Toda investigación sobre el crimen organizado en México resulta frustrante, ya que los vínculos entre el poder del Estado y las mafias de la droga están demasiado trenzados.
Los datos aparecen a la vista : bajo el Gobierno de Ernesto Zedillo, el general Jesús Gutiérrez Rebollo fue nombrado comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, el zar antidroga mexicano. A principios de 1997, se supo que Rebollo era socio de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, y que todos los operativos que ordenaba para combatir el tráfico de drogas se dirigían en contra del cártel enemigo, el de los hermanos Arellano Félix.
Cuando la agencia antidrogas de EEUU (DEA) exigió a México la detención de Rebollo, presentó un informe en el que aparecían los nombres de conocidos políticos vinculados a esta trama. Cuando la policía entra en la lujosa mansión del zar de la lucha antidroga descubre incómodas pruebas sobre la vinculación entre el poder político y los cárteles del narcotráfico.
Más que combatir a estas mafias, en México se persigue a tal o cual cártel en función de las alianzas que se necesite para gobernar una legislatura. Pero esta relación corrupta no sólo afecta a los alturas. Los estratos sociales más bajos son su verdadero reino.
Corrupción policial
Hace unas semanas se divulgó el asesinato del joven de 14 años, Fernando Martí, secuestrado en uno de los tantos retenes policiales que se montan en la capital del país. Las autoridades dijeron que se trataba de un falso control y reconocieron que los secuestradores eran policías judiciales.
Pero lo más escandaloso de este caso es que uno de los agentes implicados fue premiado mientras mantenía cautivo al joven, por su actuación en la lucha… contra los secuestros. Era parte activa de una conocida banda de delincuentes, conocida con el sobrenombre de La flor porque siempre que establecían el contacto con los familiares extorsionados decían : «Si no cumplen con la exigencia, les mandaremos flores».
Pero lo más sorprendente de la lucha contra el crimen organizado en México es que cuando se diseñan políticas públicas para frenar las altas tasas de inseguridad, se realizan declaraciones desafortunadas, como las de la jefa antisecuestros en la capital, Nicandra Castro, quien sugirió que, para no ser raptado, «hay que evitar las rutinas, aumentar las condiciones de seguridad y tener un control preciso sobre el personal que contratan». De repente, el Estado abdica de toda responsabilidad.
El presidente Calderón no se quedó a la zaga. Ebrio de euforia, suele comparar el combate contra los cárteles con el fútbol : «Tenemos una buena delantera y le estamos metiendo muchos goles a la criminalidad». Los datos le dejaron en evidencia.
Tan sólo en Ciudad Juárez, Chihuahua, ciudad fronteriza con los EEUU, se han perpetrado 903 ejecuciones sólo en los ocho primeros meses de este año. El diario Zeta, de Baja California, acostumbrado a sufrir atentados, define lo que entienden por ejecuciones : «Lo aplicamos a aquellas personas asesinadas cuyos cuerpos aparecen atados, envueltos en plástico, tirados en un contenedor, seccionados o portando alguna leyenda escrita».
A raíz del asesinato del joven Martí, el presidente Calderón convocó a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), para el jueves 21 de agosto. Al menos la reunión sirvió para firmar el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad con el que ahora se pretende derrotar a la delincuencia. Ese mismo día, en tres estados del país, siete policías fueron asesinados. Pareció un aviso a los gobernantes de la fructífera cumbre del CNSP.
Para el experto en mafias internacionales de la Universidad de Palermo, Guiseppe Carlo Marino, la realidad mexicana está tan viciada que centrarse sólo en la lucha militar no dará resultados. «Debe ir acompañada de una estrategia política para purificar el Estado de la corrupción que le afecta, y que es la mejor alimentación de la mafia, pues se juntan dos fuerzas poderosas : poder legal e ilegal».
Según Marino, a la mafia no se la combate con métodos mafiosos, y un exceso de militarización del país puede ser caldo de cultivo «para la realizaron de mayores injusticias». Su conclusión sobre el hábitat en el que se reproducen estos grupos no deja lugar a dudas : «Si meten en la cárcel a cien narcos, surgirán mil más para sustituirlos».
Fuente: Texto : Sergio Rodríguez (para Público) : Foto : EFE.
