El Comité Intercentros de Agencia de Medio Ambiente y Agua acuerda, por unanimidad, emprender acciones para la defensa del carácter público de AMAYA. Todos los sindicatos coinciden en que el informe de la auditoría realizada en AMAYA supone un ataque ideológico, frontal e injustificado a las trabajadoras y trabajadores del ente público y acusan al ejecutivo andaluz de querer abrir un proceso de privatización en la gestión del medio ambiente y las emergencias ambientales en Andalucía, escudándose en un informe supuestamente independiente, lleno de imprecisiones y sin el mínimo rigor técnico.
Todos los sindicatos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA) han acordado una hoja de ruta inicial para la defensa del carácter público de la labor que realizan los bomberos forestales y todos los trabajadores de AMAYA. Los representantes de la plantilla consideran que su trabajo ha sido cuestionado injustamente por el informe de la auditoría realizada en el ente público, que tachan de ideológico, así como por las declaraciones de algunos responsables políticos. Creen además que los resultados de la auditoría demuestran el escaso rigor técnico del proceso realizado, por estar plagado de errores, imprecisiones y afirmaciones tendenciosas.
En este sentido destacan, por ejemplo, que la auditoría confunde el absentismo laboral con el disfrute de permisos y compensaciones, que únicamente se ha evaluado el 70% de las actividades que realiza la Agencia, que no se concretan las duplicidades identificadas y que valoraciones como la realizada sobre la función de las torres de vigilancia en la alerta de incendios forestales, o sobre las concesiones en equipamientos de uso público, ponen de relieve el desconocimiento y la falta de profesionalidad del trabajo llevado a cabo.
En lo referente a las recomendaciones contempladas en el informe auditor, los sindicatos coinciden en que dichas recomendaciones son inaceptables. Consideran que la propuesta de aplicar despidos objetivos por incapacidad sobrevenida a los bomberos forestales, que por enfermedad o por edad, ya no pueden estar en primera línea de fuego, roza la crueldad contra personas que han realizado durante décadas un servicio público fundamental, jugándose la vida cada verano por la protección de los bosques y montes de Andalucía. Igualmente valoran que la recomendación de externalizar las actividades realizadas en AMAYA e INFOCA evidencia el objetivo final del proceso de auditoría, que no es otro que el de privatizar los servicios públicos vinculados a la conservación del medio ambiente andaluz y los relativos a la gestión de las emergencias ambientales.
Los sindicatos consideran que en ningún caso la auditoría realizada justifica que los trabajos realizados por empresas privadas resulten más económicos o eficientes que los desempeñados por trabajadoras y trabajadores públicos. A este respecto insisten en que esta cuestión evidencia el carácter ideológico del proceso encargado por el ejecutivo andaluz. En opinión de los sindicatos, una auditoria que parte de la premisa inicial de que lo privado es más rentable que lo público, no puede concluir otra cosa que la necesidad de privatizar los servicios públicos. Según su criterio, este discurso ya se ha demostrado como falso en ámbitos como la sanidad, la educación o el cuidado y la atención a las personas mayores, donde los procesos de privatización han conducido, en algunos casos, a situaciones lamentables.
La hoja de ruta acordada por los sindicatos de AMAYA incluye, entre otras acciones, la solicitud de una reunión con Carmen Crespo, titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la realización de una campaña en redes sociales contra la privatización de los servicios públicos relacionados con el medio ambiente, la prevención y la extinción de incendios forestales o la búsqueda de apoyos entre los grupos políticos del parlamento andaluz. En caso de que la reunión con la Consejera no diera el resultado esperado, los sindicatos de AMAYA anuncian la realización de paros y la elaboración de un exigente calendario de movilizaciones que podría extenderse desde el final del verano hasta el invierno.
Los representantes de los trabajadores de AMAYA informan además que van a estudiar, con sus servicios jurídicos, la denuncia de auditoría realizada en el ente público, dado que consideran que adolece del mínimo rigor técnico y que sus resultados son incomprensiblemente tendenciosos e injustificados. Según los sindicatos, todo el proceso de auditorías de los entes públicos ha sido un patinazo descarado del Gobierno andaluz, además de un enorme despilfarro de recursos públicos. Según fuentes sindicales, el ejecutivo andaluz confiaba en encontrar en las auditorías del sector instrumental de la Junta de Andalucía la gran demostración de la corrupción del PSOE en la Comunidad Autónoma y al no encontrar nada bajo la alfombra, atacan y descalifican a los trabajadores y al servicio público que realizan, mientras tratan de privatizar dichos servicios para repartir beneficios entre sus amigos.
Sobre esta cuestión, los sindicatos se preguntan si para alcanzar este nivel de diagnóstco está justificado el gasto de millones y millones de euros en consultoras y auditorías afines. En su opinión, resulta además grave y preocupante que el expediente de contratación para la auditoría de los entes públicos instrumentales de la Junta de Andalucía haya sido encargado a Pricewaterhouse Coopers (PwC), una empresa que ha sido acusada más de una vez de defraudar a la Hacienda Pública y cuyos principales directivos fueron encausados por la fiscalía anticorrupción. En este sentido, indican, que por ejemplo, en el año 2012 el Tribunal Supremo condenó a PwC a pagar más de 20 millones al Grupo Torras por una auditoría defectuosa que no reflejó con fidelidad las cuentas de la sociedad. En el año 2016 tuvo que pagar 37 millones de euros para evitar la cárcel de su expresidente y otros tres exdirectivos acusados de fraude a la Hacienda Pública, mientras que en el año 2017, un juez acreditó que PwC se lucró de un contrato fantasma a cambio de contribuir a la financiación del PP en la Comunidad de Madrid.
Fuente: Comité Intercentros de Agencia de Medio Ambiente y Agua
