Artículo de opinión de Rafael Cid
“Nuestra herencia no está precedida de ningún testamento”
(René Chair)
“Nuestra herencia no está precedida de ningún testamento”
(René Chair)
Hace ahora 90 años, casi a la vez que en una playa valenciana se organizaba la Federación Anarquista Ibérica (FAI), un grito solidario recorría el mundo del trabajo: ¡Libertad para Sacco y Vanzetti! Los dos inmigrantes italianos acusados sin pruebas indubitadas de un doble asesinato en lo que a todas luces parecía una represalia contra el activismo libertario entonces influyente en el joven movimiento obrero norteamericano. Pero la protesta internacional no impidió que en agosto de 1927 fueran ejecutados tras un juicio trufado de irregularidades. Y no fue hasta medio siglo después cuando el gobernador de Massachsetts, Michael Dukakis, enmendó la deuda contraída con aquel doble asesinato legal al hablar públicamente sobre la falta de garantías del proceso que llevó a Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti al cadalso. A su manera, ese reconocimiento de un destacado dirigente político quebraba la omertá orquestada sobre el polémico caso. La lección parecía evidente. Por mucho tiempo que pase, una sociedad democrática no puede sobrevivir amparando la mentira oficial que en un momento determinado se asumió por “razón de Estado”. Porque, para progresar civilizadamente, las nuevas generaciones necesitan labrarse un futuro autónomo, sin estar condicionadas por la herencia de quienes les precedieron.
Casos como el de Sacco y Vanzetti ha habido muchos en la historia reciente. Y han servido para movilizar conciencias que estaban entumecidas por la hegemonía de los relatos sufragados por los múltiples púlpitos desde donde el poder se manifiesta. Un antecedente se había vivido en Francia a comienzos del siglo XX con el affaire Dreyfus, otro episodio de ensañamiento judicial padecido por un capitán de infantería judío al que se tachaba de espía alemán. Sin embargo, aquí la suerte del encausado fue distinta gracias a la conmoción pública despertada a su favor por el artículo publicado por Emilio Zola, su universalmente famoso Yo acuso. Algo que en el asunto Sacco y Vanzetti quedó en suspenso, a pesar de los esfuerzos realizados por el escritor Upton Sinclair y otros intelectuales para remover el fatal veredicto.
Nada parecido al supremacismo del destino manifiesto yanqui ni al antisemitismo de las autoridades galas tuvo que ver con la campaña de olvido tejida alrededor de la muerte por garrote vil de los jóvenes antifascistas Francisco Granado y Joaquín Delgado, víctimas inocentes de la dictadura franquista (causa 1.118/63). En esta ocasión, sin embargo, la amenaza pende de la aplicación de una norma legal que se presuponía de reparación completa, pero que dejaba al arbitrio de sus intérpretes puede significar una suerte de ley de punto final que entierre sin verdad aquel “terrorismo de Estado” que durante décadas sembró de cárceles, muertes e infortunio el mapa de España. Cuando se cumplen diez años de la aprobación de la alicorta Ley de Memoria Histórica (LMH), poco se ha hecho en profundidad para revertir los efectos de la criminalidad sistémica de aquel régimen actuando sobre sus causas y complicidades. Casi todas las medidas adoptadas para su cumplimentación y desarrollo son elusivas e incluso omitivas. Han ido a remolque de la presión social.
Con ello, poco a poco y ante la desidia de los diferentes gobiernos garantes de una transición sin ruptura, se ha ido imponiendo una interpretación conservadora de la LMH gracias a unos operadores jurídicos comprometidos con la recepción de la jurisprudencia de la dictadura en la de la democracia, a pesar de que ese corpus legal quedó expresamente anulado por la Disposición Derogatoria de la C.E. de 1978 (como indica que la revisión de la causa Granado y Delgado siga siendo competencia de la Sala V de lo Militar del tribunal Supremo). A mayores, la prueba de esta deriva está en el reiterado rechazo de cuantas resoluciones de organismos internacionales cuestionan la persistencia de ese ilegítimo entramado continuista. Lo hizo el Consejo de Europa por unanimidad en 2006, pidiendo al entonces gobierno de Rodríguez Zapatero que aprobara fórmulas para zanjar el atropello legal (https://elpais.com/diario/2006/03/18/espana/1142636420_850215.html), y lo acaba de remachar el Grupo para los Derechos Humanos de la ONU al solicitar al ejecutivo del Partido Popular que deje sin efecto la ley de amnistía con que se coronó el proceso de impunidad para los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura (http://www.publico.es/politica/onu-saca-colores-espana-urgente-plan-busqueda-personas-desaparecidas.html). Ya se sabe que quien hace la ley hace la trampa. Y las leyes como las constituciones, tienen una cara A y una cara B, y también se pueden gestionar como camisa de fuerza en vez de como ampliación y extensión de derechos y libertades.
Afortunadamente, otras fuerzas políticas ajenas al bipartidismo que se ha repartido el poder del Estado en estos últimos cuarenta años han sabido mantener viva la exigencia de una rehabilitación concluyente. Lo hizo en primer lugar el Parlament de Catalunya el 3 de marzo pasado, al aprobar a propuesta de la CUP una moción instando al Fiscal a investigar «los delitos de lesa humanidad y otros relacionados con la represión, violencia o la persecución ejercida contra la disidencia política y social durante la Guerra Civil y la dictadora”. Esta proposición de la Cámara catalana se formalizó en paralelo a que los ayuntamientos democráticos surgidos de las elecciones del 2015 constituyeran una Red de Ciudades por la Justicia y la Memoria con objeto de impulsar querellas contra los crímenes del franquismo, coordinadora a la que están adheridos en la actualidad siete municipios (Pamplona, Barcelona, Zaragoza, Vitoria, A Coruña, Cádiz y Rivas). Y a mediados del mes noviembre, por iniciativa del PDeCAT, el testigo lo ha recogido el Congreso de los Diputados al tomar en consideración la reforma del artículo 3º de la Ley de Memoria Histórica para anular los juicios del franquismo.
Una de las ideas que anima estas medidas es denunciar el obstinado negacionismo de las autoridades españolas que ha obligado a muchas víctimas del franquismo a acudir a los tribunales argentinos para poder cursar sus peticiones amparándose en el principio de justicia universal para delitos de lesa humanidad. Obstrucción deliberada y flagrante que contrasta con la pronta solución dada a otros conflictos políticos de calado. Así, los miembros de la Unión Militar Democrática (UMD) detenidos en 1975 fueron completamente rehabilitados en 1986, reconociéndoles grado, sueldo y posibilidad de reintegrarse al ejército, reparando la flagrante discriminación cometida al excluirles de los beneficios de las leyes de amnistía de 10/1976 y 46/1977.
De ahí que, aprovechando los intentos de poner en marcha una Segunda Transición (se habla de “modernizar” la Constitución), parezca llegado el momento de cegar ese agujero negro contra la democracia en el que se abismaron los adalides de aquella inmodélica transacción. En concreto abordar: la radical anulación de los juicios de la dictadura; el esclarecimiento del escándalo de los bebés robados; una depuración de responsabilidades que termine con la impunidad de los torturadores; acabar con la exaltación simbólica del franquismo en el callejero y el tejido urbano; la exhumación de los restos de la víctimas por los poderes públicos; y poner fin al infame escalafón que fijó la LMH al computar las indemnizaciones discriminando a los ejecutados según lo hubieran sido antes o después de 1968 . A los primeros, precisamente los caídos en los años de plomo de la dictadura, caso de Granado y Delgado, se les adjudica 9.616 euros, mientras los posteriores a esa fecha, incomprensiblemente, reciben una compensación económica de 135.000 euros. Catorce veces más por rebasar el meridiano del sesentayocho (Artículos 7 y 10 de la LMH 56/2007 de 26 de diciembre).
Revertir tanta ignominia no será fácil. Nunca lo fue. Sobre todo si se deja esa tarea al albur de los partidos que sellaron el atado y bien atado que informó la Ley de Memoria Histórica sin rendición de cuentas. Solo la anulación de los juicios de la dictadura puede suponer un terremoto para el sistema. No conviene olvidar que, aunque tarde, el reconocimiento de su ilegalidad conllevaría también la condena moral, política y jurídica de todo el aparato encargado de su aplicación penal, y que algunos de sus referentes aún viven creando escuela (Ver “Jueces y franquismo”, Francisco J. Bastida. Editorial Ariel, 1986). Biografías recalcitrantes que pululan en los sitios más insospechados. Desde un Carlos Jiménez Villarejo, fiscal del régimen desde el año 1962 (un año antes de la sentencia contra Granado y Delgado), en la actualidad en las listas del PSC cara al 21-D, después de pasar por el PSUC, PSOE y Podemos, hasta el titular del Juzgado número 2 del siniestro Tribunal de Orden Público (TOP), Diego Córdoba, reciclado a jefe del gabinete jurídico del diario El País desde su fundación hasta su reciente fallecimiento.
Pero para que resplandezca la justicia y la verdad sobre esa etapa de oscuridad tiene que existir un influyente y vigoroso movimiento de abajo arriba que lo exija sin componendas ni miramientos. Si no, nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto.
(Nota. Este artículo se ha publicado en el número de Diciembre de Rojo y Negro)
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid
