El Decreto-Ley 5/2010, de reordenación del sector público andaluz (en su nueva versión 6/2010, la consensuada con CC.OO. y UGT) representa un paso más en la progresiva privatización y gerencialización que la Junta lleva años implantando y que ha dado lugar a la precarización del empleo público, al uso de la administración y los servicios públicos como plataforma de lucha política, de financiación y afianzamiento del poder partidista y a la creación de una administración duplicada y paralela en la que no rigen los criterios básicos del empleo público, ni respecto a su acceso ni respecto a sus derechos.
La agencialización total de la administración implanta la productividad capitalista como criterio de gestión en todos los sentidos, con el consiguiente deterioro de las condiciones de trabajo y por tanto de los servicios públicos prestados a la ciudadanía.
El Decreto da carta de naturaleza a la administración paralela de la Junta, a sus trabajadores mileuristas sobreexplotados, contratados por currículum y despedibles, a sus retribuciones basadas en conceptos no salariales, productivistas no consolidables y asignados a criterio de los todopoderosos gerentes y también a la consolidación en sus puestos de miles de fieles al PSOE que convierten sus designaciones a dedo en contratos fijos de alta dirección para ejecutar con mano de hierro y formas despóticas los criterios de privatización neoliberal.
La agencialización significa el despido paulatino, tratando de no hacer demasiado ruido, de centenares de trabajadores y trabajadoras precarios (temporales, eventuales, intermitentes, interinos…) que se van a la calle para dejar su hueco a los funcionarios y laborales agencializados que antes o después terminarán heredando sus precarias condiciones laborales. Esto ya se está produciendo (como el caso de nuestro compañero de CGT Luis Martín, en huelga de hambre desde el 29 de noviembre).
La agencialización promueve una negociación colectiva fragmentada sobre las condiciones particulares de cada trabajador. Los sindicatos CC.OO. y UGT, con la firma del acuerdo, venden a los trabajadores a cambio de puestos en los consejos de administración de las futuras agencias, con sus sueldos y dietas exageradas, de cuantiosas subvenciones para formación y de enormes bolsas de horas de dedicación sindical.
Se nos dice que nuestra integración será voluntaria, lo cual es poco creíble. Si no nos integramos nos quedaremos aislados, sin posibilidad de mejora alguna (ni salarial, ni promoción, ni traslado…), con el VI Con venio del Personal Laboral en suspenso, etc. Nada recomendable salvo que te queden meses para jubilarte.
Si nos integramos (y muchos lo haremos dado que nos ofrecerán mejoras iniciales para animarlos a hacerlo y tampoco tendremos alternativa), las ventajas irán desapareciendo, la negociación colectiva y los nuevos convenios nos harán ir sufriendo los criterios de productivismo más abusivo. Nuestro sueldo dependerá de la arbitrariedad de jefes, comisarios políticos o sindicalistas que negociarán a nuestras espaldas.
Por último, estos decretos cercenan las expectativas de conseguir un empleo público de calidad de muchos interinos y opositores, ya que aunque seguirá habiendo funcionarios, estatutarios y laborales sujetos al VI Convenio, cada vez serán menos. Y cada vez que se jubile uno su puesto no lo ocupará otro, sino un trabajador precarizado.
Por todo ello, CGT llama a tod@s l@s trabajador@s públic@s, funcionari@s o laborales, estables o preca ri@s, de la administración general, de organismos autónomos o de cualquier tipo de ente instrumental (agen cia, empresa, fundación), a manifestarse decididamente POR LA RETIRADA DEL DECRETO 5/2010 (o de la versión 2.0, el 6/2010) y a secundar las convocatorias de las Asociaciones, Plataformas y Sindicatos no vendidos.
Igualmente comunicamos a la ciudadanía en general que estas movilizaciones no son fruto del descontento de los privilegiados, sino que se trata de un basta ya al abuso de los políticos y a las políticas neoliberales de privatización y recortes públicos que afectarán directamente a la cantidad y la calidad de los servicios públicos que son un derecho de y para tod@s.
Sin empleo público (de calidad, estable, con acceso por criterio de mérito, en igualdad y transparencia) no habrá servicios públicos… PARA NADIE
Fuente: CGT Andalucía
