El Gobierno parece resignado a la conflictiva inestabilidad laboral de los profesores de religión, que tantos reproches judiciales está causando al Estado. El empleo de estos docentes, contratados y pagados por el Estado, pero seleccionados por los obispos cada curso, seguirá en manos de la jerarquía católica, según el borrador de real decreto que regula esa relación.
Pese a que el proyecto advierte inicialmente de que el contrato de estos profesores se renovará automáticamente cada año escolar «salvo remoción ajustada a derecho», a la hora de regular los motivos de su extinción el Ejecutivo mantiene uno que tiene en pie de guerra a varios sindicatos y, lo que es peor para el Gobierno, a los tribunales de Justicia. Es decir, la aceptación de que «el contrato de trabajo se extinguirá por retirada de la autorización para impartir clases de religión de la Confesión religiosa que la otorgó».
Con tan farragosa redacción el Ejecutivo socialista está aceptando lo que los obispos proclaman con tesón : que son ellos, y no la Administración que contrata y paga, los que deciden cada año quién es profesor de catolicismo, y quién no. Los motivos para dejar sin empleo a esos docentes (borrándolos de la lista de los propuestos a Educación el año anterior) son de este tenor : haberse casado con un divorciado, participar en una huelga legal, irse de copas con amigos, pedir amparo a la Justicia o, sencillamente, ningún motivo concreto.
Se cuentan por centenares las sentencias conocidas que han reprochado ese proceder. Es más, la Generalitat de Cataluña le dijo en abril de 2003 a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, donde acababa de perder otro pleito por despido ilegal de un profesor de catolicismo, que «no tiene por qué apechar con las consecuencias de una determinada conducta del Arzobispado de Barcelona». La sentencia que tanto enojó al Gobierno catalán decía que eran «claros los indicios de que la finalización del vínculo laboral del docente obedeció no al carácter temporal de la contratación, sino a la actitud de represalia por la reclamación del profesor frente a una modificación de sus condiciones de trabajo, que había originado una mala relación con el Obispado». El juez habló, incluso, de «manifestaciones de feudalismo industrial que repugnan al Estado social de derecho».
Son miles los docentes que se enfrentan a situaciones de este tipo, con ejemplos tan insólitos como el de la profesora Araceli Gómez Jaén, de Canarias, cuyo despido ha sido declarado nulo por quinto año consecutivo -cinco sentencias en cinco años, desde el curso 2001-2002-, con las correspondientes indemnizaciones por «daños morales» a cargo, no del obispado que la deja sin empleo, sino del Gobierno regional que ejecuta sin rechistar, curso tras curso, los designios del prelado local.
Fuente: JUAN G. BEDOYA/EL PAÍS
