Artículo de opinión de Antonio Pérez Collado
Nada debe tenerse en contra de que la gente se manifieste públicamente para expresar sus ideas, quejas o reivindicaciones; siempre que éstas no vayan en contra de los derechos y libertades que son patrimonio de toda la sociedad. Digo esto para dejar claro que, por muy extraña o confusa que me parezca una convocatoria, respeto y defiendo la libertad de cada cual para secundarla o no.
Nada debe tenerse en contra de que la gente se manifieste públicamente para expresar sus ideas, quejas o reivindicaciones; siempre que éstas no vayan en contra de los derechos y libertades que son patrimonio de toda la sociedad. Digo esto para dejar claro que, por muy extraña o confusa que me parezca una convocatoria, respeto y defiendo la libertad de cada cual para secundarla o no.
Sobre la manifestación que bajo el lema “Por una financiación justa” hay convocada este próximo sábado en València por una larga relación de organizaciones y colectivos, que van desde la patronal a los sindicatos mayoritarios (y otros) y desde el PSOE a los grupos independentistas y diversas ONG, se están publicando gran cantidad de noticias y opiniones; todas ellas coincidentes en lo básico: que la Comunidad Valenciana no recibe la financiación adecuada del Estado.
Sin dejar de estar de acuerdo en que es preciso que los presupuestos estatales se negocien con las gobiernos de las comunidades, que se financie mejor a los territorios más pobres, y que autonomías y ayuntamientos tengan un mayor control sobre las inversiones en su ámbito, no es menos cierto que resulta sumamente arriesgado entrar en un bucle de agravios comparativos para ver qué comunidad autónoma efectúa la mayor aportación y cuál recibe más que el resto, a pesar de contribuir menos a la caja común. Y es peligroso e insolidario porque siempre serán las zonas con menores recursos las que tendrán ese desequilibrio positivo; mientras que las zonas más favorecidas por el clima, la calidad del terreno o las inversiones en industria y servicios han de contribuir en mayor medida acumulando un mayor déficit.
Resulta comprensible que sean Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares las que reciben menos de lo que aportan, puesto que son las de mayor riqueza y se debe entender que han de pagar más; en el caso contrario tenemos a Andalucía, Extremadura y Galicia. Parecidas desigualdades se producen dentro las propias autonomías o incluso en la misma ciudad. Seguramente se han de volver a calcular coeficientes establecidos hace años y ajustar los baremos a la situación de cada economía en la actualidad. Pero que existan unos fondos de solidaridad interterritorial parece que es algo razonable y justo.
Tomar en consideración exclusivamente el PIB y otros datos estadísticos nos podría hacer olvidar que existen grandes bolsas de pobreza en las comunidades más ricas y que también hay algunas grandes fortunas en los territorios menos desarrollados. Esa diferencia creciente entre las familias más ricas y las más empobrecidas debería preocuparnos bastante más que la disputa sobre cómo se reparten los presupuestos del Estado.
Personalmente considero que es en esa batalla entre políticos y empresarios en busca de grandes inversiones donde se ha de encuadrar la manifestación del 18N. Inversiones sobre las que el pueblo trabajador no tiene ninguna capacidad de decisión; pudiendo acabar éstas en triunfalistas planes de formación y creación de empleo -que finalmente terminan siendo generosas subvenciones a UGT, CCOO y CEV-, en proyectos de obras faraónicas de dudoso interés social -y de eso esta Comunidad ofrece suficientes ejemplos- o impulsando un modelo de desarrollo que potencia sectores que no crean empleo y sacrifican el medio ambiente, el transporte sostenible o la agricultura y la economía locales.
Está bien que la gente se manifieste, pero si no hay objetivos claros y los convocantes no son muy de fiar (como ocurre con las principales firmas de esta cita) desde la CGT no nos vamos a sumar porque lo haga todo el mundo. Que salgan juntos patronal y sindicatos, por muy buen rollo que tengan, no deja de traernos tristes recuerdos de cuando el franquismo encuadraba a obreros y patronos en la verticalista CNS. Que nos llamen a protestar contra la precariedad laboral y el recorte de las pensiones los mismos que han propiciado estas agresiones con sus pactos y reformas, no contribuye al entusiasmo por la movilización social. Que se manifiesten frente al gobierno actual cargos públicos y dirigentes cuyo partido ha gobernado (incluso con mayorías absolutas) en Madrid y en Valencia durante muchos años, sin cambiar estas reglas que ahora ven tan lesivas, tampoco es un síntoma de ruptura con la vieja política y el despilfarro de los recursos públicos.
Nos hubiera gustado que se llamara a exigir la derogación de las reformas laborales del PP y el PSOE (varias pactadas con el sindicalismo oficial), en defensa de unas pensiones dignas, por la sanidad y la educación públicas, por la renta básica, contra la siniestralidad laboral y por tantas otras necesidades y demandas de la gente trabajadora. Pero claro, estaríamos hablando de una manifestación muy distinta, en la que gobernantes y empresarios no estarían a gusto, donde no se impondría un único lema, ni se cambiaría el recorrido para no molestar al gobierno del PP. Esa otra manifestación, donde el anarcosindicalismo sería parte activa, dejaría de ser una movilización “que no va contra nadie” porque sabemos que sí hay personas y organizaciones culpables de esta situación y que es contra sus políticas por lo que debemos de salir a la calle.
Antonio Pérez Collado
Fuente: Antonio Pérez Collado
