La recién estrenada consejera de Educación, Teresa Jiménez, va a estrenar el cargo con un conflicto laboral en la calle que culminará con un paro general de la enseñanza en Andalucía el día 21 de mayo, convocado por tres sindicatos, CGT, Ustea y SAVI y una Asociación de Profesores de Instituto (APIA), que encabezan el movimiento de rechazo al llamado Plan de Mejora y Calidad de los centros, conocido en los sectores educativos como « orden de incentivos » por no incluir más medidas que « ofrecer dinero a los profesores a cambio de aprobados ».

La recién estrenada consejera de Educación, Teresa Jiménez, va a estrenar el cargo con un conflicto laboral en la calle que culminará con un paro general de la enseñanza en Andalucía el día 21 de mayo, convocado por tres sindicatos, CGT, Ustea y SAVI y una Asociación de Profesores de Instituto (APIA), que encabezan el movimiento de rechazo al llamado Plan de Mejora y Calidad de los centros, conocido en los sectores educativos como « orden de incentivos » por no incluir más medidas que « ofrecer dinero a los profesores a cambio de aprobados ».

Aunque los sindicatos convocantes no son los mayoritarios en el sector educativo sí aglutinan el sentir mayoritario de los centros de enseñanza puesto que más del 77 por ciento de los claustros han rechazado acogerse a este plan de la Junta. En datos recabados por Apia, este rechazo es incluso mayor puesto que según el sondeo hecho por esta asociación en los centros el plan ha sido rechazado por un total 761 centros del total de 893, lo que supondría una tasa de negativa a aplicarlo del 85 por ciento. Los datos de que disponen los sindicatos proceden de la información que ofrecen los propios centros ya que hasta ahora la Consejería de Educación se ha negado en redondo a facilitarles datos oficiales de las decisiones tomadas por los claustros de los centros. Según el responsable de acción sindical de Ustea, el sucesor de Cándida Martínez y ahora, de nuevo, viceconsejero Sebastián Cano tiene dada la orden « tajante » en la Consejería de que no salgan esos « datos del fracaso de la orden ».

En este sentido, una de las primeras acciones del calendario de movilizaciones que han elaborado los sindicatos es concentrarse ante el Parlamento de Andalucía y reunirse con los grupos políticos y esperan que la consejera de un giro a la situación y acceda a entrevistarse con ellos, a hacer públicos los datos y a cambiar la política emprendida por el anterior equipo por una política real de mejora de la calidad de la enseñanza, Sin embargo, los representantes sindicatos son escépticos al respecto ya que el equipo anterior « se mantiene en un 90 por ciento ».

Dinero indigno

El fondo de la cuestión que rechazan los sindicatos, los claustros de los centros y los profesores es que se base la mejora de la calidad de la enseñanza en incentivar con dinero a los profesores. Consideran un insulto y algo indigno que se de a entender que los profesores no estaban haciendo todo lo que está en su mano por impartir la mejor enseñanza y peor aún que lo harán ahora por dinero. En este sentido, USTEA, APIA y CGT, además del CSIF tienen recursos judiciales contra la orden, Además, el representante de Ustea calificó de « malversación de fondos » el hecho de que la Junta vaya a dar ya 600 euros a los que han aceptado el incentivo a pesar de que este año no ha dato tiempo a poner nada en marcha.

Por este motivo, la plataforma sindical reivindica que se retire de forma inmediata la orden del plan de mejora de la calidad ya que ha sido rechazada por la inmensa mayoría del profesorado. Proponen a cambio otras medidas para elevar la calidad del sistema educativo, que van desde una subida línea de los salarios de los profesores « en compensación por la pérdida del poder adquisitivo y en pro de la homologación salarial ». También piden una reducción de las horas lectivas, un incremento real de las plantillas, estabilidad laboral para los interinos y que se aumente en todos los centros el personal no docente suficiente para atender las necesidades de la población caso de monitores, trabajadores sociales, psicólogos, etc.

Asimismo exigen que la ratio de los centros se baje a 20 en primaria, a 25 en ESO y a 30 en la enseñanza posobligatoria. Piden a la Consejería que desburocratice el trabajo de los profesores y sobre todo que haya un incremento progresivo de la inversión hasta situarla en el 7% del PIB.


Fuente: http://www.abcdesevilla.es/