M. F. R. PALMA. «La mayor cárcel del mundo es el miedo», dice Jaime Zambrano, responsable del área de inmigración del sindicato CGT, haciendo alusión al temor que sienten aquellas personas que, habiendo sido víctimas de un caso de explotación laboral, no se atreven a denunciar lo sucedido por no tener en regla su situación en nuestro país.
El miedo a que les expulsen gana a la indignación y la mayoría de los afectados por esta situación, generalmente trabajadores del servicio doméstico y de la construcción, prefieren callarse antes que reclamar que le paguen lo convenido. Los empresarios, conscientes de este temor, se aprovechan, indican desde CGT.
En los últimos cuatro años, este sindicato ha atendido a más de mil foráneos por cuestiones de este tipo, buena parte de ellos en situación irregular, animándoles a iniciar procesos judiciales contra esos empleadores que les pagaron nada o menos de lo convenido. «Los que lo hicieron ganaron y los empresarios tuvieron que pagar», dice Zambrano.
Desde Comisiones Obreras señalan que otro factor que impide que se denuncien más estas situaciones es que normalmente estos trabajadores no saben cuáles son sus derechos ni a dónde han de acudir.
Por otra parte, Comisiones indica que las características de este tipo de trabajo, que además está regulado por una normativa «desfasada y obsoleta», provocan que sea muy difícil aclarar en primer lugar qué condiciones laborales se pactaron y, en segundo lugar, quién tiene razón. La normativa vigente es de 1985 y en ella figura entre otras cosas que no existe ni la obligación de hacer el contrato por escrito ni la de registrar esa actividad en el Servicio Público de Ocupación. Si ya es difícil demostrar que existe una relación laboral entre empleado y empleador, ¿cómo probar que una de las partes ha violado las condiciones pactadas ?
Por ello, desde las asociaciones de inmigrantes y de las agrupaciones sindicales señalan la inutilidad de esta normativa y reclaman que se modifique.
Por otro lado, si bien los sindicatos confirman la existencia de esta explotación laboral silenciada, también señalan que algunos empleadores les han consultado qué procedimiento deben seguir para hacer un contrato legal y normalizar la situación del empleado.
Fuente: http://www.diariodemallorca.es
