La actuación del gobierno español con las personas que viajaban en el “Marine I” ha sido realizada violando los derechos fundamentales de las personas afectadas y al margen de la legalidad española e internacional, acudiendo al burdo mecanismo del fraude de ley y de la arbitrariedad prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico.
Tras acudir en socorro del buque que se encontraba en aguas de Senegal en cumplimiento de lo establecido en el “Convenio Internacional sobre búsqueda y salvamento marítimos (SAR)” de 1979, el resto de la prescripciones legales al respecto han sido obviadas.
El convenio establece que “sean cuales fueren la nacionalidad o la condición jurídica de dichas personas o las circunstancias en que éstas se encuentren» se deberá «prestarles los primeros auxilios médicos o de otro tipo y trasladarlas a un lugar seguro», pese a lo cual el barco fue trasladado a las inmediaciones de la costa de Mauritania permaneciendo los viajeros en él desde el 30 de Enero hasta el 12 de febrero, sin las condiciones mínimas indispensables, y sin que hasta el día 12 nadie subiera al buque para asistirles, siéndoles suministrada la comida por medio de cabos.
Según lo regulado un lugar seguro es un sitio en el que se considera terminan las operaciones de salvamento y en el que la vida y seguridad de los supervivientes ya no está amenazada, pueden satisfacerse sus necesidades humanas básicas (tales como alimentación abrigo y atención médica), y pueden concluirse acuerdos para el transporte de los supervivientes hasta su destino próximo o final.
Ahora bien Mauritania no ha firmado el convenio SAR y es un país repetidamente denunciado por la sistemática violación de derechos humanos.
El gobierno español mandó cuatro aviones (dos de ellos militares) para las “repatriaciones” y cuando finalmente se hizo desembarcar a los viajeros, estos lo hicieron fuertemente custodiados por policías españoles y fuerzas armadas mauritanas y recluidos en un viejo almacén de pescado del puerto, similar a las barracas de los campos de concentración.
La policía española fue la encargada de interrogarles y privarles de libertad – pese a que no encontrarse en territorio español y no ser ciudadanos españoles- y comenzó las gestiones para hacerles salir de Mauritania. Aparte del hecho de portar armas nada avala el derecho de la policía española para interrogar y participar en la privación de libertad de estas personas, lo que se hizo sin cumplir ninguna de las garantías de asistencia jurídica y e interpretación previstas en la legislación española. Es decir fueron privados totalmente de abogados e intérpretes, y sin lectura de derechos garantías reconocidas en el ordenamiento jurídico español y en los convenios sobre derechos humanos, y todo ello se realizó utilizando el engaño, y el abuso, para hacerles creer que serian trasladados a España.
Durante estos días el derecho a solicitar asilo y refugio estuvo severamente limitado por las dificultades que encontraron por parte de Mauritania los representantes del ACNUR (ya a que eran un equipo muy pequeño sin posibilidades de atender a las 369 personas) y solo finalmente 22 inmigrantes de Birmania, 10 de Sri Lanka y 3 de Afganistán fueron trasladados a Canarias, existiendo serias dudas sobre la información y asesoramiento que se proporcionó al resto.
Las personas de origen presuntamente africano tras un rocambolesco viaje hacia Guinea Bissau (que denegó el permiso para aterrizar al avión, y tras horas de dar vueltas la aeronave por la negativa de autorización para el aterrizaje de vuelta en Mauritania) son deportadas colectivamente a Cabo Verde país del que no son originarias, ni es de donde ha partido el barco, si no simplemente el país al que el gobierno español ha podido comprar.
Las personas trasladadas a Cabo Verde se encuentran desde entonces privadas de libertad en dicho país, quien sabe en base a que, ni en que condiciones, ni con que amparo judicial ya que han sido llevadas contra su voluntad y encarceladas y no se ha permitido que les asista un abogado de la Comisión Española de Apoyo al Refugiado. También el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) llamó la atención sobre la imposibilidad de ponerse en contacto con este grupo.
Se baraja (según un acuerdo firmado por Guinea, Mauritania y España) su traslado a Guinea Conakry que en estos momentos sufre una grave inestabilidad social y política, y en el que ha sido decretado el estado de sitio por el presidente, concediendo a las autoridades militares ’plenos poderes para poner en peligro libertades fundamentales’ lo que ha servido de excusa a los miembros de las fuerzas de seguridad para aterrorizar a la población y para actuar como ’vulgares delincuentes’ según denuncian Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW). El traslado a Guinea Conakry en estas condiciones vulneraría la Declaración Universal de Derechos Humanos y como advierte CEAR el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que en su artículo 3 y en el Protocolo Adicional III a dicho convenio, establece que ninguna persona puede ser devuelta a un país donde corra riesgo de ser sometida a tratos inhumanos, crueles o degradantes, y la Convención de la ONU contra la Tortura, que establece que no podrá haber expulsión, devolución o extradición de una persona a un Estado en el que haya violaciones de derechos humanos y en el que por tanto esa persona pueda estar en peligro de ser sometida a tortura.
Las otras 299 personas permanecen privadas de libertad en condiciones infrahumanas y degradantes desde el día 12, hacinados en el almacén de pescado en el que fueron encerrados, en el que se les obliga a permanecer sentados y/o tumbados, alimentados con frecuencia a base de bocadillos y en condiciones que han levantado serias protestas por parte de las organizaciones que les atienden, como ha denunciado la Media Luna Roja los aseos del hangar «están atascados, el techo está agujereado y hay un olor insoportable que se propaga por todo el lugar», mientras por televisión se les muestra haciendo gimnasia o viendo películas.
Se argumenta que se está a la espera de que la embajadora de la India reconozca su nacionalidad y se les traslade a dicho país, ya que “son orientales”, pero pasan los días en esta inaceptable realidad.
El cúmulo de violaciones de derechos humanos y de actuaciones al margen de la legalidad española e internacional es presentado como algo ajeno a la voluntad del gobierno español, cuando en realidad es el gobierno español el autor material e intelectual del resultado y cooperador necesario de la situación de continuada ilegalidad a la que se hayan sometidos y del trato que están padeciendo y que está actuando como si se tratara, no de seres humanos, si no de objetos desechables, contaminantes y peligrosos.
El Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos reclamamos :
1.- El inmediato traslado de las personas que permanecen en Mauritania y de las que fueron trasladadas a Cabo Verde a territorio español reconociendo que están bajo responsabilidad española y por tanto bajo su custodia y jurisdicción.
2.- Que se les apliquen las garantías propias del Estado de derecho y que se proteja sus derechos humanos y básicos, a la vida, a la integridad física y moral, a no ser sometidos a tratos inhumanos y degradantes, a solicitar asilo, a la tutela judicial efectiva y a gozar de situación de libertad con asistencia jurídica y de defensa a todos los efectos
3.- Que no se considere su entrada como irregular ni se les aplique sanción de expulsión.
4.- Que se arbitren los medios para una recepción acorde con su condición personas en dificultades y respetuosa con su dignidad de seres humanos.
5.- Que se depuren responsabilidades entre los responsables políticos de la desatinada gestión y se aclaren el origen y destino de las contrapartidas económicas que adecuan las voluntades de los dirigentes políticos extranjeros a estas descabelladas maniobras.
6.- Reclamamos la intervención del fiscal general del Estado para una exhaustiva investigación y depuración de los hechos presuntamente delictivos que hayan podido cometer las diversas autoridades del gobierno español, en sus distintos escalones jerárquicos.
7.- Que no se repitan actuaciones que vulneren derechos humanos ni se opere al margen de la legalidad exportando el control de la inmigración a países sin garantías, eludiendo el marco legal y dando un tratamiento denigrante a persona alguna, bajo ningún tipo de excusa, como la ridícula esgrimida en este caso de la presión migratoria que suponen 369 personas.
Por último desde CEDEHU hacemos un llamamiento a la sociedad para no permanecer indiferente ni consentir que el gobierno español cometa estás tropelías, no admitiendo que se actúe ignorando los principios éticos en base a intereses electorales.
Fuente: Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos (CEDEHU)
