CGT denuncia que la Consellería de Educación excluye a las educadoras de educación especial y a las educadoras de educación infantil del proyecto de Orden de inclusión del alumnado en los centros docentes ordinarios sostenidos con fondos públicos.
La Consellería desde el 2017 habla de regular los procedimientos y la organización de la respuesta educativa con objeto de garantizar la inclusión efectiva de todo el alumnado en el sistema educativo, poniendo especial énfasis en la respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, el alumnado con situación de compensación de desigualdades y el alumnado que, por varias causas, se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad.
La Consellería desde el 2017 habla de regular los procedimientos y la organización de la respuesta educativa con objeto de garantizar la inclusión efectiva de todo el alumnado en el sistema educativo, poniendo especial énfasis en la respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, el alumnado con situación de compensación de desigualdades y el alumnado que, por varias causas, se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad.
A solo tres meses del plazo de la legislatura, la Consellería de Educación inicia la negociación de la orden que regulará la educación inclusiva en las escuelas e institutos valencianos. Estas presas del conseller Marzà suponen que la negociación de la ordenación de la inclusión del alumnado sea un “papelón”. Esto no es negociación, es imposición.
Lo más llamativo del proyecto es que la Consellería olvida al colectivo de 800 educadoras que acompañan diariamente al alumnado más vulnerable. En el proyecto de orden, la Consellería ni los contempla ni les da voz. No se puede regular la inclusión del alumnado sin contar con las educadoras, que son precisamente el personal que más horas pasan con el alumnado con necesidades específicas. Una vez más vemos que el conseller de Educación, Vicent Marzà, imprime una visión corporativa de los profesionales de los centros educativos.
Antes de legislar sobre inclusión, ayudaría más que el Consell revirtiera los recortes de gobiernos anteriores y redujera todavía más las ratios. Además que contemplara espacios de coordinación entre todos los profesionales de las escuelas e institutos. Ese es el camino que facilitaría la inclusión del alumnado, y no una retórica legislativa que no supondrá cambio si no va acompañada con unos presupuestos reales que atiendan al alumnado más vulnerable.
La Consellería también se olvida conscientemente de las educadoras en el I Plan de Igualdad para docentes, publicado el 31 de enero, el mismo día que se realizaba la Mesa Sectorial de Educación sobre la Orden de Inclusión.
La Consellería obvia que los planes de igualdad tienen que tener un ámbito único de empresa u organización, y por tanto no tendría que hacer distinciones entre personal docente y no docente.
La formación es otro de los aspectos en los cuales el conseller Marzà abandona a las educadoras. En la mayoría de los casos las direcciones de los centros deniegan la asistencia de las educadoras a la formación regulada por la propia Generalitat, provocando un grave perjuicio al servicio público educativo y a las educadoras porque no pueden formarse y no pueden progresar en la carrera profesional en igualdad de condiciones que el resto del personal. A pesar de que la Comisión Mixta de Mediación prevista en el Pacto de la Mesa Sectorial de Función Pública sobre educadoras es conocedora, desde inicio del presente curso, de la denegación de formación a educadoras, a estas alturas todavía no se ha pronunciado.
CGT-Generalitat
Castelló, 7 febrero 2019
Fuente: CGT-Generalitat
