El Convenio Colectivo del Campo de Almería contempla los salarios más bajos de toda España, no garantiza alojamiento para los trabajadores y promueve la eventualidad perpetua al dejar en manos del empresario la posibilidad de adquirir cierta estabilidad como fijo-discontinuo.
Durante los sucesos racistas del 2000 en El Ejido, los poderes económicos y políticos de Almería dejaron claro que su principal interés es el dinero, sin importarles si para ello se explotan trabajadores inmigrantes, pagándoles una miseria y deshaciéndose de ellos cuando no hacen falta. No importa si viven en condiciones indignas y se dejan impunes las agresiones que sufren. Todo ello para dejar claro que nunca van a aceptar la igualdad plena de derechos, ya que eso pondría en peligro sus cuantiosos márgenes de beneficio.
Seis años después la situación no ha cambiado. No existe voluntad política ni policial de esclarecer las múltiples agresiones racistas sucedidas contra inmigrantes en los últimos años, incluido un asesinato : antes de averiguar nada se declaran móviles relacionados con tráfico de droga, mafias o las disputas “habituales” entre inmigrantes, pretendiendo que no existe ningún tipo de sentimiento racista entre los agresores. Todo ello se cubre con un consenso social en que se incluyen partidos políticos, algunos sindicatos y diversas organizaciones, para mirar siempre a otro lado y calificar de traidores a quienes osan denunciar la explotación laboral o el racismo.
En los acuerdos del 2000, empresarios y políticos reconocían la gravedad de los problemas de vivienda entre los trabajadores agrícolas. Más allá de hablar, nada se ha hecho : después de tirarse la pelota entre la Junta y los Ayuntamientos se dejó de lado el tema, obligando a los jornaleros inmigrantes a vivir en chabolas o hacinarse en infra-viviendas ; y para los más estables ir formando guetos en los barrios que los nativos iban abandonando. Ningún albergue se llegó a construir a fin de alojar a los nuevos temporeros que van llegando ante la demanda de mano de obra.
En estos últimos meses la Junta de Andalucía decide implementar un plan de erradicación de chabolas de inmigrantes sin garantizarles ningún tipo de alternativa. Los Ayuntamientos ponen manos a la obra y ya han comenzado a destruir viviendas de jornaleros tanto en Tierras de Almería (El Ejido) como en San Isidro (Níjar), todo ello sin dar ningún paso serio en la solución del alojamiento de los temporeros ni de los jornaleros estables.
Par : CGT Almeria
Fuente: CGT Almeria
