Cuando se escriben estas líneas son ya centenares las páginas de los periódicos dedicadas a alertar sobre las posibilidades de apagones en verano. La prensa vive con gozosa histeria el “síndrome de California” dentro de nuestras fronteras. Aunque es verdad que este fenómeno viene produciéndose en los últimos años (con especial gravedad en algunos sistemas insulares) y que será más frecuente este año, no lo son algunos de los argumentos que se esgrimen.
No es cierto, por ejemplo, que exista un problema de falta de potencia instalada en el sistema peninsular. La máxima potencia histórica demandada tuvo lugar el 1 de marzo de este año y alcanzó los 38.200 MW. Los valores máximos de potencia solicitada en verano adquieren cada vez cifras más altas y se repiten con más frecuencia pero aún no alcanzan en la península los valores de invierno. Para cubrir estas demandas había instalados en el sistema peninsular el día 1 de enero 47.362 MW en el sistema convencional, a los que hay que sumar 12.504 MW del llamado régimen especial o de autoproductores, que ha alcanzado cifras significativas en los últimos años. Puede afirmarse por tanto que existe potencia suficiente para atender la demanda, aunque más de 16.000 MW son de centrales hidráulicas y 6.200 de parques eólicos, que no garantizan disposición total en cualquier circunstancia, y aunque bastantes plantas de fuel-oil y nucleares se sitúan cerca de los 30 años de funcionamiento. Es evidente que uno de los motivos de la aparición de estas informaciones es presionar a las administraciones para agilizar los trámites para la construcción del aluvión de centrales de gas en ciclo combinado, que están encontrando mucho más rechazo del previsto.
Lo que existe en realidad son centenares de problemas puntuales de distribución de electricidad. Es decir de aporte de energía eléctrica, generalmente en baja tensión, a los usuarios finales. En el origen del mismo está el rápido crecimiento de la construcción de nuevas viviendas o de plazas hoteleras y el equipamiento creciente de las mismas, que no se ha visto acompañado de un desarrollo simultáneo de las redes de distribución. Los aires acondicionados, que demandan una gran potencia y que son requeridos a ciertas horas del día, son en gran medida responsables de los picos puntuales de demanda que ocasionan los apagones. Esto explica que se produzcan en áreas turísticas costeras y en las zonas de segundas residencias en el interior que sufren altas temperaturas.
La estrategia de las compañías eléctricas pasa por culpabilizar a las autoridades municipales y autonómicas por la lentitud a la hora de conceder las autorizaciones necesarias para ampliar la red. El peligro es que aumentarán los sectores sociales (hostelería, comercio, servicios,…) que exigirán soluciones a “sus problemas” sin prestar mucha atención a las causas.
La estrategia de Ecologistas en Acción debe ser la de estar presente en este debate, desvelando las causas y los causantes y apuntando soluciones en una vía diametralmente opuesta a la “obvia” : ampliar sin más las redes lo más rápidamente posible. Aunque no sobra en este punto señalar que las eléctricas han abandonado sus inversiones en distribución para dedicar sus recursos a negocios más rentables como compra de compañías en latinoamérica, nuevos negocios telefónicos… Debe señalarse que en el origen del problema está la renuncia a considerar el suministro eléctrico como servicio público esencial que se consolidó en la ley del sector eléctrico, lo que conlleva un debilitamiento de las obligaciones de las compañías.
También la política del gobierno de trasladar a los precios de la electricidad la reducción que se operaba en los costes, lo que ha significado un incremento espectacular de la demanda de electricidad. Desde 1996 los precios han disminuido en términos reales más de un 30% al tiempo que la demanda se ha incrementado en mayor porcentaje. El objetivo de esta política era contener la inflación y obtener réditos electorales, la consecuencia colateral, un “incremento en el ritmo de crecimiento” del consumo de electricidad que cada año supera la producción a plena carga de la central nuclear de Garoña. Junto a ello podría señalarse el abandono durante estos años de los escasísimos fondos (5000 millones de pta/año) que la ley preveía para programas de gestión de la demanda, la nula intervención en la mejora de la eficiencia de los equipos consumidores de electricidad, la también nula vigilancia del cumplimiento de las normas de edificación y de instalación de equipos eléctricos.
En definitiva debe plantearse una política de precios eléctricos que propicie el uso eficiente de la electricidad, aprovechando los periodos de caída de los costes para introducir impuestos ambientales finalistas. Por ejemplo, para aplicar programas de reducción de demanda en las zonas con apagones. Junto a ello actuaciones para facilitar el uso más razonable de la electricidad (equipos obligatoriamente más eficientes, stándares de instalación y uso, información pública…). Tampoco sobra, aunque tenga una eficacia real escasa a corto plazo, insistir en las posibilidades de la energía solar (tanto fotovoltaica como térmica para refrigeración de espacios) en la solución de estos problemas. Ya que aparte de producirse en los lugares de consumo, el recurso alcanza valores máximos coincidiendo con las horas de máxima demanda.
Par : Ecologistas en acción
