Los trabajadores/as de la Agencia de Medio Ambiente quemados con la Junta de Andalucía

LA CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT) DENUNCIA LA PRECARIA SITUACIÓN LABORAL QUE VIVE ESTE COLECTIVO ESENCIAL PARA LA CIUDADANÍA.

El medio ambiente constituye uno de los principales activos para el desarrollo social y económico de Andalucía. Conforma lo que se ha venido a denominar como “capital natural” del territorio, un recurso de excepcional valor para la prosperidad y el desarrollo social de la Comunidad Autónoma.

Los bosques, montes y ecosistemas andaluces son elementos estratégicos para el bienestar de sus ciudadanos, para la competitividad de sus actividades económicas (turismo, producción agraria de calidad, etc.) para su seguridad y protección frente a riesgos naturales, para la adaptación de sus sociedades al cambio climático y para el mantenimiento de su identidad y referencias culturales.

Es imposible entender un futuro próspero a medio y largo plazo en Andalucía sin su riqueza natural o sin la diversidad y belleza de sus paisajes.

Poca gente puede entender mejor la importancia del medio ambiente andaluz como aquellos que se dedican en cuerpo y alma a protegerlo y a velar por su conservación. Una parte importante de estos “guardianes de la naturaleza” trabaja en la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA), un ente público de la Junta de Andalucía que por fin ha dicho basta a años de recortes, congelaciones salariales y discriminación por parte del Gobierno andaluz y ha decidido salir a la calle a luchar por unos derechos laborales dignos que reconozcan la importancia de la función social y pública que realizan.

Con más de 5.000 empleados AMAYA es la mayor de todas las agencias públicas de la Junta de Andalucía. Varios factores han sido determinantes para llegar a la situación de crispación que ha provocado la movilización de sus trabajadores.

En primer lugar, AMAYA se encuentra en la actualidad en pleno proceso de negociación de un nuevo convenio único, que supuestamente, integrará en un marco laboral unificado a los diferentes colectivos de trabajadores presentes (INFOCA, estrcutrua y operarios del medio natural).

Las condiciones de partida de la negociación de este nuevo convenio incluyen, entre otras cuestiones, la congelación de la masa salarial y la imposición de una serie de medidas extraordinarias y temporales recogidas en la Ley3/2012 de recortes en el sector público.

Los trabajadores de AMAYA llevan ya 10 años de consecutivos sufriendo la reducción y/o congelación de sus salarios y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo. Un nuevo convenio que bloquee la subida de la masa salarial implicaría la congelación de sus ingresos otros 10 años más (los convenios actuales llevan más de 11 años en vigor). ¿Que trabajador puede asumir que su salario se vea congelados durante más de 20 años?. Cabe preguntarse si este el reconocimiento que la Junta de Andalucía hace a las miles de personas que velan por el patrimonio natural andaluz y si este es el sello diferencial en relación a lo público del que tanto presume la gestión de Susana Díaz.

En segundo lugar, los trabajadores de AMAYA se sienten profundamente discriminados frente al resto de trabajadores públicos andaluces. Por un lado no se les aplica el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), únicamente su régimen disciplinario y sancionador. No tienen, por tanto, los mismos derechos que el resto de trabajadores públicos. Por otro lado no se les aplica tampoco, al menos hasta el próximo año, la jornada laboral de 35 horas semanales, esa medida que se anunció en Andalucía a bombo y platillo como fórmula de conciliación de la vida laboral y familiar y de generación de empleo y como ejemplo de “sensibilidad” hacia lo público. ¿A que se debe esta evidente demostración de discriminación?.

En tercer lugar, los bomberos forestales se sienten engañados. Hace ya casi un año el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del territorio de la Junta de Andalucía anunció la firma del acuerdo por el que la Junta de Andalucía reconocía la profesión de bomberos forestales, cuyo principal objetivo era dar respuesta a las condiciones de penosidad y peligrosidad en las que este colectivo desempeña su trabajo. Pues bien, un año después de la firma siguen sin aplicarse los coeficientes reductores en la edad de jubilación de los bomberos forestales, ni se reconocen sus enfermedades profesionales. El argumento que esgrime la Junta de Andalucía es que estas cuestiones corresponden a las competencias del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, una escusa que no alivia la sensación de engaño que se ha extendido entre los trabajadores que componen el colectivo INFOCA, que valoran que la firma del acuerdo únicamente tuvo la intención de sacar rédito político. Cabe reseñar en este sentido que estos profesionales arriesgan sus vidas en primera línea de fuego por poco más de 1.100 euros netos mensuales, incluyendo complementos de guardia, peligrosidad. helitransporte, etc. No se trata desde luego de un grupo de privilegiados que disfrutan a cuerpo de rey de las prebendas y salarios de las élites políticas de la administración andaluza. Son personas humildes, pero orgullosas del trabajo que desempeñan, conscientes de la importancia del cuidado y conservación de sus montes y que arriesgan su vida a diario para que todos los demás podamos disfrutar de los beneficios que los ecosistemas andaluces nos proporcionan.

En cuarto lugar, los bomberos forestales siguen careciendo de un plan que garantice una segunda actividad digna que les asegure continuar con su vida laboral, una vez sus condiciones físicas no les permitan seguir en primera línea de fuego. Los bomberos forestales tienen también derecho a envejecer, por eso es tan importante garantizar al 100% su tasa de reposición y dar una salida adecuada a las personas más mayores del colectivo, algo que hasta la fecha no ha resultado desde luego prioritario para la dirección de AMAYA ni para la Junta de Andalucía.

En quinto lugar, la dirección de la Agencia mantiene bloqueadas la vías de solución a una serie de colectivos de trabajadores, que en total suman más de 600 empelados y empleadas,mas de un 10% de la plantilla, que sufren en carnes propias la precariedad y la falta de compromiso de la Junta de Andalucía con la estabilidad del empleo. Se trata de los trabajadores indefinidos no fijos del convenio de estructura (unos 250), de los trabajadores en fraude de ley del convenio de medio natural que llevan concatenando contratos de obra y servicio durante más de 10 años (algo más de 200) y de los trabajadores indefinidos no fijos discontinuos y de la bolsa de INFOCA. Estos dos últimos grupos sufren además de la inestabilidad de su condición laboral, las consecuencias de la temporalidad de su empleo, dado que únicamente trabajan durante la campaña de extinción, entre 4 y 6 meses anuales. No hay voluntad de solución para la estabilidad en el empleo de todos estos colectivos. En una agencia que en la práctica está intervenida por Hacienda, la única forma de reconocer sus derechos es la vía judicial, otro ejemplo más de la “sensibilidad” hacia lo público del gobierno de Susana Díaz.

En sexto lugar, estos colectivos especialmente vulnerables se encuentran además discriminados dentro de la propia Agencia, donde se les deniega el derecho básico al desarrollo y la promoción profesional. Este derecho a la promoción y desarrollo profesional fue reconocido en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la que quedaba de manifiesto que su discriminación no atendía a causas objetivas y, en consecuencia, no se ajustaba a derecho. La respuesta de la Agencia a esta sentencia fue interponer un recurso de casación al Tribunal Supremo, un recurso que tiene nulas oportunidades de prosperar, dado que la sentencia del TSJA recoge la jurisprudencia del Tribunal Europeo que dicta que no es legal la discriminación de trabajadores por su condición laboral, sin que concurran causas objetivas que la argumenten. El único objetivo del recurso es, como siempre, ganar tiempo y mantener una continua huida hacia adelante. Prolongar la injusta discriminación laboral de estos trabajadores, aún a sabiendas de que el Tribunal Supremo reconocerá finalmente su derecho a la promoción y desarrollo profesional. Dinero público malgastado y destinado a luchar contra los derechos básicos de los trabajadores. ¡¡¡Que sentido de lo público!!!. A este respecto puede destacarse también que recientemente AMAYA ha externalizado una contratación de apoyo a la asesoría jurídica valorada en unos 200.000 euros, que en buena parte se destinará a los muchos frentes judiciales que la Agencia tiene en materia laboral. El presupuesto que podría destinarse a garantizar condiciones laborales dignas se emplea, en la práctica, en litigar contra el reconocimiento de derechos básicos de los empleados públicos.

Salarios que no se corresponden con las funciones que desempeñan los trabajadores, compañeros que realizan idénticas tareas por salarios muy diferentes (doble escala salarial), técnicos que coordinan a trabajadores con categorías y remuneraciones muy por encima las suyas, terminan de componer un triste escenario que no hace sino poner de relieve el descontrol y la arbitrariedad en la gestión histórica de la Junta de Andalucía y los sindicatos del poder en las Agencias públicas andaluzas.

Es imposible que AMAYA encuentre la paz social mientras no se resuelvan las todas estas cuestiones, mientras la nueva dirección de la Agencia no afronte los problemas heredados de casi 30 años de gestión caótica e irresponsable, mientras no reconozca la importancia social y pública de los bomberos forestales, mientras no cese la discriminación y precariedad de determinados colectivos o mientras no resuelva los evidentes agravios salariales e injusticias sufren sus trabajadores y trabajadoras.

Mientras esto siga así, desde CGT AMAYA seguiremos convocando para salir a la calle y luchar por nuestros derechos laborales, como hicimos el pasado 13 de mayo. Por que estamos orgullosos de lo que somos, de nuestro trabajo, y porque pensamos que otra forma de hacer las cosas no sólo es posible, sino necesario.

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