Las víctimas de malos tratos verán ampliadas desde el viernes 28 de enero, las prestaciones sociales y económicas a las que tienen derecho gracias a la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, publicada hace un mes en el BOE. La nueva legislación, primera de carácter integral en toda la UE, recibió el refrendo definitivo del Parlamento el pasado 22 de diciembre y, además, fue aprobada por unanimidad en las tres ocasiones en que se sometió a debate en el Congreso y el Senado (dos en la Cámara Baja y una en la Cámara Alta).
Las víctimas de malos tratos verán ampliadas desde el viernes 28 de enero, las prestaciones sociales y económicas a las que tienen derecho gracias a la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, publicada hace un mes en el BOE.
La nueva legislación, primera de carácter integral en toda la UE, recibió el refrendo definitivo del Parlamento el pasado 22 de diciembre y, además, fue aprobada por unanimidad en las tres ocasiones en que se sometió a debate en el Congreso y el Senado (dos en la Cámara Baja y una en la Cámara Alta).
Ve la luz, por tanto, el primer proyecto de Ley remitido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al Congreso el pasado 25 de junio. No obstante, algunos de los aspectos más polémicos de la Ley, la tutela penal y procesal, tienen una ’vacatio legis’ de seis meses, por lo que el agravamiento de penas a hombres que maltraten a sus parejas o ex parejas y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer no verán la luz hasta finales de julio.
SEIS VÍCTIMAS MORTALES EN 2005
En lo que va de año seis mujeres ya han perdido la vida a manos de sus parejas o ex parejas. La secretaria general de Políticas de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Soledad Murillo, alertó de que la aplicación de la norma debe ir acompañada de «un decidido compromiso por parte de las mujeres de salvar su vida».
En este sentido, insistió en que junto a la Ley el Ejecutivo ha puesto en marcha, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y Cruz Roja Española, un dispositivo de teleasistencia al que pueden acceder todas las víctimas con orden de protección y que les dota de un móvil que se conecta directamente con un centro de atención y asesoramiento.
Además, Murillo señaló, en declaraciones a Europa Press, que el Ministerio ha mantenido diversas reuniones, tanto internas como interministeriales, para preparar la entrada en vigor de la Ley y decidir qué medidas necesitan reglamentación y cuáles son de aplicación directa. «La mayoría de las medidas de carácter social, económico y de protección son de aplicación directa, mientras que la Delegación Especial del Gobierno y el Observatorio requieren desarrollo reglamentario», recalcó.
El Gobierno, según comentó, también tiene previsto elaborar un folleto explicativo, más comprensible que el texto de la Ley para su difusión entre los centros de servicios sociales para que las víctimas conozcan sus derechos. «Con esta Ley va a haber un aumento del número de denuncias y eso es bueno para la credibilidad de la norma», subrayó.
ENTRE 50 Y 80 MILLONES ANUALES
La Ley abarca aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales, sanitarios y penales y ha implicado a siete ministerios (Educación, Justicia, Interior, Trabajo y Asuntos Sociales, Sanidad, Administraciones Públicas y Economía). El Gobierno calcula un coste anual de entre 50 y 80 millones de euros hasta la implantación definitiva de todas las medidas previstas en la Ley.
Para un efectivo reconocimiento del derecho a una asistencia social integral de las víctimas, se prevé la dotación de un fondo financiero durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley al que podrán acceder las comunidades autónomas (competentes en materia de servicios sociales). La secretaria general de Igualdad señaló que en breve se celebrará una reunión con los responsables autonómicos para decidir el reparto de este fondo, que en su primer año está dotado con 10 millones de euros.
Igualmente, la futura Ley recoge toda una serie de derechos sociales y laborales, como la prioridad en la adjudicación de viviendas, la reducción del tiempo de trabajo, la movilidad geográfica, la suspensión de relación laboral con reserva del puesto de trabajo y la extinción del contrato. En estos dos últimos casos con derecho a la protección por desempleo.
Al mismo tiempo, contempla un programa de inserción laboral para víctimas, con cobro de renta activa. Para quienes no puedan seguir el programa, se establece una ayuda económica. El texto también incluye actuaciones de detección precoz en materia sanitaria y programas de sensibilización y formación de personal sanitario.
PROTOCOLOS SANITARIOS
Así, recoge el establecimiento de protocolos sanitarios de actuación para la prevención, la detección precoz y la intervención continuada. En los protocolos se establecerá expresamente la colaboración con la Administración de Justicia.
En materia policial, establece la creación o refuerzo de unidades especializadas en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil y se abre el cauce para la cooperación de las policías locales. También se prevén los cursos de formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad módulos de igualdad y no discriminación.
Por otro lado, se facilitará a los condenados por actos de violencia contra la mujer el acceso a programas específicos de rehabilitación, y las juntas de tratamiento valorarán estos cursos a la hora de otorgar beneficios penitenciarios a los condenados por violencia de género. Finalmente, la norma contempla campañas informativas de prevención y sensibilización y convierte en ilícita la publicidad sexista.
Par : EP
