El Ministerio de Justicia y la Asociación de Ex Presos Sociales han iniciado conversaciones para que los gays y lesbianas perseguidos por el franquismo reciban una indemnización y una pensión igual que otros presos políticos. El primer encuentro ha sido mantenido esta semana por Fernando Flores, de la Secretaría de Estado de Justicia y el presidente de la asociación, Antoni Ruiz, según ha informado Carla Antonelli, de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transexuales. Se acordó que, por un lado, todos los historiales policiales por homosexualidad serán archivados, pero por otro que los interesados podrán tener acceso a ellos para documentar la represión.

El Ministerio de Justicia y la Asociación de Ex Presos Sociales han iniciado conversaciones para que los gays y lesbianas perseguidos por el franquismo reciban una indemnización y una pensión igual que otros presos políticos. El primer encuentro ha sido mantenido esta semana por Fernando Flores, de la Secretaría de Estado de Justicia y el presidente de la asociación, Antoni Ruiz, según ha informado Carla Antonelli, de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transexuales. Se acordó que, por un lado, todos los historiales policiales por homosexualidad serán archivados, pero por otro que los interesados podrán tener acceso a ellos para documentar la represión.

Ruiz aseguró que los representantes del ministerio se mostraron de acuerdo en conceder una indemnización y una pensión vitalicia a los afectados. La medida se extenderá a homosexuales y transexuales, y también a otras personas (prostitutas, gitanos) que fueron perseguidos por las leyes de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad Social después.

La medida es un paso más después de que el pasado 15 de diciembre el Congreso aprobara una declaración en «reconocimiento a todas las personas que durante el régimen franquista padecieron persecución y cárcel por su orientación o su identidad sexual, y cuyo sufrimiento no ha sido aún reconocido».

El número de beneficiarios se desconoce, aunque historiadores como Arturo Arnalte lo cifran en menos de un centenar, porque «la mayoría ya han muerto o son muy mayores y no quieren revivir esa época».

La persecución de homosexuales y transexuales se prolongó hasta 1979, cuando se derogó la ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Esta situación impidió que los presos se beneficiaran de las dos amnistías de la transición. Sus historiales policiales tampoco fueron limpiados, por lo que las fichas siguieron reflejando los antecedentes de homosexualidad. La indemnización a estos perseguidos cerraría un proceso de reconocimiento que comenzó hace un par de años. Los gobiernos de Andalucía y Extremadura han realizado actos de desagravio en Huelva y Badajoz, donde hubo cárceles para homosexuales. El Gobierno de Canarias ha hecho un homenaje en el centro de prisioneros de Tefía (Fuerteventura), un «auténtico campo de concentración», según Octavio García, ex preso.


Par : El País