CGT ha recurrido la orden del Plan de Incentivos al profesorado por ser contrario al derecho, discriminar negativamente a las profesoras en baja maternal, excluir al profesorado interino y pretender consolidar un complemento de productividad. Igualmente rechazamos en este recurso la maniobra de interferirlo por parte de la Consejería de Educación informando “a toro pasado” de su intención de apoyar a los centros que digan SI. CGT entiende que es una muestra clara de como el poder político usa (arbitrariamente) sus prerrogativas para chantajear al profesorado público andaluz.

CGT ha recurrido la orden del Plan de Incentivos al profesorado por ser contrario al derecho, discriminar negativamente a las profesoras en baja maternal, excluir al profesorado interino y pretender consolidar un complemento de productividad. Igualmente rechazamos en este recurso la maniobra de interferirlo por parte de la Consejería de Educación informando “a toro pasado” de su intención de apoyar a los centros que digan SI. CGT entiende que es una muestra clara de como el poder político usa (arbitrariamente) sus prerrogativas para chantajear al profesorado público andaluz.

Una vez terminado el proceso de consultas que establece la orden que regula el programa de incentivos al profesorado andaluz, que tiene por titulo “Calidad y mejora de los rendimientos escolares”, la Consejería de Educación ha visto con extrema preocupación como el rechazo a esta iniciativa ha sido mayoritaria entre el profesorado andaluz.

Igualmente la creación de un frente sindical contra la misma compuesto por CGT y otros sindicatos, ha supuesto el llamamiento a los sindicatos firmantes del acuerdo (UGT, CSIF , ANPE y sobre todo CCOO) a que neutralicen los argumentos que están haciendo posible que más del 80% de los claustros se hayan sumado al NO.

El rechazo mayoritario del profesorado se sostiene en la indignidad de la propuesta, que lejos de establecer bases sólidas para mejorar la enseñanza en los centros educativos, pretende concluir que el fracaso escolar es responsabilidad del profesorado, de ahí que la única medida sea ofrecer “más dinerillo”.

De hecho cuando los servicios jurídicos de CGT iniciaron el estudio de la Orden, con el encargo de recurrirla, tuvieron que releer el texto varias veces, ya que de entrada y gracias a la propaganda mediática, parecía que la orden pretendía dar dinero al profesorado. Estos mismos servicios en cuanto entraron en el fondo de la Orden no tuvieron más que concluir que la mencionada norma era perversa, ya que pervertía los honorables fines con la aplicación de una trampa saducea que ponía al profesorado como el responsable único del fracaso de las múltiples y erráticas políticas educativas que ha venido adoptando la Conserjería de Educación Socialista en los últimos 20 años.

Terminado el primer plazo de solicitudes hay nerviosismo en los firmantes de la Orden ante la constatación del triunfo sin paliativos del NO a la oferta de la Consejería y el SI a la inmediata puesta en marcha de medidas reales que mejoren los resultados escolares (disminución de ratios, coberturas de bajas inmediatamente, aumento de recursos económicos gastos de funcionamiento de centros, mayor dotación de profesorado y otro personal especializado….)

Esta situación de nerviosismo ya provocó que a mediados de marzo la Consejería de Educación pusiera en marcha una maniobra que supone un chantaje al conjunto de centros que aún no habían celebrado sus claustros para decidir si participaban o no en la convocatoria para recibir incentivos económicos. La Consejería y los sindicatos firmantes del acuerdo hicieron pública una nota en la que informaban que el criterio para dotar de profesores extras a los centros el próximo curso será el haber aceptado la oferta de la Consejería.

Esta decisión, que bien podía haber recogido la orden en su momento, se produce para “animar” a los que quedaban por decidir para que vean “otra ventaja adicional” de participar en este plan de incentivos.

CGT ya ha recurrido este procedimiento por ser contrario a derecho y porque muestra claramente como el poder político usa (arbitrariamente) sus prerrogativas para chantajear al profesorado. Es más, deja, aparentemente, en manos de las decisiones del profesorado aspectos de importancia para toda la comunidad educativa a la que la administración educativa “ningunea”.

CGT considera que el siguiente paso no puede ser otro que la retirada inmediata de la llamada Ley de calidad.

FASE-CGT. Secretaría de Jurídica.


Fuente: FASE-CGT. Secretaría de Jurídica.