La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) auguró hoy «una cascada de autoinculpaciones» abortistas en juzgados de toda España, protagonizada por mujeres, sanitarios, sindicatos y partidos políticos «que apoyan los derechos de las mujeres».
Así lo manifestó a los medios de comunicación Marisa Castro, de la Clínica Isadora de Madrid y vocal de ACAI, a la salida de una entrevista mantenida con el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, para trasladarle la situación de desprotección en la que, según las clínicas, viven tanto las mujeres que quieren abortar, como los sanitarios que les ayudan a hacerlo.
En protesta por esa situación de acoso e inseguridad jurídica de la que vienen hablando en las últimas semanas, los centros abortistas de ACAI confían en que las autoinculpaciones protagonizadas por mujeres en Vigo se extiendan a toda España.
«Ya han empezado en Vigo y tenemos la esperanza, a juzgar por las miles de llamadas, correos electrónicos y SMS recibidos, de que haya una gran cascada de autoinculpaciones que atasque los juzgados españoles», que tendrán que estudiar «si nos meten a todos en la cárcel o no», declaró Castro delante del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Y es que, aseguró, «nos vamos a autoinculpar masivamente, no sólo el movimiento feminista, autor de esta iniciativa, sino también los sanitarios, los movimientos sindicales, sociales, partidos políticos que apoyan los derechos de las mujeres», etc.
Esta vocal de ACAI recordó que ya en 1986, cuando el aborto se había despenalizado en tres supuestos, varias personas se autoinculparon, en protesta por «la gran redada» que procesó a mujeres y sanitarios pertenecientes a clínicas acusadas de practicar interrupciones de embarazos sin estar acreditadas para ello.
En 1986, explicó Castro, «más de 500 mujeres desfilaron por el juzgado 14 de Plaza de Castilla de Madrid» y fueron «tratadas como delincuentes». Dos días después de ese «escarnio», añadió, el Gobierno aprobó el decreto que acredita a las clínicas para practicar abortos en los supuestos despenalizados en 1985.
Desde entonces hasta hoy, aseguró esta representante de ACAI, «no ha cambiado nada», pues «estamos viviendo una situación cuasiidéntica» a la de 1986.
Además de promover la iniciativa de las autoinculpaciones, el movimiento feminista ha convocado una manifestación en Madrid para el próximo miércoles, 23 de febrero, en defensa del derecho al aborto y de los sanitarios que lo practican legítimamente.
Preguntada por la posibilidad de denunciar al juez que ordenó las detenciones de varias mujeres la semana pasada en Madrid por presuntos abortos ilegales, la representante de la Clínica Isadora respondió que sus servicios jurídicos están estudiando «detenidamente todo lo que está ocurriendo y que en su momento presentarán «querellas contra todas las personas que resulten responsables» de acciones que sus servicios jurídicos entiendan «que son ilícitas».
LA REUNIÓN CON SORIA Tanto Castro, como la presidenta de ACAI, Eva Rodríguez, indicaron a los medios de comunicación que Soria se ha comprometido a tratar con las comunidades autónomas el problema de la equidad de la prestación del aborto, ya que, según explicaron estas representantes de las clínicas, no se hace de forma igualitaria en toda España.
«Nos ha manifestado una gran sensibilidad con el tema y se ha comprometido a trabajar en sus competencias», es decir, en promover la equidad, cohesión y calidad de la prestación del aborto en todas las comunidades y a «salvaguardar la confidencialidad de los expedientes clínicos».
«Éste es el único compromiso» hecho por el ministro, y «no es poco», aseguró Castro, pues significa «que el Gobierno gobierne» en un «periodo excepcional, de campaña electoral».
Aunque el aspecto de la reforma de la legislación del aborto para llegar a una ley de plazos lo abordaron también con Soria, se lo expondrán con más detalle esta tarde al titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
En opinión de las clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo es necesario «que el aborto salga del Código Penal y se admita como un derecho democrático de las mujeres», para que el único aborto que continúe penalizado sea el practicado «contra la voluntad de las mujeres», finalizó Castro.
Fuente: SERVIMEDIA
