No ha trascurrido un año desde que las pretensiones de las multinacionales de las telecomunicaciones chocaran con los tribunales de la Unión Europea, obligándolas a aceptar las tasas impuestas por la Ley de Financiación de la Radiotelevisión pública, cuando ahora, a través de la vía contencioso-administrativa, consiguen del Ministerio de Hacienda la reducción en una cuarta parte de su aportación, haciendo definitivamente inviable el modelo de financiación de CRTVE.

En una más que discutible resolución, el Tribunal Económico-Administrativo Central interpreta que la base imponible sobre la que se tiene que aplicar el 0,9% no es la de los ingresos brutos de explotación de los operadores (tal y como se refleja claramente en el artículo 5.1 de la Ley de Financiación) sino exclusivamente la de los ingresos percibidos por el servicio de televisión. Como consecuencia de ello CRTVE dejará de percibir 150 millones con los que ya contaba (86 millones en el 2014 y 58 millones pendientes de contabilizar en los balances de 2012 y 2013).

En una más que discutible resolución, el Tribunal Económico-Administrativo Central interpreta que la base imponible sobre la que se tiene que aplicar el 0,9% no es la de los ingresos brutos de explotación de los operadores (tal y como se refleja claramente en el artículo 5.1 de la Ley de Financiación) sino exclusivamente la de los ingresos percibidos por el servicio de televisión. Como consecuencia de ello CRTVE dejará de percibir 150 millones con los que ya contaba (86 millones en el 2014 y 58 millones pendientes de contabilizar en los balances de 2012 y 2013).

Hacienda ya estaba contribuyendo generosamente a la inviabilidad de nuestro modelo de financiación con la última subida del IVA en el 2012 (más de 5 millones adicionales de gasto) pero sobre todo con las consecutivas reducciones de las aportaciones que la Ley obliga al Estado (255 millones anuales menos según la última Memoria de Servicio Público).

Respecto a la tasa que deben abonar las televisiones privadas (3% de los ingresos brutos de explotación; 1,5% en los canales de pago) la bajada de ingresos generada por la crisis económica no ha podido ser compensada por las provisiones de un inexistente Fondo de Reserva contemplado en el artículo 8 de la Ley de Financiación.

Y por si fuera poco todo lo anterior, la bajada de ingresos solo ha tenido como respuesta el imaginativo recurso a la reducción de 23 millones en nuestros salarios tras la firma del II Convenio (que algún documento interno califica como insuficiente). Mientras tanto, se sigue hablando de pujas de más de 30 millones para los derechos de los partidos de la selección española de fútbol (lo que estaría prohibido por la ley: «La Corporación no podrá utilizar ningún ingreso de los establecidos para sobre cotizar frente a competidores por derechos sobre contenidos de gran valor comercial»); más de 70 millones adicionales por la emisión de los Juegos Olímpicos sin ninguna contrapartida en los Presupuesto Generales del Estado; más de 24 millones no presupuestados para completar la parrilla del 2012; por no hablar de los desorbitados precios pagados por los derechos de la Champions en el pasado, que pudieron costarle el puesto a algún alto directivo de la Corporación.

Aunque no somos fans de esta ley y si hubiéramos decidido nosotros la hubiéramos hecho de otra manera, como ya explicamos en su momento (enlace http://www.cgtrtve.org/hoja-informativa-no76), creemos que la actual Ley de Financiación podría ser una garantía para un modelo de Radiotelevisión Pública de calidad si hubiera intención de cumplirla, con una escrupulosa trasparencia de los gastos y los ingresos y unos criterios claros de programación determinados por un Contrato-Programa. Creemos que puede perfeccionarse adoptando las variables del modelo francés: imponiendo tasas a TODOS los operadores de telecomunicación, independientemente de la prestación por servicios de televisión que realicen, y sobre la totalidad de sus ingresos brutos de explotación. Y el Estado debe cumplir sus compromisos de financiación con la misma escrupulosidad con que atiende otros compromisos de financiación de la deuda privada. El modelo está avalado legalmente por la Comunidad Europea, y cualquier otro “inventado” ahora por los “liquidadores de lo público” que nos gobiernan sería peor con seguridad.

Los mayores enemigos de esta ley son los lobbies de las telecomunicaciones, cada vez más implicados en el negocio audiovisual. Televisiones privadas y operadores de Telecomunicación se confundirán progresivamente en el modelo que nos pretenden imponer. Telefónica es un claro ejemplo de ello con la previsible fusión de IMAGENIO / Movistar TV y CANAL PLUS. El actual modelo de financiación no les beneficia y lo derribarán por todos los medios que estén a su alcance. Y lo están consiguiendo.

19/05/2014

Sección sindical CGT-RTVE


Fuente: Sección sindical CGT-RTVE