Los trabajadores afectados por la Ley de Dependencia, profesionales de la acción social, educadores y técnicos de Madrid, irán a la huelga el próximo 11 de diciembre para reivindicar «la regulación de un sector seriamente amenazado por intereses creados en torno a determinadas empresas».
Según explicaron a Europa Press en fuentes de la Plataforma ECO, que aglutina a varias asociaciones del sector en el ámbito autonómico, el objetivo es «defender el convenio colectivo» de Intervención Social, aprobado y publicado en el BOE del 19 de junio, que ahora «está siendo impugnado por ciertos sectores de la patronal».
El 11 de diciembre se celebra una vista en la Sala de Lo Social de la Audiencia Nacional con objeto de ver si procede o no la impugnación. Paralelamente, se celebrarán paros de tres horas en dos turnos (mañana y tarde) y una concentración a las 12:30 en la sede del Gobierno Regional de la Puerta del Sol.
Los trabajadores del sector denuncian que «las empresas que gestionan los programas derivados de las administraciones públicas» como los centros de menores o las iniciativas de ayuda a personas dependientes «quieren ganar más dinero rebajando los salarios» del personal.
Así, sucede que «se pagan salarios desiguales por desempeños similares con unas diferencias abismales, como diplomados que cobran 750 euros mensuales». En denuncia de esta situación, se han sumado a la convocatoria de huelga UGT, CCOO, AMES y CGT.
El problema es que se trata de un sector «muy disperso y descentralizado que abarca todo tipo de centros porque hay gente que trabaja con prostitutas, con inmigrantes, con mayores, con niños o con drogodependientes en las calles y todo sin ninguna seguridad y con unas condiciones pésimas», declaran en la plataforma.
Sólo en la Comunidad de Madrid, se estima que trabajan unas 20.000 personas de este colectivo que «trabajan para empresas, fundaciones y cooperativas e incluso ONG, en definitiva entidades con una cobertura jurídica variopinta, donde reciben un tratamiento desigual y sus empleos, provisionales, están sujetos a la entidad que gestiona el programa y que puede por otra que contrate a su propia gente».
INSERCION EN EL INEM
Además de los «problemas» de todo el sector, los técnicos de inserción social tienen una reivindicación añadida : la incorporación de una categoría laboral correspondiente a su titulación en el Código de Ocupación del INEM, donde, hasta el momento, los diplomados en esta rama de la acción social «no están reconocidos».
Según informó a Europa Press la portavoz de la Asociación de Técnicos de Inserción Social de Madrid (ATISMAD), Leticia Huddy, esto implica que los profesionales de esta rama tienen que optar a puestos de una mayor calificación al no tener una oferta propia clasificada, por lo que parten en «desventaja».
Esto dificulta que las entidades interesadas en contratar personal técnico entren en contacto con quienes demandan empleo y supone «tener que andar pisando las ofertas de los demás». Cuando la organización puso su reclamación en manos del Instituto Nacional de Cualificación, la respuesta fue que «así están más libres para elegir la categoría que quieran», denunció Huddy.
Fuente: EUROPA PRESS
