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Tras la primera manifestación del día 9 de marzo del transporte sanitario, los trabajadores de

este sector seguimos con las movilizaciones. Tanto el transporte de enfermos urgentes como

el transporte programado no pueden seguir en manos de empresas privadas que no tienen

más objetivo que el de lograr beneficios económicos a costa de la salud del ciudadano, y para

lograr estos beneficios realicen todo tipo de artimañas.

El comité de empresa quiere recordar que tenemos el convenio colectivo caducado desde

Tras la primera manifestación del día 9 de marzo del transporte sanitario, los trabajadores de

este sector seguimos con las movilizaciones. Tanto el transporte de enfermos urgentes como

el transporte programado no pueden seguir en manos de empresas privadas que no tienen

más objetivo que el de lograr beneficios económicos a costa de la salud del ciudadano, y para

lograr estos beneficios realicen todo tipo de artimañas.

El comité de empresa quiere recordar que tenemos el convenio colectivo caducado desde

diciembre de 2018 y la patronal no quiere sentarse a negociar con la parte social, cuando se

presupone buena fe por parte de ambas partes en la negociación.

Además, la UTE que gestiona el transporte urgente lleva con pérdidas económicas desde el

principio del concurso y tiene la venta de la empresa casi a punto. Esto significa que la

empresa que está interesada en gestionar el servicio sabe que entra a pérdidas aseguradas,

con lo que esto conlleva para el servicio. Una empresa que en algunas comunidades

autónomas les ha sido rescindido el contrato con las administraciones y no se les permite

presentarse a más concursos públicos. La empresa entrante vendrá con ambulancias y

materiales obsoletos y recortes asegurados a trabajadores. Estos recortes afectarán a las

nóminas de unos trabajadores que ya de por sí no es que tengan unas cantidades

abundantes. Un conductor de ambulancia cobra 1333 € brutos y el técnico que le acompaña

cobra 1117 € brutos, y si hablamos de técnicos que contratan en prácticas, ni el S.M.I. cobran.

Estamos hablando de trabajadores expuestos a múltiples riesgos como el de aguantar

durante más de un año una pandemia y que como premio a su trabajo realizado, ven que las

empresas que gestionan ambos servicios, ni siquiera quiere sentarse a negociar el convenio

colectivo que rige esta actividad sanitaria.

De todo estos expuesto es cómplice el gobierno de la D.G.A. y el 061. Son conocedores de

todos estos problemas y no llevan un control estricto de sus ambulancias. 35 denuncias en

inspección de trabajo, 4 conflictos colectivos desde agosto de 2018 y un mercadeo para

vender la empresa del transporte sanitario urgente es el bagaje de sendos concursos públicos

realizados por el gobierno de la DGA, y no se ha realizado ninguna acción inspectora, no se

ha consultado a sindicatos para tratar estos temas y en sesiones parlamentarias lo que se

hace desde el gobierno es defender su modelo de gestión a base de mentir a la población.

Por todo esto expuesto, desde los sindicatos que representamos a todos los trabajadores del

transporte sanitario, pedimos una internalización del servicio antes de que las empresas

privadas dejen morir dicho sector y antes de que esto último ocurra, está encima de la mesa

el convocar huelga.

Comités de empresa del transporte sanitario urgente y programado


Fuente: CGT de Aragón-La Rioja