La prefectura de policía de Bobigny, de la que depende la seguridad del aeropuerto Charles de Gaulle (CDG), de París, devolvió el miércoles el pase que les permite entrar a trabajar en la zona restringida del aeropuerto a Abdelhamid Kalai y Abdelrazak Rabehi, dos de los 72 trabajadores de religión musulmana a los que se les había retirado alegando que constituían un peligro por sus relaciones con el islamismo radical. Kalai y Rabehi forman parte de un grupo de ocho que presentaron un recurso administrativo y una demanda contra el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, por atentado contra la presunción de inocencia.
Sin ningún tipo de aviso previo, a principios de octubre, una serie de maleteros del CDG fueron recibiendo una carta de los servicios de seguridad del aeropuerto en la que se les comunicaba que se les retiraba el pase para la zona restringida donde trabajan, lo que conllevaba la pérdida de su trabajo. En el aeropuerto trabajan más de 80.000 personas, razón por la que durante el primer momento se desconocía la cifra total de quienes fueron calificados como «potenciales terroristas» por la Unidad Central de Lucha contra el Terrorismo (UCLT). A través de los servicios de los sindicatos, una docena de ellos presentaron recurso.
La policía admitió primero haber retirado 43 permisos y luego amplió la cifra hasta 72. Lo único que todos ellos tenían en común es que eran musulmanes, más o menos practicantes. Sarkozy defendió la medida con el argumento de que mejor era excederse en el celo por la seguridad que arriesgarse a un atentado, y animó a quienes se sintieran injustamente señalados que recurrieran a los tribunales.
Y esto es lo que hicieron ocho de ellos a través de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT). Y con éxito, porque cuando los abogados Daniel Saadat y Eric Moutet empezaron a reclamar información a las autoridades empezó a ser evidente que detrás de esta operación ciertamente mediática había muy poco. Como explicaba Saadat, todo lo que recibieron de la UCLT fue un informe de una sola hoja de papel, «sin firma ni sello», en el que se mencionaba el nombre y el estado civil de sus clientes para citar a continuación vaguedades como «frecuenta una mezquita salafista», «se relaciona con una persona que a su vez tiene amistad con alguien que se supone de ideas radicales», «efectúa viajes a Marruecos, Pakistán o España», o «estudió en una universidad yemení».
Tanto los abogados como los trabajadores están de acuerdo en que el origen de este embrollo hay que buscarlo en el libro Las mezquitas de Roissy, del político ultraderechista Philippe de Villiers, en el que denunciaba la existencia de una conspiración que tendría como base las mezquitas ligadas al islamismo radical de esta localidad, que cifraba en 52. Sarkozy, que basa buena parte de su campaña por la presidencia en el tema de la seguridad, defendió la investigación asegurando que había durado 18 meses y que se había hecho con total profesionalidad, pero lo cierto es que a ninguno de los 72 trabajadores señalados por la UCLT se le han comunicado las razones por las que se le ha retirado el pase.
Los abogados de la CFDT intentaron detener el proceso a nivel administrativo y parece que lo han conseguido. El miércoles, Georges Holleaux, abogado del Gobierno y del distrito de Seine-Saint-Denis, al que pertenece el aeropuerto, anunciaba que la policía había devuelto sus pases a Kalai y Rabehi, pero que los otros seis maleteros que han recurrido siguen siendo «un riesgo para la seguridad».
Hoy está prevista la resolución del tribunal administrativo y los abogados creen que habrá más restituciones. «Obligamos a la Administración a respetar la ley y esperamos que el juzgado impida que se cometa una injusticia», explica Saadat.
Fuente: J. M. MARTÍ FONT
