Los tribunales de Castilla y León tardan una media de casi tres años y medio desde que se produce un accidente laboral hasta que dictan la primera sentencia en caso de denuncia, según un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El proceso se prolonga más en caso de que alguna de las partes presenten recursos y llega de media hasta los 49,5 meses de duración.
Pese a ello, la Comunidad se sitúa entre las que tienen una respuesta más ágil de los tribunales en los casos de siniestralidad laboral, por debajo de la media nacional que fija en 45,9 meses la primera sentencia de un proceso de este tipo, es decir, cuatro meses más que en Castilla y León y en 55 meses la resolución de los subsiguientes recursos, seis meses más que en la Comunidad.
Según el citado informe, por comunidades, los mejores tiempos de respuesta correspondieron a Baleares (17 meses), Navarra (27,47), Galicia (30,6), Extremadura (32,6), Murcia (34,12), mientras que el lado opuesto está Castilla-La Mancha (91,96 meses) y Cantabria (50,17 meses).
Por ello, el CGPJ apuesta por que se elabore un estudio que permita explicar los tiempos de respuesta por territorios para poder analizar los factores que determinan las diferencias y disfunciones detectadas.
Del estudio del CGPJ se desprende también que la inmensa mayoría de las sentencias que dictan las audiencias provinciales de Castilla y León, el 87,5 por ciento, termina con el reconocimiento de indemnizaciones para los perjudicados, un porcentaje que disminuye considerablemente, en más de 30 puntos, en el caso de las que emiten los tribunales superiores, en el 52,94 por ciento. En todo el país, se reconocieron en el 78,25 por ciento de los procedimientos que recayeron en las audiencias provinciales y en el 51,5 por ciento, de los tribunales superiores.
Sin embargo, cuando son las audiencias las que dictan sentencia, el importe de las indemnizaciones es inferior a la media nacional, 81.842 euros en la Comunidad, por debajo de los 97.216 de la media nacional, cantidades que disminuyen considerablemente cuando es el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) el ue las emite, 41.505,35 euros, aunque es ligeramente superior a los 38.509 del conjunto de las comunidades autónomas.
Castilla y León ostenta también el título de ser la Comunidad en la que se ha reconocido la indemnización más baja a un trabajador siniestrado, con cero euros, tras aplicar las deducciones por prestaciones y las cantidades percibidas. En el lado opuesto, con una cuantía de 90.090 euros, está una indemnización concedida por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.
Finalmente, el informe del CGPJ apunta el promedio de las cuantías de las sanciones interpuestas por siniestralidad laboral en Castilla y León, donde la cifra es de 6.113,76 euros, por debajo de los 13.894,95 euros de la media nacional.
En lo que se refiere al tiempo de resolución por jurisdicciones, la respuesta de las salas de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castila y León alcanza los 41 meses y 19 días, mejorando los 55 meses y tres días de media. En el ámbito civil asciende a 58 meses y nueve días, también por debajo de lo habituale en el conjunto del país, con 67 meses y 24 días.
De hecho, el CGPJ subraya que el mejor tiempo de respuesta de toda España se obtiene en los Juzgados de lo Social de Castilla y León, Murcia, Madrid y País Vasco, aunque, en general, los datos extraídos son muy similares en todas las comunidades autónomas.
Si se observan los datos del Tribunal Supremo, el tiempo que transcurre hasta que dicta sentencia llega casi a los seis años, en concreto es de 70 meses.
Por sectores. Finalmente, en el informe se refleja que más de seis de cada diez asuntos relativos a accidentes laborales que terminan en los tribunales de la Comunidad se refieren al sector de la construcción, en concreto, un 62,5 por ciento, cifra que lo sitúa por encima de la media española, que concentró el 55,7 por ciento. Por detrás, se situó el sector industrial, con el 29,2 por ciento de los casos, pro debajo del 32,3 por ciento de la media. Por último, el 4,2 por ciento correspondió a la agricultura y el mismo porcentaje al sector servicios, frente al 4 por ciento y 5,5 por ciento de la media, respectivamente.
Fuente: ICAL
