La patronal de las grandes eléctricas, Unesa, ve "contraproducente" obligar a las comercializadoras de electricidad a disponer de un servicio telefónico gratuito de atención a los consumidores para quejas, reclamaciones e incidencias del servicio.
Según las alegaciones presentadas por Unesa al anteproyecto de ley del sector eléctrico, la patronal también se muestra contraria a la obligación de restablecer el servicio a los clientes morosos en un plazo máximo de veinticuatro horas después de abonar la deuda.
Según las alegaciones presentadas por Unesa al anteproyecto de ley del sector eléctrico, la patronal también se muestra contraria a la obligación de restablecer el servicio a los clientes morosos en un plazo máximo de veinticuatro horas después de abonar la deuda.
Con respecto al teléfono gratuito de atención al cliente, Unesa cree que supondría «crear un coste para las empresas comercializadoras» que, además, «con toda probabilidad» daría lugar a «un uso abusivo» por parte de los clientes «con el consiguiente deterioro en la atención» a los consumidores.
La patronal alega que esta obligación no está recogida en la directiva europea sobre derechos de los consumidores, como tampoco figura la imposición fijada por el Gobierno de establecer una vía de resolución alternativa de litigios en materia de consumo.
En referencia a la restitución del servicio en casos de impago, la patronal cree que «no parece razonable incluir a nivel de ley el plazo de veinticuatro horas» para restablecerlo tras el abono de la deuda, «siendo más razonable dejarlo para el desarrollo reglamentario» ya que este irá «adaptándose al desarrollo del mercado y de los equipos de medida».
Además de esto, Unesa expone en sus alegaciones una serie de críticas y propuestas de mejora para el anteproyecto de ley, en línea con las ideas manifestadas desde su presentación por parte del Gobierno el pasado 12 de julio.
Acabar con el déficit de tarifa
Así, la patronal advierte de que, pese a los esfuerzos del Ministerio de Industria para acabar con el déficit de tarifa -el desfase entre los ingresos y gastos del sistema eléctrico- y los límites establecidos, «el procedimiento propuesto puede dar lugar a que en determinadas circunstancias el déficit a financiar se incremente indefinidamente».
Recuerda que Industria ha fijado un umbral de desfase del 2,5 % de los ingresos estimados, lo que supone entre 360 y 400 millones de euros anuales, que entran dentro del límite legal de déficit y que tendrían que ser financiado por las empresas eléctricas.
En generación, Unesa «considera imprescindible la eliminación de las barreras administrativas» al cierre de centrales, «sobre todo si se obliga a mantener abiertas o disponibles instalaciones en pérdidas», una vía que da un paso más respecto a la propuesta del Gobierno, que implica por «hibernar» -apagar, pero sin desmantelar- durante un año algunos grupos de ciclo combinado, que actualmente funcionan al 10 % de su capacidad.
La patronal también critica que «la reforma deja pasar una oportunidad única para eliminar una tarifa que está actuando como freno a la liberalización del sector y distorsionando la competencia» y aboga por la desaparición de la tarifa regulada.
Además, considera que el hecho de que las eléctricas financien el bono social va en contra de la doctrina del Tribunal Supremo y pide que se establezca una partida fija por cliente para pagar los costes regulados que no son transporte y distribución, es decir, renovables, ayudas al carbón e interrumpibilidad, entre otras.
Entre otras cuestiones, Unesa critica los posibles incentivos económicos al autoconsumo, pide que los Presupuestos Generales del Estado asuman la totalidad del sobrecoste extrapeninsular y considera «absolutamente insuficiente» la retribución establecida para la distribución.
Fuente: publico.es
