El Pleno del Consejo Escolar del Estado decidió hoy plantear a la Administración la derogación de los acuerdos firmados entre el Gobierno y la Santa Sede por considerarlos «contrarios a los derechos de los ciudadanos contemplados en la Constitución». Así se acordó con la aprobación de una enmienda de STEs al informe que este órgano enviará al Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) sobre la reforma educativa.
«También cabe señalar, en relación al acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979, que en la actualidad ha dejado de cumplirse por ser contrario a los derechos de los ciudadanos contemplados en la Constitución», afirma la propuesta del sindicato, que contó con 13 votos a favor y otros tantos en contra, pero que finalmente vio la luz por el apoyo de la presidenta del Consejo, Marta Mata, —cuyo cargo es designado por el Consejo de Ministros— que deshizo el empate.
La enmienda argumenta que el artículo primero del pacto con el Vaticano al señalar que «en todo caso, la Educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana», exige «plantear al Gobierno la derogación de este acuerdo». Esta idea se añadió al texto elaborado en la Comisión Permanente, que ya apostaba por situar la enseñanza de la Religión «fuera del currículo escolar».
En este sentido, también salió adelante la idea de CIGA de eliminar del informe un párrafo que abría la posibilidad de que las enseñanzas de confesiones pudieran ser impartidas en el recinto escolar, con un horario que facilitase la posibilidad de que el alumnado que optase por no recibir enseñanzas de Religión no se viera obligado a asistir a actividades alternativas.
Según el Consejo Escolar del Estado, la enseñanza confesional no debe de ser evaluable a efectos académicos, «por formar parte de las convicciones personales y privadas de las personas y no ser del acervo común propio de la institución escolar». En esta línea, rechaza también el establecimiento de una alternativa para aquellos alumnos que no deseen cursar la materia religiosa.
Estas modificaciones del dictamen provocaron las protestas del ala conservadora del Consejo Escolar, que incluso llegó a plantearse abandonar el Pleno. Así, una de las personalidades de reconocido prestigio que integran este órgano educativo desde hace 18 años, Rosa de la Cierva, se mostró «absolutamente escandalizada» porque «todos los votos» se realicen en contra de la clase de Religión y se diga que son por consenso cuando de los 80 consejeros sólo 24 estuvieron presentes en la votación de estas enmiendas.
Asimismo, denunció la «suma gravedad» de que la presidenta del Consejo Escolar apoyara dos votaciones empatadas contra esta materia, así como que el respaldo de los representantes del MEC. «En mis 18 años como miembro del Consejo, con 10 años de gobierno socialista, nunca había visto esto», dijo a la prensa, tras anunciar que elevará su queja a la ministra de Educación, María Jesús San Segundo.
A ello, el presidente de la Confederación Nacional Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (CONCAPA), Luis Carbonel, agregó su «repulsa más enérgica» contra la actitud de Marta Mata al decidir con su voto «cuestiones trascendentales». «Es como para que se la destituya ahora mismo», manifestó.
NO A LA ’EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA’
Entre otras cuestiones, cabe destacar que el Pleno del Consejo Escolar, a través de una enmienda de CCOO, se manifestó contrario a la existencia de un área específica de ’Educación para la Ciudadanía’, como proponía el documento gubernamental ’Una Calidad de Educación para todos y entre todos’ para reformar la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). A su juicio, se deben impartir valores a los estudiantes «de forma transversal en todos los niveles y etapas».
Sobre la atención a la diversidad, demanda un plan de atención que elabore cada escuela con recursos humanos y materiales y destaca que la incorporación de los inmigrantes al sistema educativo debe realizarse en ambas redes (pública y concertada), «respetando la normativa correspondiente sobre admisión de alumnos», puesto que los estudiantes extranjeros han de gozar de «los mismos derechos y obligaciones que el resto».
Así, el Consejo Escolar del Estado estima que el programa experimental que se pondrá en marcha en breve a propuesta del Gobierno conviene limitarse a zonas de actuación preferente y no centrarse en escuelas individualmente para «evitar el peligro de aumentar la condición marginal de algunos centros».
El dictamen que este órgano consultivo entregará la próxima semana al Ministerio se decanta también por eliminar la Prueba General de Bachillerato (PGB) que proponía la LOCE y establecer una única prueba de acceso a la Universidad, posterior a la finalización del Bachillerato y que respete la especificidad curricular de las diferentes administraciones educativas. Sus características tendrán que incorporarse en una norma de aplicación en todo el Estado, «previamente dictaminada por el Consejo Escolar del Estado».
Además, es partidario de que la elección del director recaiga de nuevo sobre el consejo escolar de la escuela, como proponían los estudiantes de CANAE en una enmienda y de la regulación «con carácter básico» de un Estatuto del Estudiante, con sus derechos y deberes. El objetivo es fomentar la participación «real» e institucionalizar «canales efectivos» de comunicación con los profesores, para lo que reclama potenciar la cultura participativa de los jóvenes y la dotación de recursos a las asociaciones estudiantiles.
Par : EP