Del año 2008 al ya superado 2009 y al recién estrenado 2010, la ayuda de Renta Básica se ha convertido en un pequeño problema para la consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra y en un filón propagandístico para la oposición.
Y digo pequeño problema, porque a los profesionales de la política que llenan los asientos del parlamento y espacios en radio-tv y prensa, poco les importa la situación real de las familias que se ven obligadas a acudir a dicha prestación, si no es más allá del provecho electoral que puedan sacar unos y otros.
Unos, el gobierno, porque venden la moto de una «Cartera de Servicios» con unos objetivos que resultan inalcanzables, pero no creamos que por un exceso de ambición social -no anda el neoliberalismo muy «sobrao» de utopía- sino porque no se ponen los medios necesarios para que esos compromisos, no olvidemos que adquiridos libremente, sean realizables. Con el número de solicitudes triplicado en comparación con las que se tramitaron durante el año 2008 (se están tramitando más de mil solicitudes por mes para su posterior valoración), el cuerpo de trabajadores sociales no sólo no se ha incrementado sino que incluso ha disminuido. La misma situación sufre el cuerpo de administrativos, rodeado de montañas de papel a la espera de que su voluntad y no otra cosa, elimine tan agobiante visión. Pero claro, detrás de todas esas montañas de papel hay personas, familias completas a las que poco les interesa en qué condiciones laborales se desarrolla el procedimiento que llevan sus ayudas, ya que ellos deben hacer frente a pagos todos los meses (colegios, pisos, luz, agua, ropas, medicinas,…), haya o no suficiente personal en el gobierno para ello.
Cáritas suplanta a la Administración anticipando el dinero a personas que tienen la prestación condedida, pero que gracias a los principios de eficiencia y eficacia en los que se basa la actuación de la Administración, no saben siquiera cuando cobrarán ; como el dinero presupuestado ha sido irrisorio (fueron presupuestados 8 millones de euros y en diciembre ya se habían comprometido 22 millones de euros) la Consejera contraataca diciendo que la ayuda está «garantizada» -al igual que su retraso en la tramitación y por supuesto en su cobro- siendo indignantes situaciones como las que llevan a que una persona que viva en el Casco viejo o Milagrosa, pueda cobrar dos meses más tarde de lo que lo haría una persona que hubiese tramitado otra solicitud el mismo día pero en, por ejemplo, San Jorge o Rotxapea ; los servicios de base se ven desbordados : falta personal y se están dando citas para comenzar las nuevas tramitaciones a dos meses vista, obviamente sin tener sus trabajadores responsabilidad alguna en dicha situación, pero siendo éste un plazo innasumible tratándose la Renta Básica de una ayuda que se solicita en un momento de emergencia y clara necesidad (pérdida del trabajo, imposibilidad de acceso al mismo, marginación,…).
Los otros, la oposición parlamentaria, se dedica a realizar preguntas y declaraciones de gran «sonoridad» pero con poquito recorrido,.para acabar instando a la administración a resolver con mayor premura el aluvión de expedientes que ya tenemos entre manos, pero sin explicar el cómo y sin atender a una coyuntura que exige de cambios estructurales no sólo en la atención social, sino en la propia redistribución de los recursos y el trabajo. Es obvio, que el objetivo último es erosionar lo más posible al gobierno, no siendo tan importante el obtener una solución a esta grave injusticia, como el hecho de acercarse al poder. Porque ¡qué más da !, cuando su verdadero objetivo no es la Justicia Social sino las próximas elecciones. Ninguna fuerza política del parlamento tiene como objetivo una renta básica universal suficiente que nos permitiese, por ejemplo, no vernos en la obligación de aceptar cualquier empleo y a cualquier salario ; o medidas para que la sanidad, la vivienda y la educación sean absolutamente gratuitas y constituyan derechos reales, sin que nadie tenga que verse en la tesitura de elegir entre poder medicarse, pagar el alquiler de una vivienda o mandar los chavales al colegio o al instituto en lugar de mandarlos a trabajar para que traingan dinero a casa.
Sin embargo, en seguida se ponen de acuerdo en proveer cientos de plazas de policias, en pactar puestitos en la C.A.N., en asegurar la financiación (y nuestro endeudamiento, claro) de faraónicas infraestructuras ya sean para «volar» en tren o en coche,…porque hasta que la concesión de Renta Básica no se ha convertido en una baza política más, nadie se ha preocupado de informarse y dotar de los medios necesarios a las unidades competentes para poder enfrentarse con garantías a la actual situación, situación que por otra parte, cualquier trabajador de los servicios sociales veía venir, no así el gobierno y la ahora «profundamente preocupada» oposición.
Por último, y aún tratandose de otro tema aunque estrechamente ligado al que nos ocupa, me queda una reflexión que me gustaría lanzar al aire : ¿porqué en las actuales democracias parlamentarias las fuerzas que se autodenominan progresistas o de izquierdas, asumen con asombrosa normalidad la existencia de bolsas crónicas de exclusión, sin mayor solución para éstas que la caridad social en forma de prestaciones económicas ?
Manuel Velasco Valladares – Secretario General de la CGT en Navarra