Tras la Ley Corcuera, impopularmente conocida como “de la patada en la puerta” y oficialmente como Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, su continuador en la asignatura por el PP, el ex fiscal neofranquista Alberto Ruíz-Gallardón, pretende aprobar una nueva Ley de Seguridad Ciudadana calcando la excusa del ex electricista ugetista: hacer frente a “los fenómenos colectivos que implican la aparición de amenazas o acciones violentas”.
En realidad, pura y simple demagogia para reestablecer un Estado policial en un momento de extrema debilidad y descrédito social del régimen, con el objetivo oculto de blindar de las protestas ciudadanas los próximos periodos electorales que se avecinan. No hay base, pero si abuso: las estadísticas oficiales de Eurostat afirman que España es, después de Grecia y Portugal, el país de la Unión Europea (UE) con menor índice de criminalidad y, por el contrario, el que mayor número de presos tiene por habitante. ¿Quién delinque a quién? ¿El pueblo soberano o el gobierno apoderado?
En realidad, pura y simple demagogia para reestablecer un Estado policial en un momento de extrema debilidad y descrédito social del régimen, con el objetivo oculto de blindar de las protestas ciudadanas los próximos periodos electorales que se avecinan. No hay base, pero si abuso: las estadísticas oficiales de Eurostat afirman que España es, después de Grecia y Portugal, el país de la Unión Europea (UE) con menor índice de criminalidad y, por el contrario, el que mayor número de presos tiene por habitante. ¿Quién delinque a quién? ¿El pueblo soberano o el gobierno apoderado? ¿O es que al multar hasta el aliento buscan temerariamente que alguien piense que sale más cara la resistencia pasiva que el petardismo defensivo?
La existencia de un borrador sobre una nueva Ley de Seguridad Ciudadana a punto del “hágase” en el Consejo de Ministros nos devuelve a una realidad que nunca se fue del todo y para siempre. Con el Caudillo o con su pupilo borbónico la esencia política del régimen es fundamentalmente la misma: un modelo económico capitalista-neoliberal; la sagrada unidad de los hombres y las tierras de España; un jefe de Estado que solo responde ante Dios y ante la historia; un generalísimo de los Ejércitos sustraído al control popular y una alianza a mayores con los halcones de Estados Unidos (EEUU) y sus bases militares de “utilización conjunta”.
Aunque incurra en caricatura, los cambios introducidos para que en el fondo todo quede bajo control son el trueque de los Principios Fundamentales del Movimiento (jurados por el Rey) por una Constitución (no jurada por el Rey) a la carta de la oligarquía; el paso del partido único al sedicente pluralismo restringido por la Ley de Partidos y la Ley Electoral que deja la soberanía nacional en manos del duopolio dinástico hegemónico; el trasvase de los Sindicatos Verticales al tándem institucional formado por CCOO y UGT y la entrada en la Unión Europea en 1986 que, como la elección de la monarquía en el paquete constitucional, nunca fue sometida a referéndum para su aprobación por los ciudadanos.
Evidentemente, eso es en el acotado plano de las coordenadas institucionales. Porque, y aquí afortunadamente, en el plano cívico-cultural-humanista, el pueblo español si ha dado un profundo cambio, y entre aquel paisanaje sometido a la censura previa de todos sus actos, públicos y privados, y este de ahora que ha conquistado las libertades formales para desarrollarlas con su buen hacer, hay notables diferencias. Aunque quizás, por eso precisamente, los cancerberos de la transición, a diestra y siniestra, se empeñan continuamente en llamarnos a capítulo. Los años de felipismo con su “OTAN de entrada no”; la amnesia sobre los crímenes del franquismo; los batallones de la muerte del GAL; la persistencia de la Audiencia Nacional como Tribunal de Orden Público (TOP) restaurado y La ley Corcuera de la “patada en la puerta” (purgada más tarde por el Constitucional), fueron un aperitivo de lo que luego su socio nacionalcatólico desarrollaría.
De ahí, la sinrazón de otra Ley de Seguridad Ciudadana que hunde sus raíces en el código penal de una dictadura que fiaba su cumplimiento inexcusable al TOP y la Brigada Político-Social (BPS). Porque lógica jurídica no tiene ninguna y demanda ciudadana no existe. Lo que se arguye como una modificación para atajar nuevas formas de delincuencia es una patraña. A pesar de la crisis económica y el desamparo en que han sumido a las capas más vulnerables de la población, las estadísticas lo denuncian: España es el país con menos delitos por habitante de toda la Europa Occidental (45 delitos por 1.000 habitantes) y al mismo tiempo el que tiene más presos (153 por 100.000 habitantes (frente a 70 de media en la UE). Un oxímoron. Lo que certifica una legislación penal y administrativa volcada en la represión y un Estado profundo de impronta policial, ajenos a la redención (como demostró la doctrina Parot) y circuncidados en la obediencia debida.
Eso sí, por el contrario, somos líderes europeos en corrupción política, institucional, de sangre azul y de cuello blanco. Pero eso no origina más consecuencias jurídicas para el brazo tonto de la ley que la aplicación del indulto como juzgador de último recurso. En sus variadas formas y maneras. Desandando lo que algunos pocos jueces dignos han hecho, como sucedió en el bochornoso caso de la “absolución” del número dos del Banco de Santander, Alfredo Sáez, en la etapa Zapatero, o con el episodio del kamikaze homicida cuyo abogado trabajaba en el bufete de un hijo del ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, ya con Rajoy en La Moncloa. O en la versión “todo para la banca”, sacándose de las puñetas togadas un eximente, llamado “doctrina Botín”, que abre espacios de impunidad a los más poderosos cuando la acusación particular decae y el ministerio fiscal se llama andana. Toda una aberración, si bien se mira: el ejecutivo enmendando la plana al judicial, que en teoría administra justicia en nombre del Rey, y la Fiscalía, que es precisamente quien tiene la misión constitucional (artículo 124) de “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley”, pasando olímpicamente. De ahí que se repartan el botín tras hacer lo propio con el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC).
Si esto no es un “atado y bien atado”, desde luego se parece mucho a un “Estado de excepción”. Y si a ello le sumamos el nuevo Código Penal y las ordenanzas que ayuntamientos, como el de Madrid, quieren aplicar, sometiendo a pruebas de idoneidad a los músicos callejeros o multando a la gente por correr para pillar el autobús, la cosa escala a niveles de emergencia nacional. Nuestros gobernantes están forjados en la política del palo y tente tieso. Por eso se valen del derecho administrativo sancionador para lograr sus objetivos represivos que no pueden alcanzar por otros medios. Caso del nefasto proyecto del Código Penal de Ruiz-Gallardón, que ha buscado “reencarnarse” a través de esta Ley de Seguridad Ciudadana en los aspectos en que fue tumbado por el Consejo de Estado y la Comisión de Estudios del CGPJ
Igual que el TOP pervive en los usos y costumbres de la Audiencia Nacional, la Brigada Político Social del franquismo pugna por hacer méritos en la segunda restauración democrática. Tal cabría ser el chiste por el que significados miembros de la BPS, como el siniestro Billy el Niño, segundo de abordo del supercomisario Conesa, no hayan sido detenidos o extraditaos a Argentina para responder de sus numerosos crímenes como sicarios de la dictadura. Algún iluminado en las alturas del poder debe pensar que sus servicios aún pueden ser de utilidad para neutralizar al 15-M, las plataformas, las mareas y demás movimientos de impugnación al sistema que, con un respaldo social mayoritario, buscan una auténtica ruptura democrática y abrir un proceso constituyente que derogue todas las leyes políticas reaccionarias, las desregulaciones económicas y laborales y las involuciones sociales del duopolio dinástico gobernante, para luego dar paso a una democracia de demócratas.
Habrá que lucharlo. No va a ser fácil. Ni lo van regalar con una llamada a la golosina del voto útil en las urnas venideras. Pero lo que está claro es que la propuesta de nueva “ley mordaza” que piensa perpetrar el Partido Popular (PP), en el fondo, es una muestra más de la debilidad e ilegitimidad del sistema: Es la baza que les queda tras su estrepitoso fracaso al tratar de pastorear el vendaval de la disidencia social promocionando a flamantes y oriundos líderes ungidos por los media, siguiendo la pista de lo ocurrido tiempo atrás en Argentina con algunos famosos del entorno piquetero o lo que ahora mismo pasa en Chile con varios dirigentes de la lucha estudiantil engullidos por la política-system.
Salvo que, en su melopea lo que desee sea cerrar tanto las esclusas de las protestas que amenazan sus privilegios que obliguen a los sectores más intransigentes a tomar otros derroteros menos pacíficos y contundentes. Un territorio pre-político que invierta la iniciativa y la relación de fuerzas, y donde el Estado y los agentes de arriba tendrían todas las de ganar y los de abajo todas las de compadecer. Sin contar con la ayuda frustrante de los eternos partidarios de la “revolución pendiente” (espontáneos o favorecidos/apocalípticos o integrados) con que siempre cuenta el sistema en su estrategia de la tensión para restablecer troyanamente el statu quo.
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid
