“… Vamos a aprobar la ley audiovisual y una drástica reducción de la publicidad en la televisión pública… “, con estas palabras el presidente del gobierno se dirigía a los parlamentarios del PSOE, y les anunciaba una de sus inmediatas iniciativas legislativas.

“… Vamos a aprobar la ley audiovisual y una drástica reducción de la publicidad en la televisión pública… “, con estas palabras el presidente del gobierno se dirigía a los parlamentarios del PSOE, y les anunciaba una de sus inmediatas iniciativas legislativas.

Pero lo que los parlamentarios del PSOE no sabían, cuando aplaudían de manera entusiasta a su Secretario General, eran los motivos de tal decisión. Días después, la vicepresidenta del gobierno justificaba en el Congreso la medida por dos razones “… evitar las distorsiones que en el mercado se están produciendo y garantizar y dar más holgura a los operadores en situaciones de crisis y a los trabajadores que tenemos que proteger… “

Debemos de entender entonces que para el gobierno los anuncios comerciales no desaparecen porque sea más gratificante disfrutar de las películas, documentales y otras obras sin cortes, tal y como las imaginaron sus creadores, o que los mensajes consumistas y alienantes que nos generan necesidades falsas e innecesarias tampoco son deseables en una medio de comunicación público que tiene encomendado por ley “… satisfacer necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad española…” si no porque hay que sacar del aprieto económico en el que andan metidas las televisiones privadas.

Ya hace años que la tarta de la publicidad no aporta los beneficios que desean las televisiones comerciales. Además en la actual situación de crisis del modelo de economía capitalista el gasto/inversión en publicidad se ha reducido considerablemente. Es en este contexto es donde se produce la permanente e interesada exigencia de la patronal de las televisiones privadas, UTECA, para que las televisiones públicas no emitan publicidad comercial. Asimismo, UTECA, propone al gobierno que los nuevos canales de TDT sean de pago.

Con anterioridad al anuncio de la drástica reducción de publicidad en TVE ya el gobierno recogió una propuesta de las televisiones comerciales, y aprobó una ley que elimina los límites que existían para la fusión de televisiones privadas, ahora se permite a dos operadores comerciales fusionarse con el único límite de que no tengan más del 27 por ciento de la audiencia en su conjunto.

Hace tiempo que la vicepresidenta del gobierno viene celebrando contactos habituales con UTECA con el fin de negociar la nueva Ley General Audiovisual, en cambio no se conduce con la misma intensidad hacia las televisiones públicas : estatal, autonómicas o locales.
A todo esto, el presidente de RTVE, Luis Fernández, en lugar de exigir que se cuente con RTVE en esas negociaciones y al mismo tiempo gestionar el dinero público con políticas de austeridad y éticas, se dedica en sus intervenciones en el Congreso de los Diputados a ensañarse con los trabajadores de RTVE, para lo cual no repara en falsedades tales, como decir que el salario anual de cada trabajador es de 44.000 € o que en RTVE hay 350 liberados sindicales, …

Para mantener la actual oferta de RTVE : dos canales generalistas de televisión y seis en TDT, una web y cinco emisoras de radio, el nivel de empleo de 5.900 trabajadores fijos y 500 eventuales, así como altísimos sueldos para consejeros, directivos y otros fichajes, mantener la desproporcionada cantidad de directivos y otros altos cargos, abonar millonarias cantidades de euros a las productoras privadas, pagos desorbitados por derechos deportivos y de otro tipo,… la corporación pública ha necesitado hasta ahora un presupuesto de más de 1.100 millones de euros. La mitad ha sido aportada por el Estado con el dinero de todos, alrededor de 550 millones, y el resto a través de ingresos publicitarios.

Hasta este momento el modelo de financiación, que ha transcendido a través de medios amigos del gobierno, consiste en suprimir totalmente los anuncios de TVE y, a cambio, aplicar una tasa sobre la ocupación del espacio radioeléctrico a las compañías de telecomunicaciones que sería del 0,9% y a las televisiones privadas el 3% de sus ingresos, calculándose todos estos nuevos ingresos entorno a los 600 millones €, siempre y cuando se cumplan las más que teóricas previsiones de ingresos por publicidad de las televisiones comerciales.

Es obvio que la supresión de la publicidad comercial en TVE es una muy buena noticia, ahora bien, queda por ver cual es el modelo de financiación que adopta finalmente el gobierno y las repercusiones que el mismo tendrá en la mejora de la calidad del servicio público que la radio y televisión pública tienen la obligación de prestar a toda la comunidad.

En la pasada y aún reciente reforma de RTVE, que ha dado lugar a la actual Corporación, ya el gobierno del PSOE redujo considerablemente la potencialidad de la radio y televisión pública, la medida estrella del entonces plan de “saneamiento” se concretó en la pérdida de 3.000 puestos de trabajo. Ahora, con la nueva e importantísima decisión que adopte el gobierno en materia de financiación para TVE, se está decidiendo el futuro y los contenidos de la televisión pública en España.


Fuente: Manolo Gómez
Sindicato Gráficas y MM.CC.- CGT-Madrid