Artículo de opinión de Rafael Cid
A menudo parece que en España existe Estado pero no Estado de Derecho. O sea, como en el franquismo. Y esa impresión viene provocada tanto por las acciones de la derecha como por las de la izquierda, siamesas cuando llegan al poder. Tanto monta monta tanto.
A menudo parece que en España existe Estado pero no Estado de Derecho. O sea, como en el franquismo. Y esa impresión viene provocada tanto por las acciones de la derecha como por las de la izquierda, siamesas cuando llegan al poder. Tanto monta monta tanto.
Los casos son recurrentes y se han agudizado con la situación de pandemia que permite al Ejecutivo tirar del estado de alarma y de decretos leyes para gobernar en la nueva normalidad. El ejemplo más evidente de esta tentación autocrática lo tenemos en la situación actual. Vivimos con derechos restringidos y libertades acotadas porque el régimen imperante es un estado de alarma que se extiende sin control hasta el 9 de mayo próximo. Y ello debido a que, forzados por la coyuntura de emergencia sanitaria, el Congresos concedió que se aprobara el estado de alarma durante un periodo de 6 meses sin necesidad de comparecencia ante la sede de la soberanía popular para dar explicaciones de la gestión de la crisis. Todo lo cual, para más inri, porque acojonados por la prevalencia del maldito bicho la mayor parte de la ciudadanía convive con una suerte de Síndrome de Estocolmo que asigna la condición de víctima y resignado en un mismo rol. Pero vayamos al tema.
Manifestaciones feministas del 8-M Madrid. Un abre y cierra la muralla tándem a merced del oportunismo político de las autoridades. Hace unos días el delegado del Gobierno, un tal Franco que ejerce al mismo tiempo y sin ningún pudor de secretario general del PSOE en esa comunidad, <<autorizó>> las convocatorias, con la sola condición de que el aforo de las concentraciones no superara las 500 personas. Pasemos por alto lo de <<autorizar>>, que como todo derecho fundamental es de libre ejercicio y no necesita permiso ni gaitas, solo la comunicación por parte de los convocantes. Pero donde dije digo digo Diego. Con la misma, y sin que exista ningún cambio en la legislación vigente que lo habilite, el susodicho Franco gira en redondo y decide ahora <<prohibir>> los actos programados para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en su circunscripción. Seguramente porque los sondeos diarios que hace Moncloa para tomar el pulso de la opinión pública han detectado una demanda social en contra por el riesgo de contagio que las mismas puedan representar. Y además por la incongruencia que suponía que el Gobierno de la nación predicara para que todas las comunidades declaran el confinamiento perimetral durante la Semana Santa y a la vez diera trigo animando el nuevo 8-M. Populismo y autocracia contra el Estado de Derecho. Porque ni el real decreto que declara el estado de alarma ni la ley orgánica que lo regula consignan prohibir la movilidad de las personas. Limitar, sí; anular, que es lo que acaba de hacerse en Madrid, rotundamente no. Lo que se ha perpetrado es en realidad un estado de excepción encubierto. Claro, que, quien manda manda. Porque como escribió el filonazi Carl Schmitt, soberano es el que decide en estado de excepción. Este banco de prueba ya tuvo un rodaje extravagante cuando en situaciones de pandemia peor que la actual se aplazaron las elecciones autonómicas en Galiza y Euskadi, y sin embargo luego se celebraron con idéntico escenario sanitario las de Catalunya el 14-F. Incluso en esta rancia Villa y Corte han tenido lugar recientemente manifestaciones de colectivos negacionistas y de grupos antisemitas para celebrar el aniversario de la División Azul, con el visto bueno del mismo y chanchullero delegado del Gobierno.
Entrevista a la fiscal general del Estado en OKdiario. Un escándalo mayúsculo que a pocos parece importar, desde el momento en que dos de los medios considerados más progresistas del magma informativo, El País y elDiario.es, han dado la callada por respuesta censurando (en un principio) toda noticia sobre el asunto. Que la señora Dolores Delgado, ex ministra de Justica en el gobierno del PSOE, colega del ex comisario Villarejo de toda la vida, y pareja del ex juez Baltasar Garzón, se vea en secreto con dos periodistas de ese digital, afectos de sospecha de colaboración estructural con el príncipe de las cloacas, solo puede suceder en un país que no se respeta así mismo. Eso pasó el mismo día en que el polémico policía salía de la cárcel porque se acercaba el tiempo máximo de encarcelamiento que permite la ley sin apertura de juicio, y dado que la misma fiscalía solo había solicitado medidas cautelares en uno de los 28 procedimientos que tiene abiertos. Y por si no bastara el encuentro tuvo lugar en un piso del antiguo magistrado de la Audiencia Nacional, expulsado de la carrera judicial por prevaricación, hoy abogado en ejercicio que lleva la defensa jurídica de Enrique García Castaño, alias El Gordo, el número 2 en el escalafón de compinches ilustres de Villarejo, y a la pareja de entrevistadores. No se trata solo de la inmunidad de la familia real, estamos ante un desborde de impunidades que hacen del Estado que en estos momentos cohabita con un gobierno de coalición de izquierdas, un aparato para ejercer el monopolio de la fuerza al servicio exclusivo de los titulares del poder. Conviene recordar la que se armó, y con toda razón, cuando hace un mes se supo que el consejero de Justicia de la presidenta Díaz Ayuso había hecho de intermediario entre emisarios de Bárcenas y personas cercanas a la cúpula del Partido Popular.
Allegados de la derecha o allegados de la izquierda, amiguetes todos, quien pierde es una democracia que lejos de ser plena cada vez es más plana.
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid
