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Mujeres Palestinas tras las Rejas de Israel

Desde el comienzo de la ocupación, más de 10.000 mujeres palestinas han sido arrestadas y detenidas por las fuerzas de ocupación israelíes (IOF).
En el último año, y al igual que en años anteriores, las mujeres y niñas palestinas son arrestadas rutinariamente en las calles, en los puestos de control militares israelíes y durante violentas redadas nocturnas en sus hogares.
37 mujeres palestinas siguen recluidas en prisiones y centros de detención israelíes, incluidas madres, heridas, enfermas y detenidas administrativas sin cargos ni juicio.
Las mujeres palestinas son sometidas a muchas formas de malos tratos físicos y psicológicos durante los procesos de arresto, detención, interrogatorio y encarcelamiento.
Israel, la potencia ocupante, continúa deportando sistemática e ilegalmente a los y las prisioneras palestinas fuera de los Territorios Palestinos Ocupados. Estos traslados, ilícitos según el DIH, se utilizan como herramienta para controlar a los/as presas y sus familias, creando «barreras importantes para sus familias», según la ONU.

Las mujeres palestinas en las cárceles israelíes representan todas las facetas de la sociedad. En las cárceles de la potencia ocupante hay mujeres parlamentarias, profesoras, estudiantes, activistas, líderes sociales y políticas, feministas, periodistas, madres e hijas, simplemente por ejercer sus derechos civiles y políticos fundamentales y manifestar su oposición al régimen de colonización y apartheid de Israel, encarnado en una miríada de políticas y medidas injustas contra los palestinos.

Ningún palestino o palestina está exento de la política israelí de arresto y detención arbitrarios, intimidación, castigo, amenazas e incluso tortura y malos tratos mientras se encuentra bajo custodia, independientemente de su sexo o edad. Israel ha empleado durante mucho tiempo diferentes tácticas para aplastar todas las formas de resistencia noviolenta palestina y de reivindicación hacia el respeto y ejercicio de sus derechos humanos básicos, incluso mediante arrestos arbitrarios y detenciones administrativas.

La mayoría de los y las palestinas enjuiciados, se enfrentan a un juicio en tribunales militares israelíes, donde la tasa de condenas es de hasta el 99% de los/as acusadas y donde la mayoría de las formas de expresión política y protesta de la sociedad civil palestina son criminalizadas y procesadas bajo la Orden Militar 101 (emitida por el comandante militar israelí dos meses después de la ocupación, en agosto de 1967). Actividades como organizar y participar en protestas, asambleas, procesiones o vigilias, ondear banderas y otros símbolos políticos, imprimir y distribuir material político y cualquier acto para influir en la opinión pública se consideran “incitación política”. Todas las formas de organización política, incluidos los partidos políticos y los movimientos estudiantiles, también son criminalizadas y perseguidas por Israel.

La ocupación israelí utiliza la detención administrativa (AD, por sus siglas en inglés) como otra política para aumentar su control sobre los y las palestinas y mantener la ocupación ilegal y el régimen de apartheid. La detención administrativa es la detención de una persona sin cargos, en base a información secreta y por tiempo indefinido, imposibilitando un juicio justo y con garantías procesales según los estándares internacionales, ya que ni los/as detenidos/as ni sus abogados/as tienen conocimiento de los cargos, impidiendo la capacidad de los y las palestinas para defenderse.

440 prisioneros y prisioneras palestinas se encuentran actualmente en detención administrativa. El uso arbitrario de la AD es una violación grave del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, en particular los artículos 66, 72 y 78 del Cuarto Convenio de Ginebra, que otorgan a las personas protegidas el derecho a un juicio justo a menos que existan “razones imperiosas de seguridad”. Reconociendo su «uso promiscuo» por parte de las autoridades israelíes, el relator especial de la ONU, Michael Lynk, emitió recientemente una declaración en la que instaba a Israel a «abolir su práctica de detención administrativa, liberar a los detenidos que actualmente tiene y seguir estrictamente el derecho internacional en la aplicación de sus operaciones de seguridad».

Las mujeres prisioneras palestinas recluidas arbitrariamente en cárceles israelíes y condenadas injustamente por los tribunales militares israelíes están sujetas a duras condiciones de vida, aislamiento, negligencia médica y violaciones continuas de sus derechos humanos en contra del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos.

4 casos de mujeres palestinas tras las rejas de Israel

#KhalidaJarrar
Criminalización del activismo político en Israel: el caso de Khalida Jarrar

#KhitamAlSaafin
Persecución a feministas y Defensoras DDHH: el caso de Khitam Al-Saafin

#IsraaJaabees
Negar a las presas palestinas el derecho a la atención médica: el caso de Israa Ja’abees

#ElyaaAbuHijleh
Criminalizando las estudiantes universitarias palestinas: el caso de Elyaa Abu Hijleh

Llamamiento a la Acción

Instamos a la comunidad internacional a denunciar la situación de los prisioneros palestinos, concretamente de las mujeres palestinas recluidas arbitrariamente y sujetas a la política ilegal de detención administrativa. Israel debe poner fin a su práctica sistémica de detención arbitraria y persecución de mujeres palestinas; madres, líderes, activistas políticas, feministas, estudiantes.

Denunciamos las violaciones sistemáticas y en curso del derecho internacional cometidas en las cárceles israelíes contra los y las presas políticas palestinas, y hacemos un llamamiento a la comunidad internacional, específicamente a la Unión Europea y sus Estados Miembros, a:

Instar a Israel a liberar a todos los prisioneros políticos palestinos, incluidas las mujeres prisioneras y detenidas palestinas, y poner fin a la persecución de mujeres líderes políticas, activistas de movimientos feministas y estudiantiles y defensoras de los derechos humanos, incluyendo la liberación de todas las personas bajo detención administrativa, detenidas indefinidamente sin cargos ni juicio, en contra del Derecho Internacional.
Instar a Israel a garantizar la protección de todas las personas prisioneras y detenidas palestinas bajo su custodia y salvaguardar sus derechos a la salud, la vida y el bienestar, garantizados por las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, especialmente durante una situación de emergencia sanitaria y pandemia.
Condenar en una declaración pública la práctica israelí de detención administrativa contra activistas y defensoras de los derechos humanos palestinas, como Khitam Al-Saafin.
Tomar medidas concretas, incluida la ruptura con cualquier acuerdo de asociación con el estado de Israel, hasta que este cumpla con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional hacia la población palestina protegida.
Dar apoyo a las iniciativas que promuevan la participación activa y efectiva de las mujeres palestinas para contrarrestar y poner fin a la ocupación prolongada de Israel y en el proceso de consolidación de la paz, según dicta la Resolución 1325 de la ONU.

Además, pedimos a la sociedad civil de toda Europa:

Instar a sus representantes políticos a nivel nacional y local a reforzar los llamamientos a la acción enumerados anteriormente, exigiendo la liberación y protección de las personas prisioneras palestinas, incluidas las mujeres prisioneras y las que se encuentran en detención administrativa.
Escribir una carta al Alto Representante / Vicepresidente Josep Borrell y a la Representante Especial de la UE para el MEPP (Proceso de Paz en Oriente Medio), Susanna Terstal, instándolos a tomar medidas frente a la difícil situación de las personas prisioneras palestinas y contra la práctica sistémica de la detención administrativa contra los palestinos, incluidas las mujeres palestinas y las defensoras de los derechos humanos; y pidiendo la liberación de todas las detenidas administrativamente, sin juicio ni cargos.