Después de casi cuatro años con una ley contra la violencia hacia las mujeres pocas cosas han cambiado, aunque bien es verdad que las denuncias han aumentado también es, que el número de muertas no desciende. Teniendo, como tenemos una ley que intenta atajar uno de los principales problemas de la sociedad actual que es verdad que ha hecho visible que la violencia hacia la mujer salga a flote debemos preguntarnos si los medios y recursos que plantea esta ley son los adecuados para terminar con esta lacra.
En uno de los artículos de la ley se dice : “Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de estos servicios por parte de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional.
La atención multidisciplinar implicará especialmente :
a) Información a las víctimas.
b) Atención psicológica.
c) Apoyo social.
d) Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer.
e) Apoyo educativo a la unidad familiar.
f) Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos.
g) Apoyo a la formación e inserción laboral.”
Desde la experiencia vivida en Granada con las trabajadoras de las casas de acogida para mujeres maltratadas, donde después de más de seis meses de huelga reivindicando unas condiciones laborales dignas y poniendo en cuestión no solo el funcionamiento de la empresa que tiene la concesión de las casas de acogida de Andalucía sino también al instituto Andaluz de la Mujer. Un organismo que se supone debe estar para velar por los derechos de las mujeres y que concretamente en este caso, no solo no intervino sino que se quedo al margen, con el consiguiente deterioro de la imagen de las casas de acogida y de las trabajadoras de éstas.
Por parte de las mujeres alojadas en las casas de acogida, comenzaron a interponer denuncias por las condiciones en que se encontraban, comenzando aquí un nuevo calvario y otra forma de maltrato ejercido sobre ellas.
El Grupo De Mujeres Libres de C.G.T. de Granada se ha puesto en contacto con muchas de las mujeres que denunciaron a la dirección de las casas de acogida. Por la experiencia que ellas nos han relatado hemos podido comprobar como desde la institución que debía garantizarles una seguridad, un apoyo, una atención, una formación…, en definitiva todos los principios citados en el artículo anterior, son vulnerados, pisoteados y se las trata como a delincuentes, no como a personas en una situación límite. Según nos narraron, coincidiendo todas, su paso por los centros es una vivencia negativa, sintiéndose tan vulnerables y víctimas como lo habían sido con sus maltratadores.
Algunos de los rasgos más significativos que nos contaban era que se sentían engañadas y solas sin saber ni tener donde acudir. La mayoría de ellas con hijos/as pequeños/as que les impedían poder tomar decisiones sin que estos sufrieran las consecuencias.
Como conclusión podemos decir “que no les aconsejarían a ninguna mujer pasar por el centro de acogida de Granada”.
Nos han facilitado documentación suficiente y algunas de las denuncias puestas a este centro, sin que hasta ahora haya salido ninguna resolución. No entendemos cómo es posible que con tanto testimonio, que coinciden básicamente en la poca profesionalidad y abandono del centro hacia las mujeres la institución que “supuestamente” debe velar por este servicio no haya tomado cartas en el asunto, dejando el problema en manos de lo que digan los juzgados.
Partiendo de la realidad de trabajadoras abandonas a su suerte y mujeres maltratadas con denuncias muy fuertes contra los gestores de las casas de acogida, nos preguntamos como el Instituto de la Mujer de Andalucía no se ha planteado gestionar directamente estos servicios y quitar la concesión a una empresa que claramente no esta por la recuperación integral de las mujeres, nos preguntamos si es que el Instituto de la Mujer es sordo y ciego, puede ser eso o que por intereses ocultos les beneficie mantener esta situación
No se puede permitir que se den conflictos de este calibre, no se puede consentir que las mujeres que tienen que refugiarse en estas casas salgan de las mismas interponiendo denuncias contra la empresa concesionaria ; los poderes públicos deben hacerse cargo directamente de la gestión y funcionamiento de los distintos recursos, con su propio personal y formación continua de éste, ya que hay que ser escrupulosos al máximo por la importancia de lo que tenemos entre manos. Para ser serios y consecuentes con la ley contra la violencia, estas situaciones deben de erradicarse definitivamente de nuestra sociedad, sino ¿qué sentido tiene estar pregonando una serie de medidas que en muchos casos no se está en condiciones de cumplir por falta de presupuestos y personal, y que en ocasiones no es el adecuado para desempeñar este tipo de trabajo ?
A veces nos da la sensación de que este colectivo de mujeres es un bocado muy apetitoso para los políticos y políticas de turno que lo manejan como marionetas colocándolo donde más les interesa dependiendo del momento. Si la ley ya la tenemos y estamos de acuerdo en que era necesaria, no podemos quedarnos con el texto sino que hay que llenarlo de contenido, y sobre todo hay que crear las infraestructuras y recursos que son necesarios para poderla llevar a cabo.
Como testimonio de las situaciones desgarradoras que han vivido estas mujeres y que no deberían repetirse pasamos a transcribir una de las experiencias vividas por una mujer del centro de acogida de Granada. Por respeto hacía ella omitiremos su identidad (refiriéndonos a ella como Ana).
Ana ha estado residiendo en la casa de acogida de Granada durante 7 meses junto con su hija de 11 años de edad, después pasó a un piso tutelado gestionado por la misma empresa, en el piso vive sola con su hija. Antes de entrar en el piso tutelado, Ana firmó un reglamento interno y le explicaron las normas que rigen estos pisos, donde existe una supervisión de las condiciones de los mismos durante su estancia. No paga alquiler del piso, pero sí el agua, la luz y la manutención de su hija y de ella.
Por medio de una conversación telefónica con la trabajadora social de la casa de acogida le indica los días que podía estar en el piso para que ésta hiciese su “visita de seguimiento”, en razón de las horas de trabajo como limpiadora que tenía comprometidas Ana.
Un miércoles sobre las 11,45 h. Cuando Ana estaba trabajando y su hija se encontraba en el piso tutelado bajo supervisión de una vecina, se presenta la trabajadora social intentando entrar en el piso con una llave propia, no pudiendo acceder al mismo ya que la hija de Ana tenía las llaves puestas por dentro y esto le impedía abrir la puerta. Ante la imposibilidad de acceder a la vivienda (sin la autorización de Ana y sin su consentimiento), llamó a la vecina, haciéndose pasar por una amiga que le traía unas cartas, preguntándole si sabía donde estaba Ana y su hija, y si es que habían cambiado la cerradura. La vecina creyó que realmente era una amiga de Ana, porque nunca se identificó como la trabajadora social de la casa de acogida, le contestó que la niña estaba dentro, llamó a la puerta haciendo que la hija de Ana abriera y en ese momento la trabajadora social entró, apartando a la niña de un empujón y poniéndose a registrar todo el piso, armarios, cajones….
La niña ante esta situación se quedó muy asustada, y ahora tiene miedo de que entre alguien a su casa mientras su madre está ausente. Ana tiene miedo ya que la directora de la casa de acogida la ha amenazado varias veces y quiere que se vaya del piso. Teme que sea una estrategia para echarla y además considera que nadie, sin su presencia puede entrar en su casa, registrarlo todo, e intimidar y asustar a su hija.
Ana se siente fiscalizada y controlada por la directora de la casa de acogida, la que en una ocasión y en presencia de su hija le ha comentado “que no venía de trabajar, sino de estar con hombres” y en otro momento, que “venía de juerga”. La directora presiona a Ana para que deje el piso de tutela, intentado coaccionarla para que firme documentos en los que se autoinculpa de incumplir las normas de la casa de acogida, buscando pretextos para que se vaya. Ante esta situación Ana se siente insegura e incluso teme que ante estas circunstancias puedan depositar sus pertenencias en la calle, tal como ha amenazado la directora en hacer, si no abandona el piso.
Esto es solamente una de las situaciones vividas por una de las mujeres del centro de acogida de Granada, donde claramente hay amenazas, coacciones, calumnias, inviolabilidad del domicilio, tipificados en los artículos 169 y ss, 205 y ss del Código Pénal.
Creemos que este relato es suficientemente esclarecedor para poder hacernos una idea del calvario que padecen las mujeres del centro de acogida de Granada.
Y nos preguntamos si no sería más lógico, qué en lugar de salir ellas de sus domicilios, fueran los maltratadores a los que se les internara en casas de acogida.
Llama nuestra atención que las mujeres entrevistadas nos preguntaron que para qué iba a servir esto, pues están cansadas de dar su testimonio sin que sirva para cambiar su situación ni la de otras muchas mujeres. Desde aquí queremos hacerles un pequeño homenaje, esperando que no esté muy lejano el día en que estas situaciones acaben de una vez por todas.
Fuente: Mujeres Libres C.G.T. - Granada
