El boicot de un sindicato colombiano a la famosa bebida suma
adhesiones en todo el mundo. La multinacional está acusada de emplear a
paramilitares como sicarios.
Guerra a la Coca Cola
El boicot de un sindicato colombiano a la famosa bebida suma adhesiones en todo el mundo La multinacional está acusada de emplear a
paramilitares como sicarios.
Gloria Helena Rey
La Universidad de Michigan fue una de las que suspendió la venta de Coca-Cola a sus 50.000 alumnos este primero de enero, ocasionando a la
multinacional pérdidas estimadas en más 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas). Esa cifra podrá multiplicarse en próximos días porque,
«por lo menos, unas 1.000 universidades y colegios universitarios de todo el mundo piensan unirse a la campaña mundial» contra el consumo de
esa bebida, según afirma Edgard Páez, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (Sinaltrainal), que congrega a 2.500
empleados de Coca-Cola en Colombia. «Sólo en el Reino Unido el proceso del veto al consumo de Coca-Cola está en marcha en 536 universidades»,
subraya Páez. Según The Atlanta Journal , por lo menos nueve universidades norteamericanas han suspendido sus contratos con Coca-Cola.
Bajo el lema Porque amo la vida no tomo Coca-Cola , el sindicato colombiano inició hace dos años la campaña internacional contra el consumo de la bebida no alcohólica más consumida en el mundo. La central tiene abiertos cuatro juicios contra la multinacional en EEUU, en los que la acusa de emplear a grupos paramilitares de ultraderecha para asesinar, entre 1992 y el 2002, a nueve sindicalistas que trabajaban para la firma
en Colombia. Páez explica que el sindicato busca que la comunidad internacional presione para que se abra una investigación en la empresa que
opera en Colombia a fin de establecer responsabilidades sobre los nueve asesinatos y sobre los secuestros e intimidaciones que han sufrido trabajadores de Coca-Cola en Colombia por parte de paramilitares presuntamente contratados por la firma. «No queremos que quede en la impunidad».
La Universidad de Michigan suspendió la venta de Coca-Cola por considerar que la firma permite los abusos contra los derechos humanos y la
degradación medioambiental, según denunció tras evaluar quejas de la Organización de Estudiantes para la Igualdad Laboral y Económica. Este grupo
acusa a Coca-Cola de conspirar con paramilitares en Colombia para atemorizar a los líderes sindicales y de vender bebidas en la India con
elevados niveles de pesticidas. La universidad instó a la empresa a realizar una auditoría independiente. Pero Coca-Cola le informó de que no
estaba preparada para examinar sus prácticas comerciales y laborales, pues una demanda civil le impedía participar en la auditoría.
El director de comunicaciones de Coca-Cola en Colombia, Pablo Largacha, atribuye la campaña a una de las demandas que el sindicato interpuso en
EEUU en el 2001, en la que relacionó por primera vez a la empresa con el asesinato de uno de los nueve sindicalistas. Este crimen ocurrió en
la planta de Carepa, en Urabá (en el oeste del país), hace 10 años.
Defensa empresarial
Además, Largacha afirma lamentar que las organizaciones de derechos humanos, laborales y medioambientales «estén tan mal informados sobre lo que sucede en Colombia», y resalta que la empresa tiene pruebas de que sus directivos no tienen relación con la muerte del sindicalista. «Hay un veredicto que dice que no hay indicio de que la embotelladora de Carepa tuviera que ver con la muerte de estos líderes sindicales».
En Guatemala, numerosos trabajadores de Coca-Cola también han denunciado atropellos. Según fuentes sindicales, entre 1968 y 1980 seis de sus
dirigentes fueron asesinados y otros cuatro desaparecieron.
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Fuente: Raúl Palma
