En la tarde de ayer, miles de personas abarrotaron la madrileña Puerta del Sol en respuesta a la convocatoria de diversas organizaciones feministas, de planificación familiar y sindicales (entre ellas la CGT) para exigir que el aborto deje de estar considerado como delito en el Código Penal, garantizando y respetando el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo, y asegurando que estas interrupciones se realicen de forma normalizada en la red sanitaria pública.
A las 19:00, hora a la que estaba convocada la concentración, no cabía ya un alfiler en la Puerta del Sol. El acto comenzó con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista. Tras esta solemne interrupción, las consignas, que habían sonado constantemente antes del comienzo, cuando la gente empezaba a reunirse, volvieron con más fuerza. «Nosotras parimos, nosotras decidimos», «que viva la lucha de las mujeres» y otros gritos similares fueron coreados por miles de gargantas, en un ambiente festivo y de euforia alimentada por contemplar cómo esta cuestión había propiciado la reunión de tanta gente por una misma causa : defender el derecho de las mujeres a decidir. Esto hizo posible que ayer se oyese una voz : «una voz de mujeres y hombres que vivimos con indignación y preocupación lo que viene sucediendo en los últimos meses : el ataque y la ofensiva a nuestro derecho como mujeres a decidir por parte de los grupos ultraconservadores», la voz de los y las que ven necesario un cambio de ley.
A continuación, los convocantes procedieron a la lectura de un manifiesto unitario por el derecho de las mujeres a decidir, que reproducimos más abajo, lectura que fue contestada con una cerrada ovación por los y las presentes. Paralelamente a la de Madrid, ayer se realizaron concentraciones en Barcelona, Córdoba, Zaragoza, Alicante, Santiago de Compostela, Pontevedra, Málaga y otras muchas ciudades por todo el Estado español. Estas acciones, según los convocantes, forman parte de una campaña de respuesta y de movilización social «que no ha hecho más que empezar».
Durante el acto, asimismo, se recogieron más de dos mil autoinculpaciones por haber abortado o haber acompañado a una mujer a abortar.
Manifiesto por el derecho de las mujeres a decidir
Las recientes actuaciones judiciales que han llevado al cuerpo del «Seprona» de la Guardia Civil a entrar en casa de las mujeres para citarlas a declarar, ha generado una situación de indignación, estupor y alarma social. No sólo porque representa una vulneración de su intimidad, sino por la criminalización que supone el tratamiento como delincuentes a mujeres que lo único que han hecho es ejercer un derecho que las asiste : interrumpir un embarazo no deseado dentro de los supuestos que establece la ley.
Ante todo, queremos manifestar nuestro total apoyo y solidaridad con estas mujeres, y con la situación de indefensión y temor que han vivido. Vemos en la persecución y el atropello que han sufrido un ataque a todas, una amenaza al derecho a decidir de las mujeres.
Lo ocurrido nos retrotrae a siniestras épocas en las que la libertad brillaba por su ausencia, y creemos que requiere una respuesta contundente e inmediata de los distintos poderes públicos para preservar la integridad de las mujeres.
Estos hechos, así como otras actuaciones judiciales, las amenazas que sufren las mujeres por parte de las organizaciones anti-elección, las agresiones tanto físicas como verbales a las y los profesionales de las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, responden a una violenta campaña orquestada por sectores ultraconservadores y fundamentalistas religiosos. No han dudado para ello en utilizar la intimidación, la violencia, la mentira y el insulto, todo para intentar imponer su modelo de familia que conculca la libertad de las mujeres y se basa en el control de su sexualidad.
Esto adquiere mayor gravedad al estar estos grupos apoyados por el gobierno de la Comunidad de Madrid, que los financia con dinero público y permite y alienta sus actuaciones. Asimismo el gobierno de la Comunidad se desentiende de la prestación pública del aborto y obstaculiza de forma sistemática el trabajo de las clínicas autorizadas para su práctica.
Exigimos a todas las instituciones el respeto a los derechos fundamentales de las mujeres y que apliquen medidas que los garanticen.
Exigimos al Gobierno y a los partidos políticos un compromiso claro y decidido para modificar la actual despenalización parcial del aborto, de modo que deje de estar considerado como delito en el Código Penal, acabando con la inseguridad jurídica que la ley actual ha generado Además, exigimos que la nueva normativa garantice y respete el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo, asegurando que estas interrupciones se realicen de forma normalizada en la red sanitaria pública.
Exigimos que este cambio vaya acompañado de medidas que garanticen la educación sexual en los centros escolares y el acceso a los métodos anticonceptivos y a la anticoncepción de emergencia a cargo de la Seguridad Social.
Fuente: Roberto Blanco. Fotos : David Fernández / José Alfonso.
