Representantes de organizaciones sociales presentaron ante el registro del Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Reglamento que desarrolla la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, publicado el pasado 30 de agosto y que entrará en vigor en marzo de 2005, por considerar que el texto vulnera principios constitucionales.
El abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Valentín Aguilar, explicó que la organización, junto con la Coordinadora de Barrios de Madrid, en representación de la Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas, y otras cien asociaciones adheridas, consideran que el texto va más allá de la Ley y quieren que se revoque para dar una nueva redacción que respete los derechos del menor y los tratados internacionales.
Tras presentar este recurso tienen previsto dirigirse también al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, y a los defensores del Pueblo de las comunidades autónomas, así como tratar que los grupos parlamentarios insten al Gobierno a elaborar un nuevo Reglamento.
«La Ley dice que el menor privado de libertad es sujeto de derechos y como tal está dentro de la sociedad —explicó—. En consecuencia, el menor privado de libertad tendrá como orientación de esa medida privativa de libertad el régimen normal de vida que hay en la calle. En ese sentido, se intentará disminuir al máximo las medidas negativas que produce el internamiento tanto para las familias como para el propio menor».
MÁS DURO QUE EL DE LOS ADULTOS
Sin embargo, los recurrentes entienden que el Reglamento destruye todo lo poquito que había hecho la ley». A su juicio, obvia todo lo que se refiere al interés del menor y lo trata como a un adulto. «En ningún momento aparece la palabra educación ni el tema de la formación y únicamente habla de medidas represivas», recalcó.
Entre los preceptos más criticados, denunciaron la posibilidad de aislamiento del menor durante 22 horas al día como medida disciplinaria, el uso de defensas de goma o la posibilidad de que agentes de seguridad entren en los centros de internamiento (aspectos que no contempla la Ley). A su vez, consideran que la prohibición de que letrados distintos a los personados en las causas entren en los centros de internamiento es una clara vulneración del proceso de defensa.
Por todo ello, consideran que el Reglamento debe suspenderse su aplicación hasta que el Supremo se pronuncie o al menos hasta que se elabore un nuevo Reglamento. «Es copia del reglamento del régimen penitenciario y en algunos casos lo endurece —advirtió—. ¿Cómo podemos tratar a un menor mucho más duro de lo que se trata a un mayor ?. Los menores van a preferir estar en un centro penitenciario de mayores que en un centro de menores».
Par : EP
