Los 8 de Caixabank

Artículo publicado en Rojo y Negro nº 378, mayo 2023

El 5 de diciembre de 2017, ante la proximidad del juicio de desahucio de una compañera, varias activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara acudieron a una sucursal de Caixabank, en el municipio de Cabanillas del Campo de Guadalajara.
Reclamaban el compromiso escrito de no continuar con el proceso de desahucio, puesto que así se había asegurado verbalmente por parte de la entidad bancaria. Se trataba de una negociación, como otras muchas, para evitar el desahucio de la afectada, quien junto a sus hijos recuperó una de las decenas de viviendas que el banco tenía vacías en el municipio.
El obtener por escrito el compromiso verbal quitaría a la afectada presión y le daría capacidad para poder reunir lo que la propia entidad le exigía, acceder al alquiler social y no ser desalojada de la vivienda.
Los representantes de Caixabank, sin embargo, se negaron a hacer efectivo el escrito, manteniendo la presión sobre la afectada. De hecho, respondieron a nuestra exigencia llamando a la Guardia Civil, ésta procedió a la detención de las activistas que a la hora del cierre de la sucursal decidieron permanecer allí. Ocho en total.
Se les acusó de delitos, cuyas peticiones, la del fiscal Bernardino Díaz y la acusación particular, van desde un año hasta los tres años y siete meses de prisión que solicita Caixabank.
Las detenidas fueron esposadas y conducidas a los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de Guadalajara. Allí fueron aislados en celdas individuales, sin proporcionárseles mantas, ni agua, ni ningún alimento, ni posibilidad de ir al servicio. Se tomaron sus huellas y fotos y permanecieron allí durante ocho horas, hasta que la presión y solidaridad de las compañeras, desde fuera del cuartel, lograron que fueran liberadas pasadas las once de la noche.
El Juzgado de lo Penal nº 1 de Guadalajara, tras el proceso de instrucción, hizo el llamamiento a juicio oral contra las activistas, acusadas de delitos de resistencia a la autoridad, de desobediencia, coacciones y desórdenes públicos.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, Caixabank borró las imágenes de las cámaras de seguridad del interior de la sucursal. De esta forma evitaban estar en posesión de pruebas que negaran las graves acusaciones sobre las activistas, y ello pese a que las grabaciones fueron requeridas por el Juzgado para su entrega. Este hecho, realmente grave en cualquier proceso penal, evidencia que la entidad, y también la Fiscalía, basan sus acusaciones exclusivamente en la palabra del director de la sucursal y de un cargo intermedio de la entidad.
Uno de los delitos imputados por ambas acusaciones es el de allanamiento de establecimiento abierto al público. Se trata de una figura penal creada durante el mandato de Mariano Rajoy en 2015, que penaliza una forma de manifestación histórica, y que convierte en delito el desarrollo de protestas pacíficas en el interior de sucursales bancarias.
Y todo ello a pesar de que los agentes de la Guardia Civil declararon en el procedimiento que no existió violencia alguna ni resistencia, más allá de la oposición pasiva de las personas detenidas, que fueron levantadas del suelo en el momento de la detención.
El derecho a la protesta, otra vez amenazado.
Este proceso penal tiene gravísimas consecuencias sobre derechos fundamentales como lo es el derecho de reunión o el derecho a la protesta.
La Fiscalía, que es la representante del Estado, ha comprado, por tanto, el relato de Caixabank —que gozó del «derecho» a destruir pruebas—. La detención de 8 personas en el marco de una reunión pacífica es una prueba más del atropello de derechos fundamentales que España viene viviendo con las sucesivas reformas penales y administrativas que, en previsión de una situación social cada vez más convulsa, están diseñadas para atajar cualquier clase de protesta.
Este marco legal ha sido reprochado internacionalmente desde 2015. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el examen periódico realizado a España, viene advirtiendo que el marco legal que se está aplicando en casos como el de las #8deCaixabank es incompatible con los derechos reconocidos en la Carta de la ONU.
La crisis económica, el elevado índice de desempleo y de pobreza y las medidas de austeridad, inevitablemente, van a conllevar un incremento importante de la protesta social; y el hecho de que en causas como ésta, se apliquen una batería de imputaciones carentes de cualquier sustento probatorio no tienen nada que ver con la defensa de la legalidad, sino con establecer una política de amedrentamiento y miedo contra las personas que levanten la voz frente a injusticias. Así ha sido en el caso de la afectada, trabajadora en precario, madre soltera de tres hijos y condenada al desahucio.
La cobardía de los sucesivos gobiernos al no abordar el problema de la vivienda desde una perspectiva garantista, al no combatir la especulación inmobiliaria y financiera, y enfrentarse a los capitales que, como Caixabank, es la responsable del drama habitacional existente en nuestro país.
Una de las constantes que los movimientos sociales están viviendo es el incremento del abuso estatal y policial, algo de lo que este caso no está exento. El principal delito imputado, el de allanamiento de establecimientos abiertos al público, se trata de un delito leve (las antiguas faltas, que tras la reforma penal de 2015 se han endurecido). La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que no pueden ser detenidas aquellas personas a quienes se les impute un delito leve. Luego, si los propios agentes de la Guardia Civil reconocen la inexistencia de violencia ni resistencia, ¿a qué se debe la detención y la gravedad de las imputaciones? Es posible, incluso, que la exacerbación de los delitos no tuviera otro propósito que justificar unas detenciones claramente ilegales.
El 30 de noviembre de 2022 se debía haber celebrado el juicio. Fue suspendido después de haberse informado de que se celebraría a puerta cerrada. La jueza designada para presidir el tribunal era una persona muy especial. Se llama María del Carmen Molina Mansilla. Es una jueza que acumula numerosas quejas por maltrato a detenidos e imputados. Saltó a la palestra nacional cuando era jueza de violencia de género en Vitoria, en la que tuvo un durísimo interrogatorio a una víctima de violación a la que preguntó «si había cerrado bien las piernas». Fue colocada en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Guadalajara para ser agilizado. La palabra descolapsar, en el mundo judicial, equivale a celebrar juicios exprés y, básicamente, condenar, que es lo que ocurre en ese juzgado.
De manera completamente ilegal se pretendía celebrar el juicio a puerta cerrada. Esto es relevante y grave, porque la norma es la audiencia pública —que es una garantía de las personas imputadas—; celebrarlo a puerta cerrada es una vulneración, admisible en casos muy excepcionales: terrorismo, salud pública, invasiones mutantes, etc.
Tras nuestras comunicaciones con Amnistía Internacional, que fue quien nos alertó de esto último, el grupo de encausadas tomó la decisión de no participar en un juicio donde la sentencia estuviera redactada de antemano.
Días antes del juicio, desde el Tribunal, se pusieron en contacto con nosotras, sugiriendo que «pactáramos» una condena con la Fiscalía. Según nuestro abogado, las palabras textuales de su interlocutora era que esto estaba tomando una dimensión «muy mediática» y que eso podría ser una solución (para el Tribunal, claro).
Nos hemos negado a admitir una cosa así. Mantenemos la actitud de rebeldía contra una representación sin garantías jurídicas y desobedeceremos el señalamiento de la fecha de juicio en tanto no se aseguren todas las garantías procesales. Además, se ha procedido a recusar a la jueza ante la evidencia de una posición abiertamente enfrentada a las activistas y acompañantes, tal y como demostró en la argumentación donde niega el recurso para celebrar una vista pública. En dicho escrito prejuzga y criminaliza no solo a las imputadas, también a las personas que pretenden acompañarlas en el juicio.
Los derechos fundamentales no se negocian. Si no se admite un juicio a puerta abierta, con toda la sociedad presente y testigo del mismo, nos tendrán que llevar detenidas y de manera forzosa, no por nuestra voluntad.
El Juzgado, hora mismo, se encuentra en un impasse ante esta situación porque este juicio «tan mediático» puede serlo más todavía. El trabajo del Grupo de Apoyo ha dado sus frutos —sin él nada de esto hubiera podido trabajarse— y ha bloqueado el plan inicial del Tribunal, que era aplicarnos una condena previsiblemente en los términos que pedía la Fiscalía (11 meses de prisión). En el Juzgado nadie se quiere ahora hacer cargo de este juicio, así que, salvo sorpresas, será aplazado sine die, lo que implica una nueva estrategia de lucha por nuestra parte.
En el año 2018, 22 activistas de la PAH de Guadalajara fueron igualmente imputados con acusaciones similares por ejercer la resistencia pasiva frente al desahucio de Safira, una joven con discapacidad que había ocupado una vivienda vacía en el barrio de los Escritores de la capital. El hecho fue de tanta gravedad que motivó una interpelación de Naciones Unidas al Gobierno español para que lo paralizara. En aquella ocasión, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Guadalajara acordó, en un contundente auto, archivar la denuncia presentada por la Policía Nacional argumentando que la resistencia pacífica de los manifestantes en modo alguno puede ser constitutiva de delitos como los que se imputan. En aquel momento, la resolución expresaba que «No constaron indicios de la alteración del orden público, delito al que hace referencia el artículo 557. No constan tampoco indicios de la comisión de actos de violencia ni sobre las personas, ni sobre las cosas. Tampoco de posibles amenazas con llevar a cabo los mismos. Se trata de un grupo de personas que intentaban acompañar y hacer sentir su parecer en relación a los procedimientos de desahucio y su desenlace de lanzamiento” y se procedió al archivo de las actuaciones.
El denominador común del caso de los #8deCaixabank con otros anteriores es que todos los casos afectan al ejercicio de derechos fundamentales amparados no solo constitucionalmente, sino también por tratados suscritos por España que el Estado vulnera una y otra vez. El caso de los #5delBuero, donde cinco profesores en defensa de la escuela pública llegaron a ser acusados de resistencia grave y atentado; o el caso de Diego, que fue absuelto de un delito de revelación de secretos por fotografiar a los agentes judiciales mientras ejecutaban el desahucio de una familia con un bebé (y cuya acusación la ejerció el mismo fiscal de los #8deCaixabank), son casos muy cercanos que revelan la necesidad de que la sociedad no mire de perfil a estos atropellos. La carestía de la vida, el incremento de la pobreza estructural y la pérdida de poder adquisitivo, la carencia de vivienda o los abusos solamente pueden ser enfrentados mediante una población vigilante que no permita que esto ocurra. Hoy, en Guadalajara, en el año 2023, 8 personas se enfrentan a penas de cárcel precisamente por eso.