"Pan, libertad y Justicia Social". Con este lema en enero de 2011 salieron a las calles cientos de miles de egipcios reclamando la caída del régimen Mubarak. Un año y pico después el lema sigue de total vigencia ya que los caminos de la revolución egipcia han evolucionado poco en estos 3 elementos que estaban en el corazón de las reivindicaciones sociales de la revuelta.

Los acontecimientos políticos han aportado una nueva lucha de poderes en el país, en la que las hasta ahora etéreas pero consistentes fuerzas islamistas han adquirido clara relevancia política. Pero los presumibles pactos para dormir el corazón social de la revuelta parecen encontrarse en el corazón de la colorización, al estilo de la Europa del Este, de la revolución egipcia.

Los acontecimientos políticos han aportado una nueva lucha de poderes en el país, en la que las hasta ahora etéreas pero consistentes fuerzas islamistas han adquirido clara relevancia política. Pero los presumibles pactos para dormir el corazón social de la revuelta parecen encontrarse en el corazón de la colorización, al estilo de la Europa del Este, de la revolución egipcia.

Los cambios políticos han sido aún excesivamente superficiales y difícilmente pueden compensar, popularmente, la inestabilidad social y económica que el período de transición implica. Los militares y las fuerzas islamistas han estado excesivamente preocupadas en su interna lucha de poder y en hacer esfuerzos para detener el ímpetu que pretende profundizar en el proceso iniciado el 25 de enero. El parlamento, fruto de unas elecciones realizadas convulsa y precipitadamente, no ha logrado ganarse el respeto de la población. Con pocas semanas de vida este ha presenciado más escenas cómicas y polémicas kafkianas que no ha sido capaz de emitir leyes efectivas largamente reclamadas por la población. Una de las pocas leyes emitidas es, simbólicamente, la que pretende establecer un bando en las páginas pornográficas de internet, mientras la cámara ha sido incapaz de poner presión al gobierno en hechos más relevantes como la crisis del suministro de gasolina, la persecución de los delitos del antiguo régimen o el reconocimiento de las reformas laborales reclamadas desde hace tiempo por los agentes sociales.

El parlamento, al igual que el gobierno, se ha mostrado simple títere de un régimen militar que todavía a estas alturas hace y deshace a su entender y amenaza, cuando conviene, de que el camino de regreso es fácil y tiene antecedentes. El escenario de 1954, cuando el nasserismo combatió las ansias de poder de las fuerzas islamistas ilegalizando los Hermanos Musulmanes y encarcelando a sus líderes, vuelve a estar en el imaginario popular. Los militares incluso han hecho referencia indirecta en alguna ocasión. Esto ha favorecido una oposición dócil e incluso colaboradora de una hermandad en la que el ala neoliberal vinculada a los hombres de negocios islamistas parece haber ganado claramente la lucha de poder interna. Una lucha ejemplificada en la confrontación entre Khair Shati, auténtico hombre fuerte de la formación, y Abd el Menes Abou el Fottouh, representante de un ala más moderada y social y que acabaría siendo expulsado de la formación. Los islamistas, en esfuerzos diplomáticos constantes con Estados Unidos, fueron definidos recientemente por algunos medios estadounidenses como «más cercanos al Tea Party que a Al Qaeda».

La única presión islamista a los militares es para alcanzar nuevas cuotas de poder. Los Hermanos llevan semanas presionando, sin éxito, a los militares para tratar de hacerse con el gobierno, pero las propuestas de Tantawi han sido rechazadas hasta ahora. Parece que el desacuerdo se encuentra en el reparto del pastel y en las carteras que unos y otros quieren controlar. Como respuesta, los Hermanos, en coalición con los salafistas del Nour, han abrumado con 3/4 partes la comisión redactora de la constitución en un movimiento que ha sido denunciado como golpista por la práctica totalidad del resto de fuerzas políticas, que han boicoteado la comisión y han anunciado movilizaciones. Posteriormente, la comisión sería anulada judicialmente por inconstitucional, por lo que habrá que formar ahora una nueva comisión más equitativa.

Aparte de la redacción constitucional, el horizonte inmediato se encuentra en las elecciones presidenciales del próximo mes de mayo y junio. Entonces se prevé el esperado traspaso del poder militar, aunque pocos creen que esto sea el final del control militar de la política egipcia. De las más de 900 pre-candidaturas 23 presentaron los papeles necesarios pero 10 eran descalificadas por la Comisión Electoral. Entre estas 3 eran los principales favoritos. El salafista Hazem Abu Ismail, un conservador tele-predicador que logró ser el candidato en presentar más apoyo popular, era descalificado por la polémica nacionalidad americana de su madre. Khair Shati, el candidato de última hora de los Hermanos Musulmanes, también era apartado de la contienda. En este caso por sus antecedentes penales durante la era Mubarak. De hecho Shati debería estar actualmente cumpliendo condena, pero fue liberado pocas semanas después de la caída del rais «por razones de salud». El tercer favorito al ser descalificado era el antiguo jefe de los servicios secretos Omar Suleiman, conocido con el apodo de «torturador en cabeza» de Egipto. En este caso la decisión apelaba a la falta de firmas legales suficientes presentadas a tiempo.

Suleiman anunció su candidatura a pocas horas del fin del plazo como respuesta a la previa candidatura de Shati por los Hermanos Musulmanes, que hasta una semana antes del cierre de los plazos habían perjura que no presentarían candidato. Algunos ven, sin embargo, una posible estrategia conjunta para justificar la comprometida ilegalización de la candidatura del salafista Abu Ismail, quien cuenta con un coro de fieles seguidores. Hasta dentro de unos días no se sabrá una resolución final, tras las apelaciones de los candidatos, que podría allanar el camino al ex-secretario de la Liga Árabe, Amr Moussa.

Pero la lucha política da poco margen de esperanza a inminentes avances en cuanto a las reivindicaciones sociales en el corazón del levantamiento popular del 25 de enero de 2011. A la caída del dictador se emitieron leyes que criminalizaban el derecho a huelga y manifestación «que afecte a los intereses económicos», en una de las propuestas que ha generado más consenso entre liberales, islamistas y militares. Las protestas obreras, con algunas victorias relevantes pero aisladas, continuaron en el país a pesar de las fuertes campañas de criminalización contra quienes quieren «parar la rueda de producción». Significativamente, las diversas resoluciones judiciales por la renacionalización de empresas privatizadas de forma corrupta se ha topado con la falta de voluntad política para aplicarlas y, en la práctica, en la parada de su producción.

La esperada abolición de la ley de emergencia, entregada parcialmente como un regalo del primer aniversario del 25 de enero, no ha puesto fin a la persecución de las huelgas y movilizaciones obreras. Hace pocas semanas, por ejemplo, se denunciaba la invasión militar de una fábrica en el canal de Sues para poner fin a la movilización de sus trabajadores. El miembro del Consejo militar Mahmoud Nasser, alertaba hace pocas semanas que los militares «lucharemos por nuestros proyectos económicos, porque nos han supuesto un gran esfuerzo y son nuestra alma».

En esta lucha también han encontrado el apoyo de unas fuerzas islamistas empeñadas en defender las medidas neoliberales. Los islamistas han llegado a afirmar que las políticas económicas del régimen Mubarak no eran malas, y que el problema era sólo la corrupción. Mientras se calcula que los militares podrían llegar a controlar hasta un tercio de la economía, se calcula que hombres de negocios vinculados a los Hermanos Musulmanes podrían controlar hasta el 27%. En este sentido se entiende la alianza entre islamistas y militares en la represión de los movimientos laborales.

La propuesta parlamentaria de ley por el derecho a manifestación también ha levantado polémica y ha sido denunciada por grupos de derechos humanos como «más restrictiva que la ley colonial de 1923». La persecución política, así como la tortura policial, todavía no es extraña en el país. Aunque 2000 prisioneros islamistas han sido liberados desde la caída de Mubarak, más de 12 mil civiles han tenido que hacer frente la férrea justicia militar, muchos de ellos por simplemente haber expresado su oposición al poder militar o participado en manifestaciones incómodas por la Junta.

Más de un año después de la caída del dictador Mubarak ninguno de los cerca de 200 agentes acusados ​​de matar a más de 800 manifestantes durante los enfrentamientos del año pasado ha sido condenado. La única sentencia firme, en ausencia de un agente fugitivo, fue inexplicablemente revocada y vuelta a revisar al entregarse el policía condenado. Las únicas sentencias emitidas han sido todas absolutorias, mientras la mayoría de los agentes procesados ​​siguen aún hoy en el cargo, en el mejor de los casos simplemente re-ubicados en otros comisarías. Y es que la no solución del conflicto con el aparato policial, en el corazón de las demandas revolucionarias, ha sido la chispa que hizo encender la mayoría de nuevos enfrentamientos reproducidos en los últimos meses.

De hecho parece que una de las cartas en las que se puede encontrar la clave de la transición está en la aceptación o no, por parte de los Hermanos Musulmanes, de una amnistía que exonere de responsabilidades de los abusos cometidos desde el poder. Parece que en este sentido diversos cuerpos diplomáticos deberían haber tratado de convencer a los islamistas de la conveniencia de pasar página hacia el ejército.

Mientras occidente sigue promocionando el concepto de la revolución facebook los activistas denuncian el papel clave del cambio total de prisma que medios como Al Jazeera han tomado desde la caída del dictador. Lo que antes era un medio que daba voz preponderante en la oposición, con encendidos reportajes denunciando los excesos del régimen, ahora es catalogado por muchos como una punta de lanza de la contrarrevolución. Algunos consideran clave el encuentro que el mariscal Tantawi tuvo con el emir de Qatar el pasado mes de mayo y que podría haber marcado el cambio de política de un medio que está perdiendo, en la llamada primavera árabe, todo el prestigio que hubiera podido adquirir los últimos años.

Pero el corazón revolucionario, las formaciones políticas del que todavía están demasiado alejadas del terreno y en buena parte han sido convencidas del concepto de ciber-revolución, tiene mucho camino por recorrer. Para conmemorar el aniversario de la marcha de Mubarak, el 11 de febero, los activistas convocaron una jornada de desobediencia civil y huelga general. La convocatoria fue atacada ferozmente por los medios del régimen y de los grupos islamistas, mostrando la fuerza de la convocatoria, pero fallaron en el corazón organizativo mismo. Convocada por las redes sociales de internet, carecía de una auténtica raíz popular que le diera apoyo y, evidentemente, fue un fracaso cuantitativo. Pero muchos activistas, amasados ​​en el clasismo heredero de la brutalidad económica del régimen Mubarak, en lugar de reconocer su responsabilidad en el fracaso bramaron que la clase trabajadora les había fallado.

Y es que, por mucho que algunos hablen, la revolución no será tuiteada

* Artículo publicado en los Cuadernos de Illacrua 103, incluidos en el núm. 270 del semanario Directa.


Fuente: Marc Almodóvar