Después de leer más de 10 veces el texto, lo tengo claro. No nos gusta NADA.
El día 27 de Julio pasado recibíamos (al igual que otros muchos colectivos por toda España) una carta de la Vicepresidenta del Gobierno notificándome que al día siguiente el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de Ley sobre la Memoria Histórica (su título es más abstracto) y ya está. Yo buscaba dicho anteproyecto, pero no había nada más, y todo ello a cambio de los libros, documentos, CDs, etc. (ahí tiene la primera aportación -social- el archivo del que se habla para Salamanca) que dejamos en la comparecencia ante la Comisión Interministerial el 03.12.2004, y todo ello con un año de atraso, y varios más “sacándoles las castañas del fuego” a las Administraciones ante los ciudadanos en este asunto. Mal comenzaba.
Después de leer más de 10 veces el texto, lo tengo claro. No nos gusta NADA.


El día 27 de Julio pasado recibíamos (al igual que otros muchos colectivos por toda España) una carta de la Vicepresidenta del Gobierno notificándome que al día siguiente el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de Ley sobre la Memoria Histórica (su título es más abstracto) y ya está. Yo buscaba dicho anteproyecto, pero no había nada más, y todo ello a cambio de los libros, documentos, CDs, etc. (ahí tiene la primera aportación -social- el archivo del que se habla para Salamanca) que dejamos en la comparecencia ante la Comisión Interministerial el 03.12.2004, y todo ello con un año de atraso, y varios más “sacándoles las castañas del fuego” a las Administraciones ante los ciudadanos en este asunto. Mal comenzaba.

Afortunadamente, aunque no fue fácil, 48 horas más tarde tenía dicho anteproyecto y rápidamente era colocado en la “red” para mejor conocimiento de aquellos que venimos trabajando y evitar seguir haciendo cábalas en función del comunicado expuesto en la Web de La Moncloa.

Después de leer más de 10 veces el texto, lo tengo claro. No nos gusta NADA. Pero solo me centraré, como botón de muestra, en el Artº 19 (alias “el breve”) “Edificaciones y obras públicas realizadas mediante trabajos forzosos”, que dice : Conforme a su normativa reguladora, las Administraciones públicas podrán prever subvenciones para la confección de censos de edificaciones y obras públicas realizadas por miembros de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, así como por prisioneros en campos de concentración, Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas. Y punto.

Qué forma de “liquidar” un tema que afectó a más de 200.000 españoles y españolas que entre 1937 y 1962 reconstruyeron -lo que ellos destruyeron, según decían los vencedores- y construyendo de nueva planta ; aeropuertos, pantanos, canales de riego, vías férreas y carreteras. Trabajaron en la minería, tejieron en talleres carcelarios, agricultura, construyendo viviendas, cuarteles, iglesias y monasterios, repoblaciones forestales, y no solo en España, sino también en Marruecos (el Presidente Chaves a pisado hace unos días esa carretera que va desde Larache a Tanger, concretamente Asilag).

Ese cerca del 10% de la población activa de la época, aún hoy no ha sido reconocida “jurídicamente”, solo aquellos encuadrados en los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, y después de una sentencia del Tribunal Constitucional (180/2005, de 4 de julio de 2005) interpuesta por Hilario Aracama Zabaleta (Asociación Memoriaren Bideak) contra el decreto del Gobierno Vasco. Quedan aquellos que estaban en otros grupos, tales como BDST (Penados), Batallones de Trabajadores, Talleres Penitenciarios, Granjas Agrícolas, CPM, etc. y todo ello a pesar de la amplia información remitida -por este grupo de trabajo- en su día a la totalidad de las Instituciones del Estado, entre ellos a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados el año 2002 y más concretamente -y personalmente- al Sr. Madrazo ante testigos de total garantía. Esta contradicción política -una más- alcanza su cenit cuando se toma el Acuerdo (creo) por unanimidad en el Congreso de los Diputados, apoyando a Aznar para que exigiera al Gobierno Alemán que reconociera e indemnizara a los 300 españoles presos de los nazis que aún quedaban con vida. Representantes del Gobierno alemán aún hoy no acaban de creérselo, como nos decía recientemente un corresponsal de la Cadena Arte, al igual que ocurrió en su día con el Financial Times.

Llama la atención, además, que ese artículo especifique “obras públicas”. ¿Significa eso que el “alquiler” de los presos, a empresas privadas, para su utilización en otras obras no interesa relacionarlas ?. Las lista es larga y la mayoría están, perfectamente, identificadas.

Seis años de investigación (parcialmente subvencionada), pero sobre todo de divulgación y homenaje social, no ha sido suficiente para que se enteren, no ya el gobierno de España, sino la mayoría de la clase política, de la existencia de esta especialísima y rentable represión política del franquismo, que siguen negándose a rotular como “Canal de los Presos”, el canal del bajo Guadalquivir, ni siquiera aquellos Ayuntamientos -de todos los colores- que en un principio apoyaron (en Acuerdos de Pleno) la investigación y el homenaje pero que a la hora de la verdad no saben/no contestan. Algo similar ocurre con la cesión de los terrenos (públicos) para la construcción del Memorial Merinales -último campo de concentración/CPM cerrada en este país (1962)- o apoyar económicamente seguir las investigaciones para realizar ese mapa (de Andalucía) del que habla el Anteproyecto. Aún así el trabajo comenzó en Diciembre con el apoyo de Unicaja y Caja Granada así como autofinanciándonos. De esta investigación se han obtenido ya unos buenos resultados y aún lo serán mejores, si los archivos (y el coste de las copias) nos lo permiten.


Fuente: Cecilio Gordillo - CGT Andalucia (www.kaosenlared.net)