Los activistas de Ecologistas en Acción denunciados por CaixaBank por una acción en su sede central se reafirman en sus acusaciones.-
Ayer empezaron a declarar los ocho imputados de Ecologistas en Acción por realizar una acción directa noviolenta en la sede central de CaixaBank denunciado sus actividades. En la declaración ante el juez los ecologistas denunciaron las actividades de destrucción ambiental y social de CaixaBank por su responsabilidad en el fomento del boom inmobiliario y en las políticas de Repsol y Agbar.
La acción por la que se inicia el juicio tuvo lugar el pasado diciembre y consistió en el despliegue de tres pancartas en la fachada de la sede central de CaixaBank, en Barcelona.
La acción por la que se inicia el juicio tuvo lugar el pasado diciembre y consistió en el despliegue de tres pancartas en la fachada de la sede central de CaixaBank, en Barcelona.
En sus declaraciones al juez, los activistas señalaron que CaixaBank es el accionista de referencia de Repsol. Los impactos sociales y ambientales de las actividades de la petrolera han sido ampliamente denunciados por Ecologistas en Acción. Sin ir más lejos, al calor de la polémica por la nacionalización, como culminación del Congreso Confederal de YPF, la organización ecologista señala la responsabilidad de la petrolera en el calentamiento global (mayor que la del Estado español en su conjunto), su actividad contaminante en parques nacionales (como la Reserva de la Biosfera Yasuní, en Ecuador), su destrucción de puestos de trabajo (de los 55.000 que existían antes de la privatización de YPF quedan hoy 6.000), su apuesta por los proyectos más contaminantes y peligrosos (como la fractura hidráulica en Vaca Muerta, Argentina, o las prospecciones en frente al Delta del Ebro, en aguas ultraprofundas en Canarias y la costa carioca) o su evasión de impuestos (a través de las 13 filiales que posee en paraísos fiscales). De todo ello es corresponsable CaixaBank.
Además, el banco con sede en Barcelona, es el segundo accionista de Agbar, uno de los principales impulsores de los procesos de privatización del agua en nuestro Estado y en América Latina. El 90% de la gestión privada del agua en ciudades españolas está en manos de Agbar o de FCC. Esta privatización ha generado una disminución de la calidad del servicio, con un aumento de las tarifas allí donde se ha llevado. Un ejemplo del funcionamiento de Agbar es que en 2010 despidió a 194 trabajadores/as y, paralelamente, repartió 90 millones de euros en dividendos y compraba la Torre Agbar, por valor de 165 millones de euros.
Casos similares son los de Gas Natural – Fenosa o Abertis, en los cuales CaixaBank también es un accionista fundamental y corresponsable de las vulneraciones de derechos sociales y ambientales de estas multinacionales.
Los activistas también denunciaron a CaixaBank por sus actividades inmobiliarias y su responsabilidad en la destrucción ambiental que produjo el boom urbanístico. Un boom que, como es bien sabido, está detrás de la crisis económica actual. Un dato que ilustra las tremendas inversiones especulativas en ladrillo de CaixaBank es que el pasado jueves anunció que aprovisionaba casi 2.500 millones de euros para su cartera de crédito inmobiliario, esa que no puede vender fruto de la crisis.
Por último, los ecologistas también denunciaron que, a pesar de todo esto, CaixaBank está recibiendo generosas ayudas públicas para su expansión, con las que se ha convertido en el primer banco del Estado español con 342.618 millones de euros en activos, por delante del BBVA y del Santander. Tal es el caso de su reciente adquisición de Banca Cívica, que había recibido 977 millones de euros de ayudas públicas. Unas ayudas que contrastan con los fuertes recortes en los temas ambientales en los Presupuestos Generales del Estado.
Por todo ello, Ecologistas en Acción denuncia que a CaixaBank no se le exigen responsabilidades por su contribución al cambio climático, la crisis económica, la destrucción de puestos de trabajo, la enajenación de bienes públicos, la pérdida de biodiversidad, o la contaminación ambiental, sino que, además, se le premia con ayudas públicas. Esto contrasta fuertemente con que ocho activistas de la organización se enfrenten a penas de prisión por desplegar de forma pacífica tres pancartas denunciando estos hechos, una actuación no violenta que apoya toda la organización, que participó de forma masiva con una concentración en la calle, mientras se desplegaban las pancartas.
Ecologistas en Acción afirma que seguirá luchando por que se haga justicia, en lo ambiental y en lo social. También pide que se archive esta causa. Si los Juzgados no imparten justicia, la organización continuará realizando las acciones pacíficas de desobediencia civil que considere más adecuadas para que así sea.
http://www.ecologistasenaccion.org/
Fuente: Ecologistas en Acción
