La multa ha sido interpuesta tras una denuncia del Sindicato de Transportes, Comunicación y Mar (STCM); de la Confederación General del Trabajo (CGT) de València
Tras una denuncia del STCM de CGT València, en la que se señalaba que, hasta 42 trabajadoras cedidas ilegalmente por la empresa Jom Services, realizaban trabajos de reparto, en situación irregular y condiciones de precariedad laboral, para Amazon; la Inspección de Trabajo ha sancionado a ambas empresas por cesión ilegal de trabajadores. “La Cesión Ilegal de Trabajadores, denominado Prestamismo Laboral, se está convirtiendo en un serio problema para los trabajadores”, apuntan des de CGT.
Según la Inspección de Trabajo de Valencia, Amazon ostenta facultades directas frente a las trabajadoras de la empresa subcontratada Jom Services “como si fuese su real empresario”. La cesión ilegal de trabajadores ha sido calificada como una infracción muy grave, por lo que ambas empresas se enfrentan a multas de entre 6.251 y 187.515 euros. Pero, como apuntan desde la central anarcosindicalista, “esto no es ningún obstáculo para Amazon, ja que es tan grande el beneficio empresarial que, pese a las sanciones, ambas empresas resultan beneficiadas.
Según explican desde el sindicato de transportes de CGT, la cedente Jom Services se dedica a contratar mano de obra para cederla ilegalmente, recibiendo ganancias por ello, mientras Amazon paga salarios inferiores a los de las trabajadores de su propia plantilla al no asumir los costes de contratación. “De este modo – según el sindicato libertario – Amazon no asume las responsabilidades legales sobre las trabajadores en cuestiones tales como reivindicaciones laborales, accidentes de trabajo, bajas o vacaciones”. Por la cual cosa desde CGT no dudan en señalar que se trata de un claro caso de «dumping laboral» al ofrecer unas condiciones laborales «muy por debajo de su convenio”.
Además, añaden que, los bufetes de abogados de estas grandes empresas multinacionales “se dedican a intentar tirar por tierra el trabajo de la Inspección de trabajo por medio de alegaciones contra la infracción. Y si la Administración correspondiente, inadmitiese las causas que justifican el recurso y confirmase la sanción de la Inspección de Trabajo a la empresa, presentarán una demanda en el Juzgado de lo Social, porque dinero e influencia no les falta”.
Desde CGT apuntan a la necesidad de “más inspecciones de trabajo que, por encima de las presiones de lobbies y de las mismas administraciones públicas, persigan este tipo de actuaciones”. Y concluyen: “seguiremos luchando contra la lacra que supone la subcontratación, la cual está muy poco legislada , y las empresas sin escrúpulos se aprovechan de ello, incluso de titularidad pública, como es el caso de EMT Valencia, sancionada en dos ocasiones por Cesión Ilegal de trabajadores”.
Fuente: Gabinete de Comunicación de la Confederación General del Trabajo del País Valenciano y Murcia
