Los 7,8 millones de pensionistas que hay en España perdieron «al menos» un 28% de poder adquisitivo durante los últimos cuatro años, según datos provisionales del análisis encargado a la empresa de estudios de mercado Demoscopia por la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de la UGT. En Extremadura hay en torno a 217.000 pensionistas, de los 111.000 son jubilados.
El estudio trata de averiguar el impacto real de la inflación en las rentas de los pensionistas. Con un presupuesto de 36.000 euros (seis millones de pesetas), el trabajo analiza la evolución de los precios en la treintena de productos y servicios que este colectivo consume habitualmente.
El responsable de la UJP, José Antonio Alonso, sostiene que hay subidas de precios que producen una erosión mucho mayor que otras en el coste de la vida de los jubilados. La mayor parte del gasto de los pensionistas se circunscribe a la alimentación y al vestido, por encima de otros bienes de consumo como el transporte, el ocio, la enseñanza, la vivienda y la sanidad. Capítulos cuyo consumo no es habitual entre ellos, o bien están subvencionados o les son gratis.
PRODUCTOS BASICOS Los primeros datos que arroja este estudio revelan que el nivel de vida de los pensionistas bajó un 7,4% en el 2003 por el efecto de la subida de los productos básicos. «Y eso que la inflación del año pasado fue la mejor de la legislatura, porque en el 2002 subió al 4%, en el 2001 estuvo en el 2,7% y en el 2000 fue también del 4%», recuerda Cándido Méndez, secretario general de UGT.
A la luz de lo que indica el índice de precios de consumo (IPC) de los últimos cuatro años, los alimentos sin elaborar experimentaron subidas que oscilan entre el 6,1% y el 7% cada año. Frente a estas alzas, el Seguro aumentó las prestaciones igual que la inflación, es decir entre el 2,6% del año pasado y el 4% de los años 2000 y 2002.
Pero la UJP prefiere manejar los datos del seguimiento mensual de precios de los alimentos que elabora el Ministerio de Economía. Esta encuesta desvela un encarecimiento medio del 10% en los productos alimenticios más básicos, aunque algunos, como los huevos (20,87%), las patatas y sus derivados (19,5%) y las frutas frescas (12,2%), subieron por encima de ese promedio.
Además, los supuestos beneficios de las reformas fiscales han pasado de largo para cuatro millones de pensionistas que no tienen que hacer la declaración de la renta y que, sin embargo «sufren el aumento de los impuestos indirectos» en los artículos que compran, dice Alonso. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) —que agrupa a los países más industrializados del mundo— y que maneja el sindicato, la presión fiscal ha subido 2,3 puntos en España en los últimos cuatro años.
El responsable sindical de los jubilados ugetistas insiste en que, frente a este incremento del coste real de la vida, el Gobierno español «se ha limitado a subir las pensiones según la inflación, porque le obliga una ley de 1995, y a subir las bases reguladoras de algunos tipos de prestación, que no de todas».
SUBIDA ADICIONAL Según los cálculos de la UGT, el incremento adicional de las pensiones respecto del coste general de la vida en estos últimos cuatro años se ha limitado a un 1,8% por el efecto de las subidas de las pensiones mínimas y las de viudedad. La pensión media se sitúa actualmente en 548,5 euros al mes (91.262,7 pesetas) y la mínima es de 240 euros mensuales.
Frente a estas cantidades, «el Ministerio de Trabajo subraya el superávit de la Seguridad Social, y se ha gastado 75 millones en una campaña publicitaria que, si se hubiera destinado a las prestaciones mínimas, hubieran subido un 33%», según los cálculos de la UJP. Por último, UGT recuerda que el PP no ha puesto en marcha la ley de prejubilaciones que prometió.
La pobreza ronda a un millón de pensionistas
España tiene casi seis millones de indigentes, personas cuyo gasto es inferior al 50% de la media de los hogares (5.469,8 euros al año). De ellos, un millón son pensionistas, y el 57,4%, mujeres. La cuarta parte de este colectivo vive en Andalucía, donde la Junta cada año complementa las prestaciones más bajas, lo que ha originado la presentación de recursos por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Otro 32,6% se reparte entre Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Galicia.
Además, el 73% de todas aquellas personas que perciben alguna prestación de la Seguridad Social (5,7 millones) ingresan menos de 600 euros mensuales.
Par : Periódico Extremadura
