Las Marchas de la Dignidad del 22 de marzo han supuesto para dos personas el inicio de un calvario. Miguel, de 20 años, e Ismael, de 18, dos jóvenes de Carabanchel y Valdemoro respectivamente, se encuentran a día de hoy en prisión preventiva acusados de agredir a la policía durante los sucesos que tuvieron lugar tras la multitudinaria manifestación.
Miguel, trabajador de 20 años que vive en Carabanchel junto a su familia, fue detenido el mismo día 22 de marzo, acusado por un policía de paisano de autoinculparse en la calle de haber agredido a la policía. Fue acusado primero de intento de homicidio, aunque la acusación se rebajó después a lesiones. Al cierre de esta edición, Miguel se encuentra en la prisión de Alcalá-Meco, en la que lleva encerrado 46 días y donde el pasado 25 de abril cumplió 21 años.
Miguel, trabajador de 20 años que vive en Carabanchel junto a su familia, fue detenido el mismo día 22 de marzo, acusado por un policía de paisano de autoinculparse en la calle de haber agredido a la policía. Fue acusado primero de intento de homicidio, aunque la acusación se rebajó después a lesiones. Al cierre de esta edición, Miguel se encuentra en la prisión de Alcalá-Meco, en la que lleva encerrado 46 días y donde el pasado 25 de abril cumplió 21 años.
En la posterior Operación Puma 70, del día 4 de abril, fue detenido Ismael, vecino de Valdemoro de 18 años y trabajador de un centro de la tercera edad. También le acusan de agredir a la policía. Ésta asegura haberle identificado mediante los vídeos del momento y la “colaboración ciudadana”. Varios de sus amigos comentan a DIAGONAL que “en el juicio se produjeron varias incongruencias, ya que, de los diez policías que supuestamente observaron a Isma cometiendo los actos de los que se le acusa, nueve no consiguieron identificarle en la rueda de reconocimiento”. El equipo jurídico de las Marchas 22M y otros colectivos como Madres contra la Represión denuncian estas detenciones como parte de una estrategia del Gobierno para estigmatizar este tipo de protestas.
Los casos de Ismael y Miguel se suman a las cada vez más habituales “cazas de brujas”, detenciones de activistas a domicilio que, tras declarar ante un juez, son puestos en libertad, habitualmente con algún tipo de cargo, y que tuvieron su antecedente más próximo en Madrid el pasado mes de febrero, cuando cuatro personas fueron detenidas, y otras dos imputadas, varios días después de participar en las acciones para intentar parar el desahucio de Antonio, vecino de Lavapiés enfermo crónico y con discapacidad total. Otro de los casos con mayor repercusión mediática y apoyo en las calles fue la detención, durante la huelga general del 14 de noviembre, de Alfon, joven de 21 años del barrio de Vallecas, en Madrid, quien permaneció dos meses en prisión preventiva bajo el régimen de aislamiento FIES, al considerar el juez razones de “alarma social”. A día de hoy, según confirman desde Madres Contra la Represión, “el juicio contra Alfon aún no ha tenido lugar y no sabemos siquiera de qué se le acusa”.
No era la primera vez que los jueces presentaban razones subjetivas para ordenar prisión preventiva en el contexto de una huelga general. Javier, Ismael y Daniel pasaron 33 días en preventiva tras la huelga del 29M en Barcelona supuestamente para evitar su participación en las movilizaciones del Primero de Mayo de ese año y en el congreso de Banco Central Europeo. Obtuvieron su libertad sin fianza después de que la Audiencia Provincial de Barcelona estimara el encarcelamiento cómo “medida innecesaria”.
Diagonal
Fuente: Diagonal
