Un grupo de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil de Barcelona podrían estar implicados directa o indirectamente en el robo de un alijo de 500 kilos de cocaína en el puerto de Barcelona, según se desprende de unas diligencias efectuadas durante un año con el máximo secreto por un juzgado de Martorell, según informó ayer Radio Barcelona, de la cadena SER.
Uno de los guardias civiles supuestamente relacionados con la sustracción de droga, un ex agente de los servicios de información de Tráfico, se encuentra desde hace pocos días en libertad provisional tras declarar ante la juez, pero con cargos, acusado de estar implicado en la sustracción del cargamento. Otros seis agentes de los dos cuerpos han sido citados a declarar por este caso.
El robo de este cargamento de cocaína se remonta al 24 de enero del año 2005, cuando los servicios de lucha contra la droga de Estados Unidos (DEA) informaron a la policía barcelonesa de que se dirigía hacia el puerto de esta ciudad un barco que transportaba un contenedor en cuyo interior había 1.017 kilos de cocaína. El cargamento, que era estrechamente vigilado en uno de los tinglados del puerto para intentar detener a los miembros de la red de traficantes, fue parcialmente robado por unos desconocidos, quienes se llevaron unos 500 kilos de droga.
Un juzgado de Martorell, bajo la supervisión del fiscal jefe del Tribunal Superior de Cataluña, José María Mena, inició hace un año una minuciosa investigación. En el transcurso de estas pesquisas se detuvo a seis miembros de un conocido clan de delincuentes, entre los que se encuentran Antonio Rovelles, alias El Bolo, y Javier Segura, alias El Trapero, que están en prisión incondicional y sin fianza.
La pieza clave de esta investigación fue capturada en Granada el pasado 10 de junio. El individuo detenido reconoció haber participado en la sustracción de la cocaína del puerto de Barcelona. Pero en su confesión fue mas allá, al asegurar que agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil de vigilancia en el puerto estaban también implicados en el robo de la droga.
La juez de Martorell citó hace 10 días a un guardia civil, que fue puesto en libertad provisional con cargos. Se desconoce el contenido de sus declaraciones, pero en medios judiciales se asegura que en los próximos días serán citados a declarar al menos tres agentes más de la policía y otros tres de la Guardia Civil.
El juzgado de Martorell levantó ayer el secreto del sumario y ofreció las primeras informaciones de un escándalo que ha conmocionado a las cúpulas de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía en Barcelona, pero que sobre todo ha puesto en entredicho la colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico, según se aseguraba ayer en medios judiciales.
Interior anuncia duras sanciones a los policías implicados en los abusos de Málaga
EL PAÍS – Málaga
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció ayer sanciones «muy duras» para los policías implicados en un presunto caso de abusos sexuales en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga si finalmente se confirman los hechos. «De confirmarse alguna de las cosas que están apareciendo, se trata de un acto muy grave que merecerá y exigirá sanciones muy duras», dijo el ministro en Santiago de Compostela.
La Dirección General de la Policía ha suspendido de empleo y sueldo a los tres agentes encarcelados por orden de una juez de Málaga que les imputa un presunto delito de abusos sexuales, atentado contra la integridad moral y omisión del deber de impedir delitos. Otros cuatro policías están imputados en el caso por no impedir los abusos, que se cometieron durante el turno de noche en fiestas que los policías organizaban con comida y alcohol con algunas internas.
Las defensas de los tres agentes pidieron ayer su traslado a Sevilla, donde hay un módulo especial para los miembros de las fuerzas de seguridad. La Asociación Andalucía Acoge se ha personado para ejercer la acusación popular en el caso.
El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, pidió ayer el cierre de los centros de internamiento de extranjeros porque dijo que su funcionamiento «deja mucho que desear» y pidió un sistema diferente, «no carcelario», para custodiar a los inmigrantes que tienen que ser repatriados.
La Subdelegación del Gobierno en Málaga reconoció que las cuatro inmigrantes denunciantes de los hechos a las que la juez ha dado consideración de testigos protegidos podrían quedar en libertad si durante el proceso se agotan los 40 días, el plazo máximo que la ley permite de permanencia en un CIE.
Fuente: Fuente : EL PAIS
