Desconozco los efectos positivos de adjudicar a cada causa un día internacional, el caso es que cualquier animal en peligro de extinción y todo derecho perseguido lo tienen. A la seguridad en el trabajo la ONU le dedicó el 28 de abril. Una jornada para lamentar y denunciar (como deberíamos hacer todos los días del año) los accidentes laborales, especialmente los que provocan muertes de personas trabajadoras.

Han sido 796 los fallecimientos producidos en 2024 en siniestros en el lugar de trabajo o camino del mismo. No solamente son muchos; es que son un 10´4 % más que los sufridos el año precedente. Son muchas muertes, demasiadas, y lo son por el dolor que arrastran consigo y porque gran parte de ellas se podrían haber evitado aplicando con más rigor las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

Frente a esos dramáticos y alarmantes datos no caben excusas a costa de las fatalidades de la vida; tampoco pueden servirnos las condolencias tardías de patronal y autoridades, ni mucho menos la recurrente práctica de culpar de negligencia o irresponsabilidad a la propia víctima del accidente.

No puede ser que a pesar de las actualizadas leyes que regulan todo lo relativo a la prevención laboral, que obligan a tener planes al respecto en las empresas, a formar a los trabajadores mediante cursos sobre los riesgos de su actividad productiva y a facilitar a la plantilla todos los medios y prendas de protección homologados (los EPI), cada año veamos que el número de accidentes (628.000 en 2024) aumenta sobre los ya de por sí lamentables datos del ejercicio anterior.

El año en curso sigue ofreciéndonos esa goteo permanente de vidas truncadas en el trabajo, a razón de dos fallecimientos diarios; los heridos, mutilados, hospitalizados, etc. son muchos más y también representan dolor y secuelas para los trabajadores y sus familias. Quizás por ser tan insistentes dichas muertes apenas ocupan espacios entre las noticias de los medios, pero de vez en cuando hay casos que sí obligan a que cámaras y micrófonos se aparten unos minutos de la trifulca política y las gestas deportivas para ocuparse de un accidente que destaca por su gravedad o por las circunstancias que lo rodean.

Pero el consumo frenético de información motiva que las noticias desparezcan de las pantallas y de nuestra conciencia con gran rapidez. Otros acontecimientos y conflictos lejanos, otras declaraciones de líderes políticos, otros amoríos o rupturas en el mundillo del famoseo arrinconan cualquier referencia a la siniestralidad laboral, porque ¿a quién le va a importar que alguien sin nombre conocido pierda un brazo o la vida en una nave industrial o en una obra?

Si el propio accidente no llega a noticia, mucho menos espacio se dedica a averiguar y explicar las razones del siniestro y a señalar a los culpables… que suele haberlos. No siempre es cuestión de fatalidad o mala suerte. Porque a veces, demasiadas veces, hay responsabilidad de las empresas y sus mandos en las circunstancias y causas que rodean un accidente. Incluso en muchas ocasiones los propios trabajadores y los sindicatos que no miran para otro lado (que también ocurre) han denunciado riesgos y exigido medidas para proteger su seguridad.

Por poner ejemplos que pueden sonarle todavía a la gente por el eco mediático que han tenido se pueden citar algunos casos de libro al respecto. Hay demasiadas preguntas sin aclarar en el caso de un trabajador boliviano de 73 años de edad que sufrió una caída mortal en las obras de un chalet en el madrileño barrio del Pilar: ¿No se merecía estar ya jubilado? ¿Tenía las condiciones físicas como para que se le adjudicara un trabajo de riesgo?

Otro ejemplo a destacar es el de la muerte de cinco mineros en Degaña (Asturias) por una explosión de grisú cuando existen dispositivos que ha de llevar cada trabajador para detectar la acumulación del citado gas y a pesar de que el permiso de la empresa Blue Solving era para buscar minerales alternativos y no para extraer carbón, como algunos testigos han informado se hacía en la mina de Zarréu. Muertes en el tajo han sido también las de muchas de las víctimas de la Dana en Valencia o las tres de la provincia de Sevilla en una nave agrícola, puesto que no se suspendieron las actividades laborales en esos casos de emergencia por lluvias intensas.

La precariedad laboral, en forma de contratos temporales y subcontratas, la falta de medios de protección y la reducción de plantillas suelen ser las principales causas de las muertes en el trabajo. El recorte de personal es algo que se viene denunciando tanto en el sector privado como en los servicios públicos. De hecho la muerte por asesinato de una trabajadora social en un centro de menores de Badajoz o la de dos bomberos asfixiados durante un incendio en Alcorcón se podrían haber evitado, muy probablemente, con más personal y mayor formación en riesgos laborales.

Si no queremos que cada año sigamos lamentando centenares de muerte en el ámbito laboral, es preciso que se redoblen los esfuerzos y las denuncias para que las empresas cumplan -pero de verdad y no para lograr descuentos de las mutuas y aseguradoras- con la moderna y completa legislación correspondiente. También es exigible una mayor contundencia sancionadora por parte de la Inspección de Trabajo con aquellas empresas que ponen en peligro la integridad y la vida de sus empleados.

Antonio Pérez Collado

CGT-PV


Fuente: Gabinete de Comunicación de la Confederación General del Trabajo del País Valenciano y Murcia