario, consideramos nuestra responsabilidad ejercer
de protagonistas de nuestras propias condiciones y no aceptamos que los quienes
“nos representan” aparezcan como nuestros salvadores con un cambio radical de
su propia posición (algo para lo que no han sido mandatados.
En CGT tenemos muy claro
el modelo de representación y es contrario a la sustitución. Explicamos lo
acordado y buscaremos el menor impacto de sus consecuencias. Con este Acuerdo
Social sólo sobre nuestros minorados derechos, profundizamos en el camino de la
debilidad ante todas y cada una de las Negociaciones que nos esperan.
Recuperar la fuerza por
nuestros derechos va a resultar primordial en los Acuerdos Colectivos
sectoriales y/o de empresa. No parece que los Sindicatos institucionales vayan
a hacer otra cosa que justificar su posición al lado del poder. Va a
corresponder a la coherencia de las personas aglutinar mayores cotas de fuerza
ante la avalancha liberal que se nos viene encima. Todos nuestros derechos son
“coste” y todos sus beneficios son “riqueza”. Trabajar es de “agradecer” y
contentos hemos de estar si no nos “sustituyen”.
Su voracidad no tiene
límite y sólo se lo podemos poner nosotros y nosotras.
