Uno de los factores que definen con más exactitud las miserias de la llamada “transición democrática española”, y su resultado, fue el trato que recibieron los militares de la Unión Militar Democrática. La UMD fue una organización de militares antifranquistas, clandestina e incipiente, cuyos miembros principales fueron detenidos a mediados de 1975, juzgados y condenados por el régimen.
El pacto político que aseguró la perpetuación antidemocrática de la monarquía y la continuidad del franquismo -transformado levemente en el sistema político y no transformado en el aparato militar-, impuso la exclusión de la amnistía de aquellos militares expulsados de las Fuerzas Armadas. Treinta años después, el gobierno pretende que su reconocimiento público vaya precedido de una evaluación parlamentaria que determinará, para cada uno de ellos, si es pertinente la “recuperación de la dignidad”. Nos lo cuenta, Fernando Reinlein, uno de ellos. INSURGENTE (A.M.).-
En 1976, es decir, hace treinta años, once jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas fueron juzgados y condenados. Nueve de ellos fueron expulsados de los ejércitos. Se habían adscrito y fundado una organización clandestina, la Unión Militar Democrática (UMD), para, desde las filas castrenses, apoyar la transición pacífica a la democracia y evitar una nueva confrontación civil.
Contaron entonces, antes, durante y después del Consejo de Guerra, con el apoyo de todas las fuerzas democráticas y con un amplio respaldo popular, con gran repercusión en la prensa internacional. Pero fueron juzgados sin garantías, conculcando el propio código militar de la época. Ni siquiera se les permitió elegir defensores civiles. Un año después del Consejo de Guerra, casi dos de la muerte de Franco, la Ley de Amnistía aprobada por las primeras Cortes, llegó para todos, excepto para los militares demócratas por presión directa del generalato y la transigencia, tal vez entonces comprensible, de los grupos parlamentarios. De todos.
En 1987 -once años después del juicio- se amplió, a iniciativa del PSOE, la Ley de amnistía para los militares, sin derechos de atrasos económicos, como sí se había hecho con los funcionarios civiles sancionados por Franco y sin garantía de destino, como quedó probado. Se les obligó a pasar a la Reserva Transitoria por esa Ley pacata y en cierta medida miserable.
En abril de 2002, y ya eran veintiséis años más tarde, Carlos San Juan, diputado socialista y antiguo miembro de la UMD, amigo intimo de Julio Busquets, que fuera diputado y uno de los fundadores de la UMD, presentó, con el respaldo de todos los grupos, una proposición no de Ley de lo más templada en la que se reconocía la labor de la UMD en la llegada de la libertad. La mayoría absoluta del PP rechazó la proposición.
En junio de ese mismo año, Manuel Jiménez de Parga, presidente del Tribunal Constitucional y tercera autoridad del Estado, manifestó a la Prensa : “La Democracia en España tiene una deuda con la UMD”. Al llegar los socialistas al poder, Rafael Estrella, diputado por Granada, retomó la iniciativa de Carlos San Juan en el Congreso, y redactó una nueva proposición no de Ley en la que se reconoce y agradece la actuación de los hombres de la UMD.
Pero Estrella tuvo que consultar con su ministro, José Bono, quien aseguró a quien esto escribe, en público en los pasillos de la Comisión de Defensa y ante testigos de tanta importancia como el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, entre otros : “La proposición esta en mi mesa y ya he dicho que sí”. Pero más tarde pidió a Estrella que esperase a la Ley de Memoria Histórica que se preparaba – en la que poco encaje tiene la iniciativa parlamentaria – y frenó el proceso. Después, José Antonio Alonso, nombrado ministro de Defensa, también dijo que el Parlamento esperase. No es cosa de comisión de arbitraje, como es lógico, y así ha quedado todo hasta el momento.
Y ahora, con el proyecto de Ley de la Memoria Histórica, presentado con otro nombre por el Gobierno para no molestar no se sabe bien a quien, parece que pretenden juzgarnos de nuevo y encima a petición de parte. Pero no se trata de revisar nada, sino de colocar en el BOE los nombres de quienes lo pidan y se hagan acreedores de ello según el criterio de “cinco notables”, y tras esos nombres la afirmación de que que tienen derecho a un “reconocimiento moral”. ¿Pero es que se creen los redactores del proyecto que la moral “ es un árbol que da moras” y que alguien dispone de un ejemplar para repartirla ?
Hay que agradecer la intención al Gobierno, por meterse en este peligroso charco de la Ley de la Memoria Histórica. Este país la necesita a mi juicio para restañar heridas que no para abrirlas como pretende decir el PP. Son muchos los que podrán saber de sus seres queridos y podrán reivindicar su memoria o enterrar en paz sus huesos, entre otras cosas. Pero con la misma contundencia hay que señalar que el Gobierno también ha actuado con las miras muy cortas y pensando en el termino medio que, a veces, no esconde la virtud, sino la mediocridad. Como en este caso, en el que en algunos aspectos, además de mediocre, se presenta cobarde e indigno para muchos.
Porque resulta que a algunos pretenden juzgarnos de nuevo, como ya he dicho. Cinco sabios elegidos por el Parlamento van a decidir, sobre nuestra moral. Me viene a le memoria un miembro del Gobierno quien, al anunciar el inicio de la elaboración del proyecto, dijo que se trataba de “restituir la dignidad perdida a las víctimas”. ¿Pero quien se creen que son para restituir dignidades ? ¿No trata, más bien, de reconocer la dignidad mantenida a muy alto precio ?. La moral y la dignidad de la gente está muy por encima de esta especie de tómbola que han montado los redactores del proyecto de Ley. Tal vez eso lo entienda el Parlamento en el debate que se avecina.
Dicho lo anterior, resulta que soy uno de los posibles afectados por mi pertenencia a la Unión Militar Democrática (UMD). Junto con mis compañeros fui encarcelado, juzgado, condenado y expulsado del ejército sin las más mínimas garantías que la propia Justicia Militar de entonces exigía. Pero, además, un centenar largo de militares, además de “los nueve” fue perseguido también con contundencia, pero de forma más sutil. Por ejemplo con destinos forzosos lejos de las familias, arrestos menores que acumulados suponían seis meses de arresto – llegar tarde al cuartel- y, por supuesto, cambios en las calificaciones para el ascenso y denegación de cursos. Cientos de carreras fueron truncadas por la falta increíble tratar de de ayudar a traer la libertad a España desde el sitio más difícil : las Fuerzas Armadas.
Hubo quien, como en el caso del capitán de la Guardia Civil, Luis Alonso Vallés, único miembro de la UMD de ese Cuerpo, que se vio obligado a pedir el pase a la situación de supernumerario y luego a retirado sin ningún derecho, ante el continuo acoso al que se veía sometido por jefes y compañeros. Llegó a estar en prisión por enfrentarse al teniente coronel Antonio Tejero, cabecilla del 23 F y, aún en situación de supernumerario, le quisieron prohibir que trabajara por exigencias de la peculiar interpretación del reglamento que se le aplicaba.
Cuando se anunció la Ley de La Memoria Histórica, los nueve expulsados o sus herederos señalaron a la Comisión Interministerial constituida “ad hoc”, la discriminación sufrida en las diversas aplicaciones de amnistía por los militares en todos aspectos y también en el los atrasos económicos. Pero, aunque hay que señalarlo, no es este el aspecto fundamental de la cuestión.
Porque, ante esa comisión también presentó documentación la Asociación Foro Milicia y Democracia (FMD) en representación de aquel centenar largo de militares que fueron represa liados de la manera señalada, tan sutil como contundente. Y tampoco se ha hecho eco de ello nadie. Y aquí si que hay que decir. Nada pido para mi, nada incluso para mis compañeros procesados y expulsados, pero para la memoria de este centenar largo de militares -muchos ya fallecidos en el olvido – que se jugaron la carrera en la UMD- y otros que lo hicieron al margen de esta organización – , no hay que pedir, hay que exigir al Gobierno iniciativas para el reconocimiento y el agradecimiento por su lucha, sus riesgos y sus sacrificios. De este apoyo no pueden zafarse aquellos, muy pocos, que lograron alcanzar las altas cotas de mando en el Ejército, aún habiendo pertenecido a la UMD, porque nunca se supo que lo fueron y la organización guardo silencio para que, al menos algunos de sus hombres pudiesen, en el futuro, influir en el buen gobierno de nuestras Fuerzas Armadas. Como así ha sido.
O por lo menos se les debe demandar que no se opongan a otras iniciativas. Porque así se ha hecho en los últimos meses por los dos ministros de Defensa socialistas. Parece que todavía no se dan las condiciones objetivas, según algunos diputados. Hay que agradecer a algunos diputados socialistas su interés en este reconocimiento que, si viene del Parlamento, satisfará mucho más, por lo que obviamente supone, que por la coyuntura política y los intereses de un determinado partido.
Y esto no tiene nada que ver con la Ley de Memoria Histórica o como quiera llamarla ahora el Gobierno. Nada que ver. Se trata, repito, de reconocer la labor, no de nueve u once oficiales condenados, sino la de más de un centenar de jefes, oficiales y suboficiales perseguidos y represa liados por ser de la UMD y otros que también lo fueron aunque no pertenecieran de hecho a la organización.
Es un momento en el que, sino se aprovecha, los responsables pueden pasar a la historia, pequeña pero tozuda, con los estigmas de la cobardía y la indignidad.
* Fernando Reinlein es teniente coronel en la reserva y periodista. Fue expulsado del ejército por pertenecer a la UMD.
http://www.argenpress.info/nota.asp ?num=034368
Par : cgg
Fuente: cgg
