Artículo publicado en Rojo y Negro nº 396, enero 2025
La casa es esencial para garantizar la continuidad de la vida y constituye un elemento clave en las trayectorias vitales de las personas. Por tanto, cuando se dificulta o precariza el acceso a la vivienda, entendiéndolo no solo como un techo y cuatro paredes, sino como un lugar donde sentirse realmente en casa, se pone en riesgo la capacidad de tener control sobre la propia vida y proyectarse hacia el futuro.
(Irene Sabaté, antropóloga)
La vivienda o mejor la ausencia de vivienda, es un síntoma de “cáncer social” que puede terminar en metástasis o cuanto menos, conducir a las sociedades desarrolladas y ricas, a mayor desestructuración social, ahondar en la desconexión de generaciones enteras en la “participación de la vida pública” e incrementar la aceptación del odio, el racismo, la miserabilidad política, como la “solución a un estado de decepción y malestar”.
Desde que se constituye la cultura de la propiedad de la vivienda, como elemento meritocrático de acceso a la “riqueza” o al menos sentirse “clase media propietaria”, se fulmina el valor de uso de esta y se constituye como una mercancía de mercado capitalista, donde el valor que importa es el valor de cambio, y que puede servir para “intercambiar” constantemente a mayores precios, obteniendo “rentas necesarias” ante la contención salarial, cuando no el decrecimiento de las rentas salariales1.
El ciclo es perverso, con consecuencias dramáticas para millones de personas: desahucios por impagos, bien de compra, bien de alquileres; incremento de la brecha de riqueza entre generaciones diferentes2 (se tiene o no propiedad de vivienda), a la vez que una creciente brecha entre las mismas generaciones; gentrificación de barrios, ciudades enteras, zonas geográficas, al primar el “valor de cambio de las viviendas”; alquileres turísticos, precios especulativos en compra y alquiler, que les hace imposible vivir a las personas trabajadoras, tanto en sus barrios, como en el acceso a esas zonas por razones de trabajo.
La imposición (y asunción por la mayoría de la población) de la vivienda como un “valor de cambio”, genera unas políticas públicas de vivienda3, de construir “vivienda” y las infraestructuras y medios necesarios alrededor de ellas (servicios sanitarios, de educación, movilidad, transporte, etc.), al margen de las necesidades habitacionales y de trabajo de la población y centrándose las mismas en la “pura y dura lógica de la especulación urbanística”, retorciendo, cuando no saltándose a la torera los límites ambientales y físicos (energía, recursos, etc.)4.
El problema de la vivienda, al convertirse la misma en una mera mercancía y desaparecer como un derecho5, deja de ser una “cuestión pública” y se convierte exclusivamente en un problema de mercado, en el cual los agentes privados tratan de obtener las mayores rentabilidades, al margen de las necesidades de la ciudadanía.
Según el Banco de España, se calcula que hacen falta 600.000 viviendas para equilibrar el mercado; equilibrio absolutamente imposible, pues si se construyen al año 90.000, pero a la vez anualmente se crean 275.000 hogares y la demanda de no residentes asciende a 60.000, el mercado no entra en equilibrio, sino que es pasto de la especulación y el estractivismo de rentas a espuertas, incrementándose de manera exponencial las dificultades para acceder a la vivienda6.
La consigna de “casas sin gente, gente sin casas”, no deja de ser la mejor crítica a esta ausencia de políticas públicas de vivienda, las cuales apoyan, fomentan y ayudan al negocio de mercado, pues según el último censo existe la friolera de 3,8 millones de casas vacías, de las cuales cerca de 400.000 se encuentran situadas en zonas tensionadas7.
Agregar fuerzas, constituir transversalidades en la defensa de los Derechos Públicos esenciales: pensiones, educación, sanidad, cuidados y vivienda, se convierte en una tarea radical en la cual tenemos que apostar todos nuestros esfuerzos, pues no deja de ser una pelea por la Vida.
NOTAS
1 Unos datos significativos y muy preocupantes, lo encontramos en el periodo que transcurre desde el 2013 (recuperación de la economía después de la “gran recesión”) y 2024: el precio de los alquileres creció en el 82% y el de la compra (propiedad de la vivienda) en el 72%, mientras que las rentas salariales (salarios), solamente lo hicieron en el 23%.
2 Las personas mayores de 65 años acumulan ahora un 42% de la riqueza neta total de los hogares, mientras que las personas menores de 45 años solamente acumulan el 13% y además, existe una concentración de la riqueza cada vez mayor, en el 10% de los hogares más ricos.
3 Las cuales fueron responsables de asumir todo el ciclo especulativo y de robo de la crisis financiera del 2008, en el Estado español, centrado esencialmente en el ladrillo, con implicaciones de todas las Administraciones Públicas, especialmente el régimen local (ayuntamientos), que especulaba con el suelo, planes de urbanización y las Cajas de Ahorro.
4 La destrucción causada por la DANA de Valencia y otros territorios es una consecuencia de estas políticas de mercado, que volverán a suceder más temprano que tarde, pues no existe ninguna política pública al margen del mercado capitalista.
5 El artículo 47 de la Constitución Española declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.
6 Paradójicamente la compraventa de viviendas no ha dejado de crecer en los últimos cuatro últimos meses de 2024, a mayores ritmos que en el 2007, encadenando 211 meses consecutivos al alza; ahora bien, el comprador típico es una persona de 40 años y alto poder adquisitivo, si hablamos de personas y, por otro lado, los fondos de inversión que siguen obteniendo rentabilidades de dos dígitos en este mercado.
7 Zonas tensionadas, nuevo término acuñado por el legislativo en sus últimas leyes de vivienda, donde el equilibrio de mercado (oferta-demanda) no existe y el “valor de cambio”, tanto en compraventa como en alquiler, convierte la accesibilidad a la vivienda en algo imposible o a riesgo de entrar en la categoría de pobres, pues más del 70% de sus rentas salariales se tienen que dedicar a gastos de vivienda. En Madrid, los jóvenes madrileños hasta los 29 años dedican más del 100% de su salario al alquiler de una vivienda.
Desiderio Martín Corral
Gabinete de Estudios Confederal de la CGT
Fuente: Rojo y Negro
