Las elecciones están a la vuelta de la esquina y un frenesí humanista se adueña de la clase política. La Renta Básica se convierte en ariete con el que golpear al oponente político y éste, mediante propagandísticos juegos malabares, reorganiza todo sin atender a razón objetiva alguna y, por supuesto, sin consultar nada ni a los trabajadores ni a los afectados y con la intención de dejarlo todo radicalmente igual (¡para qué consultar! si el voto los inviste de un conocimiento muy superior al resto de humanos).
Se habla de mejorar la gestión, de incrementar presupuestos, de acortar plazos,… y mientras tanto, los usuarios parecen haberse convertido en simples números, en estadística, pero a ojos de demasiada gente, incluidos muchos trabajadores sobrepasados por su trabajo, en meros sospechosos con la voluntad inequívoca de engañar, ocultar datos, vivir del «cuento» y a fin y al cabo, en personas preocupadas únicamente por robar a la Administración.
En la situación actual, en la que una minoría interesada se ha encargado de denominar como «tiempos de crisis» y que supone un ataque socio-laboral enorme y en crecimiento, debido en gran parte a nuestra nula capacidad de reacción y organización, el retraso en cerca de 5 meses en la resolución y pago de una ayuda de subsistencia como es la Renta Básica, supone un auténtico atentado social que muchas personas viven con desesperación: madres solteras con niños a su cargo, inmigrantes sin papeles o con ellos pero sin ninguna expectativa laboral, familias completas que ante la falta de trabajo se precipitan en picado hacia la marginalidad, personas mayores de 45 años con las lógicas -para el sistema actual- dificultades de incorporación sociolaboral, enfermos relacionados con el consumo problemático de tóxicos, minorías étnicas,… Situaciones que conllevan impagos en los suministros (luz, agua, gas…), en colegios, en alquileres de pisos e incluso habitaciones, etc. y por lo tanto una merma drástica en la autonomía vital de todos estas personas.
Se calcularon más de 17.000 atenciones durante el pasado año 2010, lo que viene a conformar una masa de más de 7.000 familias, y este año 2011 no muestra el menor atisbo de mejora, más al contrario, todos los indicadores nos muestran un claro deterioro social. ¿Somos capaces de imaginarnos a nosotros mismos, “navarros de bien, votantes y buenos ciudadanos” sin cobrar cinco nóminas? Desde luego la respuesta es absolutamente clara: No.
Los trabajadores y trabajadoras del Departamento de Asuntos Sociales responsables de la valoración de Renta Básica, sobrepasados por el trabajo, no aciertan más que a aceptar unas condiciones de trabajo que cosifican a los usuarios y que impiden una interpretación sosegada de las distintas situaciones a las que se deben enfrentar. Sin embargo, tampoco son capaces, en gran medida por la inercia de su labor, de “enfrentarse” de alguna forma a las decisiones de la Dirección General de Asuntos Sociales (ya sea mediante plantes o mediante escritos dando a conocer la situación real de su día a día), que la mayoría de ellos no comparte y que es causa de descontentos fácilmente manejables desde dicha Dirección General.
Ante esto, la actitud de la Consejería, en cuya Carta de Servicio puede leerse que se compromete a cumplir con el usuario en un plazo de 45 días (plazo tan breve como inalcanzable, ya incluso desde la misma creación de dicha Carta), se fundamenta en racanear personal y fijar unos mínimos de “producción de expedientes” aduciendo falta de medios económicos. Y no sólo escatiman medios, sino que saben, al igual que la oposición parlamentaria al completo, que las medidas adoptadas y las que se pudieran adoptar son simples parches incapaces de llegar a la raíz del problema –que no es la carencia presupuestaria sino el modelo social que reproduce el capitalismo- ya que para ningún grupo político, supone dilema moral alguno la existencia de una cantidad de excluidos siempre que ésta, sea “razonable”.
Y es que la raíz de todo este embrollo, no sus consecuencias que por otra parte son muy “golosas” desde el punto de vista del rédito electoral, son los principios dogmáticos que todos los partidos comparten y que justamente, configuran las bases para la exclusión social de miles de familias: el crecimiento económico y la riqueza “fundamental” que crean las empresas como instrumentos generadores de bienestar.
En una sociedad como la navarra, en la que los trenes de alta velocidad, los circuitos de velocidad, las autovías, los canales, los parques temáticos, los pantanos, las grandes superficies comerciales, la del Corte Inglés y demás boutiques “chic”, la de los bares de diseño, las multinacionales automovilísticas, alimentarias,… el hecho de que existan cerca de 50.000 personas en desempleo, 17.000 atenciones que recordamos se traducen en más de 7000 familias en la frontera de la exclusión social si no excluidas de facto, supone una ignominia a la que ya va siendo hora de hacer frente de verdad, y que se presenta como soportable sólo para aquellos (la mayoría social) que viven felices en “el mundo del consumo”, voluntariamente ignorantes de su entorno social, y para aquellos otros, la clase política, que ve en este asunto de injusticia social una simple baza política más.
Por último sería deseable por parte de los responsables políticos actuales, una mayor “creatividad” (sí, lo sé: mezclar clase política y creatividad resultan términos contradictorios en sí mismos) en lo tocante a las capas más desfavorecidas y por extensión a las más favorecidas, aunque quizás sea extremadamente radical pedir lo que a todas luces resulta justo: ¿qué les parecería repartir el trabajo y los recursos económicos de forma igualitaria? No respondan todavía, respondan después de la publicidad, perdón, después de las elecciones, y a vivir de las rentas… electorales.
Manuel Velasco Valladares, Secretario General de la CGT en Navarra
