La Xunta de Galicia repartió discrecionalmente 14,08 millones de euros en 2004 entre medios de comunicación, según el informe del Consello de Contas enviado al Parlamento autónomo el pasado viernes. Esta suma, distribuida durante el mandato del PP, recoge sólo los convenios suscritos por las consejerías y no incluye las ayudas concedidas por empresas y organismos públicos, ni la publicidad institucional, ni los contratos suscritos por diversos medios con la televisión gallega TVG. El órgano fiscalizador revela numerosas irregularidades, la falta de concurrencia y la ausencia de criterios objetivos de selección para justificar las transferencias. Según fuentes del Consello, estas ayudas por vía de convenios o de contratos continúan, probablemente a igual ritmo que bajo la presidencia del PP, con el actual Gobierno de coalición PSdeG-BNG.
El primer informe que el Consello de Contas ha realizado sobre los convenios que la Xunta suscribe con medios de comunicación ha servido para poner al descubierto que sólo a través de las consejerías (sin contar entes ni empresas públicas), el Gobierno de Manuel Fraga (PP) se gastó en 2004 un total de 14.081.070 euros en convenios con las empresas del sector.
El grupo de La Voz de Galicia y Radio Voz, con 1.865.420 euros, y la editora de El Correo Gallego, con 1.708.980 euros, fueron las empresas privadas más beneficiadas por la Xunta, aunque fue la CRTVG, de la que dependen la radio y la televisión autonómicas, la que se llevó la suma más elevada (4.058.260 euros).
En la lista de empresas, que incluye revistas, emisoras de radio, portales de Internet y agencias de prensa, destacan también Faro de Vigo (921.650 euros), La Región (621.900 euros), El Ideal Gallego (648.960 euros) y El Progreso (887.080 euros). Entre los beneficiarios de estos convenios figura también Radio Galicia (propiedad del Grupo PRISA, editora de EL PAÍS) y las emisoras asociadas de la SER en A Coruña y Vigo, que en total recibieron 149.250 euros (ver cuadro).
Defectos e irregularidades
Después de examinar los distintos convenios, el Consello de Contas ha concluido la existencia en la mayoría de los casos de defectos e irregularidades de distinta naturaleza. Algunos carecen de memoria, otros incumplen la obligación legal de acreditar estar al corriente en las obligaciones tributarias y no tener deudas con la Administración o no fueron siquiera comunicados al registro de convenios de la dirección general de Relacións Institucionais. El caso más grave afecta a un convenio suscrito por Cultura con la editora de El Ideal Gallego para crear un museo, hasta el punto de que Contas recomienda solicitar el reintegro del dinero al no haberse justificado «de forma suficiente la realización de la actividad».
El Consello llama la atención a la Xunta sobre la necesidad de «prestar atención al cumplimiento de todos los requisitos exigidos, especialmente en lo que se refiere a los criterios de selección», toda vez que, «en general», no quedan «suficientemente expresados». El órgano fiscalizador critica especialmente la generalización injustificada de «las características únicas» de cada medio de comunicación para explicar la no concurrencia y recuerda a la Xunta que no puede contabilizar los gastos derivados de estos convenios con cargo al capítulo de «inversiones reales», como estaba haciendo en la mayoría de los casos en el año objeto de investigación.
Una parte de los convenios suscritos por las diferentes consejerías con medios de comunicación en 2004 tiene por objeto «contribuir al desarrollo, mejora y difusión de la lengua gallega». Los demás persiguen fines tan diversos como promover «la presencia de Galicia en el ámbito internacional», «contribuir a un mejor conocimiento de la vida económica gallega con especial atención a las actuaciones» de la Xunta, «resaltar acciones que beneficien al país en urbanismo y ordenación del territorio», difundir «información sobre carreteras», «mejorar el nivel de salud de la población» o «preservar los recursos del mar».
La utilización de los convenios para justificar la entrega de dinero a los medios de comunicación, especialmente en el sector privado, ha sido una práctica habitual durante los 16 años de Gobiernos del PP, pero ésta es la primera vez que un órgano de fiscalización independiente, como es el Consello de Contas, certifica su existencia.
Control de los medios
Desde la oposición, socialistas y nacionalistas siempre consideraron esta práctica como un mecanismo de control de los medios, sobre todo de la información difundida por los periódicos y las emisoras de radio, hasta el punto de que en las elecciones de 2005 incorporaron a sus respectivos programas propuestas destinadas a ponerles fin. Las iniciativas pactadas por PSdeG y BNG cuando firmaron el pacto de Gobierno incluían la puesta en marcha de las leyes de Transparencia, Subvenciones y Publicidad Institucional, de las que las dos primeras ya están en vigor. Con ellas, socialistas y nacionalistas se proponían impedir el reparto discrecional de fondos y objetivizar la distribución de publicidad para que la Xunta no pudiese influir sobre la información de los medios. No obstante, según fuentes del Consello, «el respaldo documental posterior a 2004, aún muy incompleto, confirma que estas ayudas por vía de convenios o de contratos continúan, probablemente a igual ritmo que bajo la presidencia de Manuel Fraga».
Las empresas del sector se benefician no sólo de los convenios que negocian y suscriben con las diferentes consejerías y los entes, organismos y empresas públicas que dependen de la Xunta, sino que utilizan otros mecanismos como las ayudas directas, las subvenciones, la publicidad institucional (que en muchos casos distribuyen directamente colaboradores de los consejeros) y hasta los contratos de prestación de servicios y venta de productos con TVG.
Los convenios de 2004 revelan las obligaciones que contraían los medios a cambio del dinero de la Xunta. Van desde la emisión diaria de «microespacios» sobre infraestructuras, en el caso de las emisoras de radio, a la realización y publicación de reportajes y suplementos sobre temas tan diversos como el urbanismo o el Plan Galicia cuando se trata de diarios impresos. Algunos se comprometían a publicar informaciones y reportajes sobre temas como la sanidad y el empleo. Los convenios también financiaron «ciclos de conferencias» y «encuestas y análisis sobre el grado de satisfacción de los gallegos».
Fuente: FERNANDO VARELA (El País)
